Solo sí es sí: España busca justicia para víctimas de agresión sexual

El proyecto, que comenzará su recorrido por el Parlamento en septiembre, prevé, entre otras cosas, eliminar la distinción entre agresión y abuso. Esto tras los reclamos feministas que en 2016 se tomaron las calles de España para rechazar los altibajos judiciales del caso La Manada

El Consejo de Ministros de España aprobó este martes un proyecto de ley que, por primera vez, incluirá una definición de consentimiento en las relaciones sexuales, una iniciativa que no solo redefinirá la tipificación de los delitos sexuales, sino que también ampliará la protección a las víctimas, y perseguirá, entre otras cosas, a la industria proxeneta. Con el proyecto de ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la ley del Solo sí es sí, las mujeres en España ya no tendrán que demostrar que hubo resistencia, violencia o intimidación para probar la violación. “Toda relación sexual sin consentimiento es una agresión. Solo tú decides sobre tu cuerpo y tu sexualidad”, dijo Irene Montero, ministra de Igualdad de España.

El texto deja “claro que el silencio o la pasividad no significa consentimiento y que el no mostrar oposición no puede ser excusa para actuar en contra de la voluntad de la otra parte”, afirmó la portavoz del gobierno, María Jesús Montero.

El proyecto, que comenzará su recorrido por el Parlamento en septiembre, prevé, entre otras cosas, eliminar la distinción entre agresión y abuso. Esto tras los reclamos feministas que en 2016 se tomaron las calles de España para rechazar los altibajos judiciales del caso La Manada: en primera instancia, la Audiencia de Navarra, y después el Tribunal Superior de Justicia de Navarra condenaron por abuso sexual, y no por violación, a cinco hombres que violaron a una joven en Pamplona. Los jueces consideraron en ese entonces que los abusos se produjeron sin consentimiento de la mujer, pero a su juicio, no hubo uso de violencia ni intimidación, condiciones necesarias para que se considerara el caso como agresión sexual, una decisión que desató una ola de reclamos bajo el lema “Yo sí te creo”.

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“El mensaje de los jueces es claro: para demostrar que te han violado tienes que estar prácticamente muerta”, se leía en una de las pancartas de las 30.000 personas que salieron a marchar en abril de 2018 en Navarra. Finalmente, la sentencia fue corregida por el Tribunal Supremo que elevó a 15 años la pena de prisión para José Prenda, Antonio Guerrero, Jesús Escudero, Ángel Pozas y Alfonso Cabezuelo, a quienes consideró culpables de un delito continuado de violación. Los magistrados dieron un mensaje contundente: el caso de La Manada no fue un abuso sexual, sino una violación en grupo.

Ahora la ley del Solo sí es sí considerará violencia sexual la agresión, el acoso, el acecho o acoso callejero, la explotación sexual, la corrupción de menores, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado y, en el ámbito digital, la violencia sexual transmitida por medios tecnológicos. Y el consentimiento será la pieza clave para juzgar los delitos sexuales: “Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”, se lee en la normativa. Es decir, cualquier penetración sin consentimiento será tipificada como violación, por ejemplo, cumpliendo así con el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres.

Una decisión clave en un país donde la agresión sexual con penetración tuvo una escalada en los primeros meses de 2021. En total, entre enero y marzo de este año, se registraron hasta 426 delitos de agresión sexual, según datos del Balance Trimestral de Criminalidad, publicados por el Ministerio del Interior español. Cifras que advierten un aumento del 24,6 % con respecto a los 321 casos contabilizados entre octubre y diciembre del 2020.

¿Qué pasará con las penas? “La nueva configuración no va a suponer, de forma sustancial, una rebaja o un aumento de las penas, pero sí se puede considerar situación de agravación de delito si, por ejemplo, la violación se está desarrollando en grupo”, explicó María Montero, portavoz del gobierno.

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Para Amnistía Internacional (AI), la modificación de las leyes no erradicará la violación, pero es un paso clave en el camino: “Si cambian las leyes, garantizan que se deja de culpar a la víctima y se pone fin a los estereotipos de género en los procedimientos judiciales, los gobiernos pueden conseguir que las futuras generaciones no se cuestionen si las relaciones sexuales sin consentimiento constituyen violación, y que no duden nunca de que se castigará a los responsables”, se lee en un informe publicado en 2020.

Acoso sexual callejero como delito

En Madrid, el 84 % de las adolescentes han sufrido alguna vez acoso sexual en la calle. Y cuatro de cada diez situaciones envuelven contacto físico, el resto engloban miradas insistentes, silbidos o acercamientos, según cifras del proyecto “Ciudades Seguras” de Plan Internacional, y publicado por el diario El País de España. El 49 % de las entrevistadas dice que el acoso callejero “pasa tan a menudo que ya se han acostumbrado”, algo que la ley Sólo sí es sí también le apunta a resolver.

Con esta iniciativa el acoso callejero se consideraría como un delito leve. “Las mismas penas se impondrán a quienes se dirijan a otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual que creen a la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria, sin llegar a constituir otros delitos de mayor gravedad”, se lee en la iniciativa. Se castigaría con trabajos en beneficio de la comunidad o arresto domiciliario de entre seis meses y dos años.

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Según datos de ONU Mujeres, 177 de los 189 Estados que han firmado la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer no tienen una legislación contra el acoso callejero. Entre los que sí lo tienen, Perú fue pionero en América Latina con una ley estatal que obliga a las ciudades a desarrollar ordenanzas.

¿Y el resto de la Unión Europea? Solo en 12 países miembros hay leyes que definen como violación las relaciones sexuales sin consentimiento: Alemania, Bélgica, Chipre, Croacia, Dinamarca, Grecia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Malta, Reino Unido y Suecia, según un análisis de AI.

“En la mayoría de los países europeos, para que un delito se considere violación, la ley exige que haya concurrido coacción, uso de la fuerza o incapacidad de defenderse. Pero lo cierto es que la mayoría de las violaciones no encajan en estereotipos como el de un ‘extraño que salta desde los arbustos’. Por el contrario, con frecuencia las mujeres y niñas son violadas por un amigo o pareja, o tienen una reacción de shock y paralización”, se lee en el informe de AI de diciembre de 2020.

En Dinamarca, por ejemplo, el Parlamento aprobó en 2020 la legislación que reconoce que el sexo sin consentimiento constituye una violación. Lo mismo ocurrió en Grecia en 2019, donde el Parlamento aprobó modificar la definición de violación en la ley, una decisión que protege a las mujeres en caso de agresión sexual. Mientras que Islandia, después de años de trabajo, en 2018 se aprobó un proyecto de ley que declara ilegales las relaciones sexuales con una persona a menos que se tenga su consentimiento explícito.

Y aunque hay indicios de que muchos países avanzan en materia de protección y lucha contra la violencia de género, hay otros que van para atrás, y a pasos agigantados. El 1° de julio de este año, Turquía hizo oficial su salida del Convenio de Estambul, un acuerdo que comprometía a los países miembros a luchar contra la violencia de género en todas sus formas. El presidente Recep Erdogan argumentó que la retirada no implica un cese de la lucha contra la violencia, y que solo intenta poner por delante las leyes nacionales. Algunos analistas dicen que Erdogan quiere ganarse al sector ultraconservador turco que alguna vez señaló que el Convenio socavaba los valores de la familia tradicional, y "promovía la homosexualidad".

Organizaciones internacionales insisten en la importancia de implementar este tipo de leyes: “este es un paso que transmite un mensaje sobre el tipo de sociedad en la que queremos vivir: una en la que se respeten y valoren la autonomía sexual y la integridad física de las personas”, concluyó AI.