Putin impone la ciudadanía rusa a la fuerza: ucranianos deben aceptarla o irse
El presidente ruso obliga a los ucranianos en Rusia y territorios ocupados a regularizar su estatus o abandonar el país. Quienes rechacen la ciudadanía rusa podrían enfrentarse a la expulsión forzada.
El presidente ruso, Vladímir Putin, emitió un decreto que obliga a los ciudadanos ucranianos que residen en Rusia y en los territorios ocupados a regularizar su estatus migratorio antes del 10 de septiembre de 2025 o, en caso contrario, abandonar el país. La medida, publicada este jueves, es vista como una estrategia para consolidar el control ruso sobre las zonas ocupadas de Ucrania.
“Los ciudadanos de Ucrania que se encuentran en Rusia sin tener bases legales para su residencia están obligados a abandonar la Federación rusa o antes del 10 de septiembre de 2025 legalizar su estancia”, indicó el documento, publicado en el portal de informaciones legales de Estado ruso.
La orden afecta principalmente a quienes viven en las regiones de Donetsk, Luhansk, Jersón y Zaporiyia, que Rusia afirma haber anexado en 2022, así como a la península de Crimea, ocupada desde 2014. Durante años, Moscú ha presionado a los habitantes de estas áreas para que acepten la ciudadanía rusa, y según Putin, la mayoría ya habría recibido pasaportes de la Federación Rusa.
El decreto también estipula que los ciudadanos extranjeros y apátridas en los territorios ocupados deberán someterse a exámenes médicos antes del 10 de junio para detectar el consumo de drogas y enfermedades infecciosas. Según la normativa, aquellos ucranianos que ya hayan iniciado su proceso de regularización no serán procesados por las autoridades migratorias durante los próximos meses, siempre que hayan cumplido con los trámites de dactiloscopía, fotografía y chequeo médico.
Desde el inicio de la guerra en 2022, Naciones Unidas estima que alrededor de dos millones de ucranianos han llegado a territorio ruso, aunque Moscú sostiene que la cifra asciende a cinco millones. Rusia ha facilitado la obtención de ciudadanía a muchos de estos refugiados, aunque no existen cifras oficiales sobre el número de ucranianos residentes ni su estatus legal.
Desde el atentado yihadista contra la sala de conciertos moscovita Crocus City Hall, que causó 145 muertos y cuyo aniversario se cumplirá el próximo sábado, las autoridades rusas han apretado las tuercas de la legislación migratoria con el fin de poner orden a la avalancha de migrantes ilegales, la mayoría procedentes de las repúblicas exsoviéticas de Asia Central.
Las consecuencias de la medida son inciertas, pero analistas advierten que la medida podría agravar la crisis humanitaria en las regiones ocupadas. Organizaciones internacionales han denunciado que en estas zonas se han documentado abusos, torturas y represión contra ciudadanos ucranianos. Ahora, quienes rechacen la ciudadanía rusa podrían enfrentarse a la expulsión, sin garantías sobre su seguridad o derechos en el proceso.
*Con información de EFE
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El presidente ruso, Vladímir Putin, emitió un decreto que obliga a los ciudadanos ucranianos que residen en Rusia y en los territorios ocupados a regularizar su estatus migratorio antes del 10 de septiembre de 2025 o, en caso contrario, abandonar el país. La medida, publicada este jueves, es vista como una estrategia para consolidar el control ruso sobre las zonas ocupadas de Ucrania.
“Los ciudadanos de Ucrania que se encuentran en Rusia sin tener bases legales para su residencia están obligados a abandonar la Federación rusa o antes del 10 de septiembre de 2025 legalizar su estancia”, indicó el documento, publicado en el portal de informaciones legales de Estado ruso.
La orden afecta principalmente a quienes viven en las regiones de Donetsk, Luhansk, Jersón y Zaporiyia, que Rusia afirma haber anexado en 2022, así como a la península de Crimea, ocupada desde 2014. Durante años, Moscú ha presionado a los habitantes de estas áreas para que acepten la ciudadanía rusa, y según Putin, la mayoría ya habría recibido pasaportes de la Federación Rusa.
El decreto también estipula que los ciudadanos extranjeros y apátridas en los territorios ocupados deberán someterse a exámenes médicos antes del 10 de junio para detectar el consumo de drogas y enfermedades infecciosas. Según la normativa, aquellos ucranianos que ya hayan iniciado su proceso de regularización no serán procesados por las autoridades migratorias durante los próximos meses, siempre que hayan cumplido con los trámites de dactiloscopía, fotografía y chequeo médico.
Desde el inicio de la guerra en 2022, Naciones Unidas estima que alrededor de dos millones de ucranianos han llegado a territorio ruso, aunque Moscú sostiene que la cifra asciende a cinco millones. Rusia ha facilitado la obtención de ciudadanía a muchos de estos refugiados, aunque no existen cifras oficiales sobre el número de ucranianos residentes ni su estatus legal.
Desde el atentado yihadista contra la sala de conciertos moscovita Crocus City Hall, que causó 145 muertos y cuyo aniversario se cumplirá el próximo sábado, las autoridades rusas han apretado las tuercas de la legislación migratoria con el fin de poner orden a la avalancha de migrantes ilegales, la mayoría procedentes de las repúblicas exsoviéticas de Asia Central.
Las consecuencias de la medida son inciertas, pero analistas advierten que la medida podría agravar la crisis humanitaria en las regiones ocupadas. Organizaciones internacionales han denunciado que en estas zonas se han documentado abusos, torturas y represión contra ciudadanos ucranianos. Ahora, quienes rechacen la ciudadanía rusa podrían enfrentarse a la expulsión, sin garantías sobre su seguridad o derechos en el proceso.
*Con información de EFE
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