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El Ministerio de Igualdad de España piensa poner en consulta pública una reforma a la ley de salud sexual y reproductiva con la que se quiere crear un registro de médicos objetores. Este registro permitiría mapear la capacidad de los centros médicos públicos para realizar abortos, con el fin de facilitarle a las mujeres la planificación de servicios de este tipo donde se necesiten.
Aunque el aborto es un derecho reconocido en España desde hace más de 11 años, en la práctica continúan existiendo muchas trabas para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Aproximadamente el 86 % de las prácticas de aborto se realizan en clínicas privadas. Según el Ministerio de Sanidad, hospitales de cinco comunidades autónomas, entre ellas Madrid, no realizaron abortos en 2019, el último dato registrado, y en ocho provincias no se han realizado abortos desde que fue reconocido como un derecho de las mujeres. ¿Y por qué?
La objeción de conciencia ha sido uno de los mayores frenos para que las mujeres tengan acceso a su derecho en la sanidad pública. Marta Vigara, médica del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, contó a una emisora local que no pudo realizarse un aborto, pese a la inviabilidad del feto y el riesgo para su salud, porque todos los médicos del lugar en el que trabajaba se declararon objetores de conciencia. Esto ha llevado a que las mujeres que buscan abortar se vean obligadas a viajar a la península, donde pueden acceder a un aborto con mayor facilidad.
Con la reforma a la actual ley del aborto, Sanidad busca tener un registro anticipado y por escrito, como ya lo demanda la ley pero que no se ha realizado por falta de acción de los médicos, para saber cuántos médicos en la sanidad pública son objetores y saber las cuestiones por las que objetan, si son morales o de conciencia.
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No es la primera vez que se aborda una medida de este tipo para realizar un mapeo de los objetores y poder garantizar así el derecho en todos los casos. El Ministerio se basa en un registro que se puso en marcha para acompañar la Ley de Eutanasia y mapear a los objetores de esta práctica en los hospitales, con el fin de asegurar una mejor planificación.
Los sectores conservadores han rechazado la iniciativa, argumentando que “atenta contra la libertad de la persona”.
“No se debe hacer porque la libertad de conciencia es algo que hay que respetar siempre”, dijo Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela a la agencia Europa Press. “La conciencia está por encima de algunas leyes que van contra lo que nosotros pensamos, creemos y sentimos”, agregó Ginés García Beltrán, obispo de Getafe.
Pero lo que hay que resaltar es que no se busca vulnerar el derecho a la libertad de los médicos ni invadir su privacidad, sino proponer una mejor política de salud pública en beneficio de quienes buscan acceder a un derecho que está en la Constitución.
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“El acceso y la calidad asistencial de la prestación de la interrupción del embarazo no puede ser menoscabada por el derecho a la objeción de conciencia”, recalca Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Hay quienes han tratado de buscar un punto medio para no encontrarse con la furia de la Iglesia ni de los conservadores. Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética, propuso que se haga un registro, pero que en este no se apunten a los objetores sino a los médicos no objetores. De esta manera se sepa quién está dispuesto a practicar un aborto, con eso se conseguirían los objetivos del Gobierno y los opositores a este no se sentirían atacados por lo que denominan una “limitación a la objeción”.
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