España endureció su legislación contra la violencia sexual, estableciendo la obligación de un consentimiento explícito, una medida que el gobierno de izquierda de Pedro Sánchez abanderó después de la violación en grupo de una joven.
Conocida como la ley del “solo sí es sí”, la nueva norma de garantía integral de la libertad sexual fue aprobada por el Congreso por 205 votos a favor y 141 en contra.
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El texto, que implica una reforma del Código Penal español, sitúa en el centro el consentimiento, que solo se entenderá “cuando se haya manifestado libremente mediante actos que expresen de manera clara la voluntad de la persona”. La utilización de violencia o de intimidación ya no serán, por tanto, necesarias para tipificar un delito de violación, como ocurría hasta ahora.
La ley incluye agravantes como la sumisión química (la administración de una sustancia con efectos psicoactivos a una persona sin su conocimiento) en una agresión sexual, que hasta ahora se considera abuso, así como la violencia digital.
“Por fin, nuestro país reconoce por ley que el consentimiento es lo que tiene que estar en el centro de todas nuestras relaciones sexuales”, sostuvo Irene Montero, ministra de Igualdad del gobierno de Pedro Sánchez, a las puertas del Congreso.
“La Manada”
Esta cuestión fue clave en el caso de “La Manada”, la violación grupal en 2016 a una joven de 18 años durante las fiestas de San Fermín en Pamplona por parte de cinco hombres que grabaron los hechos, jactándose de sus acciones y compartieron las imágenes por WhatsApp.
Su condena en primera instancia, en abril de 2018, fue a nueve años de prisión por el delito de “abuso sexual”. Definido por la ausencia de violencia o intimidación, este delito, que implicaba penas menos estrictas, desaparecerá ahora con la nueva ley.
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Esa primera pena provocó masivas movilizaciones de mujeres en España bajo el lema “Yo sí te creo”, además de numerosas peticiones para endurecer el Código Penal. Fuera del país, el caso generó nutridas movilizaciones feministas en Chile.
Finalmente, en junio de 2019, el Tribunal Supremo español corrigió la sentencia y consideró que sí hubo violación, por lo que elevó a 15 años de cárcel las penas para los acusados.
Desde su llegada al poder en junio de 2018, el gobierno del socialista Pedro Sánchez prometió la adopción de una ley sobre el consentimiento explícito. La norma contempla también como delito el acoso callejero, desarrolla la educación sexo-afectiva en las escuelas y refuerza la atención y compensación de las víctimas de violencia sexual.
Esta ley que refuerza los recursos contra la violencia sexual era esperada y deseada, dijo en julio a AFP Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres, una de las organizaciones feministas más influyentes. “Lo que esperemos es que impulse un cambio de comportamiento social”, incluso “más allá de España”, manifestó.
El consentimiento en Europa
Sobre la cuestión del consentimiento, el gobierno aseveró que se inspiró directamente en el Convenio de Estambul del Consejo de Europa, un tratado internacional adoptado en 2011 que establece normas para luchar contra la violencia de género.
Irene Montero, la ministra de Igualdad, del partido de izquierda radical Podemos, socio minoritario de los socialistas en el gobierno de Pedro Sánchez, reconoció haberse inspirado para su redacción en una ley sueca pionera que considera violación todo acto sexual sin acuerdo explícito desde 2018.
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Según un estudio de Amnistía Internacional de 2020, 12 de 31 países europeos analizados definen la violación desde la falta de consentimiento, más allá de la coacción o la vulnerabilidad, entre ellos Bélgica, Dinamarca, Suecia y Reino Unido.
Alemania, por ejemplo, endureció su legislación en 2017 para hacer de la falta de consentimiento el criterio único para definir una violación.
España es un referente internacional en la lucha contra la violencia machista desde que en 2004 adoptó una ley pionera que introdujo de forma destacada la diferencia de género como agravante de la violencia.
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