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Los ministros de Interior de Reino Unido, James Cleverly, y de Exteriores de Ruanda, Vincent Biruta, firmaron hoy en Kigali un nuevo tratado para trasladar al país africano a migrantes que entren en territorio británico de manera irregular, dentro del polémico plan de Londres para reducir la inmigración.
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El objetivo de este pacto es legalizar el programa del Gobierno del primer ministro británico, Rishi Sunak para enviar solicitantes de asilo a Ruanda, después de que el Tribunal Supremo del Reino Unido, la máxima instancia judicial del país, lo considerase ilegal el pasado noviembre.
“El nuevo tratado que firmamos aborda todas las preocupaciones de los jueces del Tribunal Supremo”, aseguró Cleverly en una rueda de prensa en Kigali. “Hemos trabajado estrechamente con nuestros socios ruandeses para garantizar que así sea”, subrayó el titular británico de Interior.
Según Cleverly, el “nuevo plan de inmigración significará que recortaremos decisivamente la migración neta y crearemos un sistema que funcione para el pueblo británico”. El jefe de la diplomacia ruandesa también defendió el nuevo tratado “porque creemos que estamos haciendo lo correcto para contribuir a la solución de esta crisis migratoria global”.
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“No sirve de nada seguir criticando a un país como Ruanda, que está contribuyendo a una solución, mientras no abordamos la causa fundamental que produce esos refugiados (...). Fuimos tratados injustamente por organizaciones internacionales, por los medios de comunicación, por los tribunales”, aseveró Biruta.
El titular ruandés de Exteriores precisó que el nuevo tratado “volverá a enfatizar, de manera vinculante, los compromisos ya existentes que abordan las preocupaciones planteadas en el proceso legal sobre la protección de los solicitantes de asilo”.
“También veremos la introducción de un nuevo tribunal de apelaciones, que se establecerá conforme a la ley ruandesa y será supervisado por dos copresidentes, uno ruandés y otro procedente de otro país de la Commonwealth (mancomunidad británica de naciones); y un comité de jueces de diversas nacionalidades, que escucharán las apelaciones si se rechace la solicitud de asilo de un solicitante”, añadió.
El texto, de 43 páginas, es “jurídicamente vinculante” en el derecho internacional y ofrece garantías de que los migrantes expulsados a Ruanda “no puedan ser expulsados a otro país en el que sus vidas o su libertad estén amenazadas”, según el Ministerio británico de Interior. Una vez firmado, el texto deberá ser ratificado por los parlamentos británico y ruandés.
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El pasado mes, el Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminó que, a la luz de las evidencias, existe el riesgo de que los demandantes de asilo enviados a Ruanda puedan estar en peligro de ser deportados a sus países de origen. El fallo supuso un duro varapalo para la política migratoria del Gobierno conservador británico, puesto que el plan de Ruanda -iniciado en abril de 2020, cuando Boris Johnson era primer ministro- era central para atajar el aumento de los botes con migrantes que cruzan el Canal de la Mancha, entre Inglaterra y Francia.
El programa también había contado con el apoyo del Gobierno de Ruanda, que reiteró en varias ocasiones que seguía “comprometido” con su polémico acuerdo con Londres. Cleverly señaló antes de viajar a Kigali que el Supremo “reconoció que es posible que en el futuro se realicen cambios para abordar las conclusiones a las que llegaron, y eso es lo que nos hemos propuesto hacer”, según recogieron medios británicos este martes.
“Ruanda se preocupa profundamente por los derechos de los refugiados”, añadió.
Desde su llegada al poder en 2000, el presidente de Ruanda, Paul Kagame, ha conseguido el reconocimiento internacional por sus éxitos económicos y la reconstrucción del país tras el genocidio de 1994. Sin embargo, organizaciones pro derechos humanos han denunciado en numerosas ocasiones detenciones arbitrarias y desapariciones de disidentes a manos de su Gobierno. Opositores de Ruanda han sido asesinados o han desaparecido por motivos que los críticos han descrito como “políticos”.
Londres debe “abrir los ojos ante el historial de violaciones de los derechos humanos en Ruanda, en particular contra los refugiados y solicitantes de asilo”, instó Yasmine Ahmed, directora en Reino Unido de la ONG Human Rights Watch.
El gobierno de Londres dice que el acuerdo con Ruanda es crucial para disuadir la inmigración irregular a través del Canal de la Mancha desde Francia en embarcaciones inflables. Casi 30.000 personas han realizado el peligroso viaje este año, comparado con las casi 46.000 que cruzaron en 2022.
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