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Mano tendida a los sindicatos y mano dura con la oposición de izquierda, a la que acusa de azuzar la violencia callejera, es la postura del presidente francés, Emmanuel Macron, frente a la crisis política en vísperas de la décima jornada de manifestaciones y de huelgas contra su reforma de las pensiones.
El jefe de Estado reunió este lunes en el Elíseo a sus tropas, a quienes animó a negociar con los sindicatos en busca de una salida a la ecuación en la que está enquistado el país, la de tratar de acabar con las protestas sin retirar su discutida reforma.
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Los líderes sindicales no parecen por ahora dispuestos a reducir la presión, en vista de la buena acogida que están teniendo sus concentraciones, que igualan en movilización a las más numerosas registradas en este país.
El pasado jueves, en la primera jornada de protesta tras la adopción del texto sin voto parlamentario, sacaron a la calle a 3,5 millones de personas, según sus cuentas, algo más de un millón, según las del Ejecutivo, en ambos casos al nivel del récord que se había conseguido el pasado 7 de marzo.
La de mañana será una buena oportunidad para demostrar que esa movilización sigue intacta y que, a la espera de que la reforma de las pensiones sea refrendada por el Consejo Constitucional, no quieren dar tregua al presidente.
Por ahora en los transportes, uno de los mejores termómetros para medir la incidencia de la huelga, el seguimiento parece menos importante que el martes pasado, aunque el tráfico de ferroviario estará muy perturbado y los aeropuertos de Orly, Marsella, Toulouse y Burdeos verán despegar un 20 % menos de aviones.
Pero en paralelo a las huelgas y manifestaciones, que Macron considera legítimas, el país está pendiente de la violencia que ha comenzado a instalarse en las mismas, que han servido de material de ataque cruzado entre el Gobierno y la oposición.
“DESLEGITIMAR EL ORDEN”
El presidente colocó en el punto de mira a la izquierdista La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, a quien acusó de estar tejiendo “un proyecto político que trata de deslegitimar el orden razonable, las instituciones y sus instrumentos”.
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“La siguiente etapa será deslegitimar el Constitucional”, aseguró Macrón, según narraron algunos de los asistentes a la reunión con su núcleo duro, entre los que figuraba, además de la actual primera ministra, Élisabeth Borne, y uno de sus antecesores, Edouard Philippe.
Las escenas de violencia que se vivieron la pasada semana en París y en algunas ciudades del país han calado en la opinión pública, que rememoró los incidentes más duros que a lo largo de 2019 provocaron los chalecos amarillos, una radicalidad que acabó por hacerles perder el apoyo de la calle.
Los incidentes acabaron con 457 detenciones y 441 policías heridos, una situación que tuvo su réplica este sábado durante una manifestación ecologista contra unos embalses artificiales para el riego agrícola.
La extrema izquierda sostiene que Macron vuelve a apostar por dejar que la violencia se apodere de las manifestaciones para desacreditar el objeto de su lucha.
La respuesta del Gobierno volvió a ser un despliegue policial “sin precedentes” frente a la manifestación de mañana martes, con 13.000 agentes, mil más que el pasado jueves, según anunció hoy el ministro del Interior, Gérald Darmanin.
“Hemos detectado riesgos muy importantes contra el orden público”, aseguró en rueda de prensa el ministro, que indicó que han detectado 2.000 individuos radicales de ultraizquierda, algunos procedentes del extranjero, dispuestos a poner en jaque “las instituciones del estado”.
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Si las ocho primeras jornadas de protesta contra la reforma de las pensiones se desarrollaron sin incidentes, desde el pasado día 16 la violencia se han instalado en el país, relató el ministro, que indicó que en ese periodo 128 edificios públicos han sido atacados, 114 oficinas de parlamentarios vandalizados y se han registrado 2.200 incendios voluntarios.
Como Macron, Darmanin puso el foco sobre la izquierda, a la que acusó de no condenar con firmeza la violencia contra la policía, lo que, dijo, “contribuye a legitimarla”.
La tensión sigue en niveles altos y, en paralelo, la popularidad del presidente no deja de desplomarse. El último sondeo, publicado por la radio RTL, asegura que ha caído seis puntos y que ya solo el 28 % de la población considera su acción positiva, su nivel más bajo desde noviembre de 2018, en los primeros compases de los chalecos amarillos.
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