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Escocia no puede legalmente convocar un nuevo referéndum sobre su independencia del Reino Unido sin el acuerdo del poder central en Londres, dictó el Tribunal Supremo británico, complicando los planes del Ejecutivo autónomo de la nacionalista Nicola Sturgeon.
La facultad de organizar una consulta de este tipo está “reservada” al Parlamento del Reino Unido y, por lo tanto, “el Parlamento escocés no tiene la capacidad de legislar sobre un referéndum de independencia”, afirmó el presidente de la más alta jurisdicción del país, Robert Reed, al leer una sentencia alcanzada por unanimidad en solo seis semanas.
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La primera ministra se declaró inmediatamente “decepcionada” por una decisión que, en su opinión, “no hace la ley, solo la interpreta”. “Una ley que no permite a Escocia elegir su propio futuro sin el consentimiento de Westminster pone de manifiesto que cualquier noción de que el Reino Unido es una asociación voluntaria es un mito y refuerza la necesidad” de un referéndum de autodeterminación, tuiteó.
2/ Scottish democracy will not be denied.
— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) November 23, 2022
Today’s ruling blocks one route to Scotland’s voice being heard on independence - but in a democracy our voice cannot and will not be silenced.
I'll make a full statement later this morning - tune in around 11.30am
El Partido Nacional Escocés (SNP), liderado por Sturgeon, que gobierna esta nación británica de 5,5 millones de habitantes, situada en el norte del Reino Unido, quiere organizar una votación consultiva con la pregunta “¿Debe Escocia ser un país independiente?”. Incluso, ya fijó la fecha para ello: el 19 de octubre del 2023. Sin embargo, asegura desear “un referéndum legal”, para evitar un conflicto como el vivido en España en el 2017, debido a la consulta realizada en Cataluña, pese a la prohibición de la justicia española.
El Ejecutivo central de Londres se niega rotundamente, argumentando que Escocia ya organizó un referéndum de autodeterminación en el 2014, por lo que el SNP buscaba cubrirse con un marco legal propio, aprobado a tal efecto por la cámara regional escocesa. Y, anticipándose a una ardua batalla legal, la lord advocate, Dorothy Bain, representante jurídica del Ejecutivo escocés, pidió hace seis semanas al Tribunal Supremo que se pronunciase sobre la legalidad de este proyecto.
Volver a la Unión Europea, el anhelo de los escoceses que apoyan la separación del Reino Unido
En el referéndum del 2014, organizado con el acuerdo del gobierno conservador británico de David Cameron, el 55 % de los escoceses votó a favor de permanecer en el Reino Unido. El principal argumento contra la secesión fue que esta dejaría a Escocia fuera de la Unión Europea. Sin embargo, paradójicamente, dos años más tarde, el referéndum sobre el Brexit (contra el que votó el 62 % de escoceses) acabó sacando a la región del bloque, precisamente por haber permanecido en el Reino Unido.
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Sturgeon y su partido argumentan que esto cambió completamente la situación y consideran que disponen de un “mandato indiscutible” para organizar otra consulta, gracias a su mayoría en el parlamento regional, la primera de la historia de diputados proindependentistas.
El SNP ganó las legislativas del 2021 con la promesa de celebrar una nueva consulta legal, una vez superada la pandemia del Covid-19. Los sondeos muestran a los escoceses casi divididos por igual a favor y en contra de separarse del Reino Unido, principalmente con el anhelo de volver a entrar en la Unión Europea.
El “derecho de autodeterminación es un derecho fundamental e inalienable”, defendió en octubre el gobierno escocés, escudándose en una legislación internacional que, según el Tribunal Supremo británico, no se aplica a este caso.
Por su parte, los abogados del Ejecutivo británico argumentaron ante los jueces, como ya ocurrió en España con el proyecto independentista catalán, que Escocia no puede actuar unilateralmente en un asunto que le concierne a todo el país, y el Supremo les dio la razón.
Aunque los nacionalistas escoceses prometían organizar una votación puramente consultiva, Londres se encontraría bajo una gran presión para autorizar la independencia si esta se impusiera por considerable mayoría. El SNP ya había anunciado que si la justicia no les daba la razón, planeaba convertir las próximas legislativas, previstas en 2024 o 2025, en un plebiscito de facto, haciendo campaña sobre esa única cuestión.
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