Ahmet Guresci murió después de que los policías lo golpearan el 11 de febrero tras ser acusado de saqueo, según Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que denuncian actos de “tortura” de las fuerzas de seguridad tras el terremoto que devastó el sur de Turquía.
El hombre de 27 años había sido arrestado cinco días después del temblor por “sospechas de saqueo y otros crímenes”, junto a su hermano Sabri, quien denunció palizas y actos violentos antes de la muerte de Ahmet, dijeron las dos ONG de derechos humanos.
Durante su detención, “hasta diez gendarmes” les golpearon “durante mucho tiempo, les desnudaron, les retorcieron los testículos e intentaron violarles analmente con porras”, escribieron las organizaciones en un informe publicado el miércoles.
La autopsia de Ahmet Guresci, según las organizaciones, mostró “una lesión cerebral que podría haberle causado la muerte y hematomas en el cuerpo”.
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Un informe médico de su hermano Sabri indica que tenía “lesiones y largas equimosis en los hombros, la espalda, las nalgas y las extremidades, así como un pulgar roto, lo que corresponde a su versión de que fue golpeado con porras y pateado por los gendarmes”, según la misma fuente.
Según Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW), “tres gendarmes han sido suspendidos mientras dure la investigación”.
Las dos organizaciones documentaron trece casos distintos en los que 34 víctimas, todos hombres, fueron maltratadas por policías, gendarmes o soldados desplegados en el lugar del terremoto. No se informó de ninguna otra muerte.
Law enforcement officials sent to police the region devastated by Türkiye’s 6 February earthquakes have beaten, tortured, and otherwise ill-treated people they suspect of theft and looting. https://t.co/aBQgymUFwi
— Amnesty International (@amnesty) April 5, 2023
En general, denuncian la actuación de “funcionarios encargados de hacer cumplir la ley enviados a la región devastada por los terremotos que afectaron a Turquía el 6 de febrero”.
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Los agentes “han golpeado, torturado y sometido a otros malos tratos a personas sospechosas de robo y saqueo”, afirman. Recuerdan que tanto el derecho internacional como las leyes de Turquía prohíben en cualquier circunstancia infligir tortura o maltrato a personas sospechosas.
Las ONG aseguran tener información “fidedigna” de que “la policía, los gendarmes y el personal militar someten a palizas violentas y prolongadas, y detención arbitraria y no oficial a personas presuntamente responsables de delitos”.
Los ministerios turcos de Justicia e Interior, preguntados por Amnistía y HRW, dijeron que aplican “tolerancia cero con la tortura” y aseguraron que las conclusiones de las dos ONG son solo “vagas afirmaciones sin ninguna base”.
Para su investigación las dos organizaciones se basaron en documentos oficiales como denuncias, certificados médicos y, “cuando fue posible”, vídeos relacionados con la violencia.
Respuesta “decepcionante”
Uno de esos vídeos de 32 segundos y que circuló por “cuatro canales diferentes de Telegram el 12 de febrero”, muestra a un hombre “agredido por un grupo de personas vestidas de paisano y policías que participan” en los abusos, mientras “hay gendarmes presentes”.
La víctima, de la ciudad de Antakya, muy afectada por el terremoto, había acudido a ayudar a un amigo, también golpeado por la muchedumbre y las fuerzas de seguridad, cuya tía y primo seguían bajo los escombros de un edificio. Los dos hombres consiguieron demostrar su buena fe y fueron puestos en libertad. Después presentaron una denuncia.
Estos trece casos “no son más que la punta del iceberg”, afirma Emma Sinclair-Webb, directora asociada de Human Rights Watch y representante de la oenegé en Turquía, un país traumatizado por el terremoto del 6 de febrero en el que murieron más de 50.000 personas.
“Tenemos que admitir que hubo un reto de seguridad [para las autoridades], con robos y saqueos”, dijo Sinclair-Webb.
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“Pero la policía y la gendarmería tienen la responsabilidad de mantener a salvo a la gente, lo que no significa torturarles o golpearles, aunque sean sospechosos de robo”, afirmó.
Some police and gendarmerie in earthquake-hit areas of #Turkey have been beating and torturing people suspected of stealing.
— Human Rights Watch (@hrw) April 5, 2023
NEW from @HRW and @amnesty https://t.co/7ZhENaJBpl pic.twitter.com/GX2YTLmddT
El estado de excepción, declarado durante tres meses en las zonas afectadas para hacer frente a la catástrofe, “no debe conducir a la anarquía y la impunidad, la tortura y otros malos tratos”, dijo por su parte Esther Major, investigadora de Amnistía Internacional.
Major espera que, tras una respuesta inicial “decepcionante”, las autoridades turcas “reaccionen con la tolerancia cero de la que hablan e investiguen de verdad”, para que los culpables “respondan” por estos actos “espeluznantes”
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