Extorsión uniformada: los policías que extorsionan un barrio humilde de Caracas
En 2021, el barrio caraqueño de la Cota 905 fue escenario de una intervención sin precedentes, protagonizada por las fuerzas de seguridad del Estado, para acabar la megabanda criminal del “Koki”. Sus habitantes aseguran que los policías que ahora custodian la Cota 905 usan la violencia y siembran droga para conseguir dinero de vecinos y visitantes.
Alianza Rebelde Investiga y CONNECTAS*, especial para El Espectador
Los habitantes de Cota 905, una barriada popular situada al suroeste de Caracas, capital de Venezuela, viven sometidos por una red de extorsión policial. Hace un par de años, tras una mortífera intervención de las fuerzas de seguridad en 2021, lograron liberarse del control de la banda criminal del “Koki”, quien era el delincuente más buscado de Venezuela. Pero desde entonces sufren bajo el yugo de las extorsiones y detenciones arbitrarias de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Durante los últimos dos años, los policías han ocupado ilegalmente viviendas donde han improvisado puntos de control desde los cuales imparten su peculiar forma de control social. En la Cota 905 hay ocho alcabalas que sirven como puntos para llevar a cabo las detenciones arbitrarias y los cobros de extorsiones a sus habitantes —en su mayoría jóvenes—, así como a transportistas, deliveries, comerciantes y hasta vendedores ambulantes de la zona.
Para esta investigación, la Alianza Rebelde Investiga (ARI) —conformada por los medios El Pitazo, Runrun.es y TalCual—, con el apoyo editorial de CONNECTAS, visitó la Cota 905 y habló con decenas de víctimas y sus familiares, con testigos de las frecuentes matracas policiales y también con expertos conocedores de la situación que vive esa comunidad.
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Los testimonios recogidos relatan el mismo patrón: los policías realizan arrestos arbitrarios y simulan delitos para extorsionar a los ciudadanos. Las víctimas afirman que les siembran drogas para justificar la detención y las obligan a llamar a sus parientes para pedir entre 10 y 1.000 dólares por su liberación. En Venezuela el salario mínimo de un trabajador equivale a 4,5 dólares mensuales.
Yenny* denunció que a su nieto se lo llevó detenido la policía en marzo de este año. Dijo que le sembraron droga y pidieron 500 dólares para liberar al muchacho. Los uniformados no registraron la detención, ni presentaron al joven ante el Ministerio Público. La madre, quien vive en el exterior, envió 200 dólares para pagar a los policías y soltaron a la víctima.
Las leyes venezolanas definen un procedimiento especial para las personas sorprendidas consumiendo o portando dos o menos gramos de cocaína o hasta 20 gramos de marihuana. Como se les considera adictos, el consumidor debe ser retenido y presentado de inmediato al Ministerio Público para luego ser enviado a rehabilitación.
Al ahijado de Jaime*, vecino de la Cota 905, lo detuvo una pareja de policías cuando regresaba a su casa de madrugada. “Toma. Esto es tuyo y tienes que darme 500 dólares para soltarte”. Así aseguró que le hicieron a su ahijado antes de sembrarle una porción de drogas. Tampoco lo presentaron ante el Ministerio Público. Jaime contó que al muchacho lo golpearon durante su cautiverio y lo liberaron tres días después, cuando su familia pagó la extorsión.
El Código Procesal Penal venezolano establece que el órgano aprehensor debe presentar ante el Ministerio Público a la persona detenida en no más de 12 horas después de la detención. Esto no ocurrió con ninguna de las víctimas entrevistadas para esta investigación.
Una zona sometida
Antes de que la PNB tomara el control, el barrio caraqueño estaba dominado por una megabanda criminal. A partir de 2014, sus líderes Carlos Luis Revete alias “el Koki”, Carlos Calderón, conocido como “Vampi”, y Garbis Ochoa Ruiz, alias “Garbis”, usaron la Cota 905 como su centro de operaciones en el que ocultaban a personas que secuestraban en otros puntos de la capital venezolana, mientras negociaban la liberación con los familiares.
Pero en 2021 el dominio de la banda sobre la Cota 905 acabó de forma violenta. Entre el 7 y 9 de julio alrededor de 300 miembros de esta megabanda se enfrentaron con fuerzas de seguridad del Estado. La disputa armada culminó con el ingreso y la toma de la localidad por 3.000 funcionarios, en lo que se conoció como la Operación Gran Cacique Guaicaipuro. La intervención dejó como saldo 38 muertos, según registró la organización Monitor de Víctimas. Los líderes de la megabanda lograron escapar. “El Koki” murió siete meses más tarde en un supuesto enfrentamiento con uniformados, en Las Tejerías, una zona montañosa a 40 kilómetros de Caracas. “Garbis” y “Vampi” siguen prófugos y por cada uno de ellos se ofrece una recompensa de 500.000 dólares.
Gloria* fue testigo de esa incursión. Abandonó su casa en medio de un alto al fuego que duró varias horas y permitió la evacuación de los vecinos. Seis meses más tarde, decidió regresar a su vivienda. Su hogar está cerca de una de las casas abandonadas que los criminales utilizaron como garitas y que los policías ocuparon después de la intervención y convirtieron en estaciones de vigilancia y centros de extorsión. Por eso, para Gloria y sus vecinos es habitual escuchar lo que allí ocurre.
“Escuchamos todo el día cómo matraquean (exigen dinero) a choferes de camionetas (transporte público) y motorizados. Le caen a golpes a cualquiera que agarran, les dan unas palizas que los gritos se escuchan desde la calle. Los matraquean por pasar por la zona. De los autobuses bajan a todo el mundo, al que no tiene cédula lo bajan y retienen hasta que pague; también a conductores que tienen documentos de circulación vencidos”, relató.
Policías vs. megabanda
Algunos de los entrevistados alegaron que sus vidas eran más tranquilas cuando la comunidad estaba bajo el dominio de la megabanda porque los delincuentes imponían unas normas para mantener la seguridad en la zona. Dijeron que quien robaba a un vecino era severamente sancionado por los integrantes de la agrupación criminal. Además, la banda se convirtió en el canal de entrega de alimentos y medicinas subsidiados por el Gobierno que compraban los habitantes.
Para el investigador del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela Keymer Ávila, la aparente añoranza de los vecinos por los tiempos de la megabanda es una elección práctica en términos de costos-beneficios porque los grupos delictivos de la Cota 905 garantizaban cierto orden —aunque violento— en la zona. “La gente lo que quiere es llevar de manera tranquila su vida cotidiana y optará por quienes le ofrezcan esa posibilidad de la manera más accesible, inmediata y sostenible”, explicó el experto.
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Cansados de los abusos policiales, Dinorah* detalló que en septiembre de 2022 varios dirigentes vecinales convocaron a las autoridades de la PNB a una reunión para denunciar la actuación de los funcionarios en la zona. En ese encuentro, los habitantes de la Cota 905 contaron historias de extorsiones, pero también allanamientos a las viviendas, amenazas y, en ocasiones, robos de sus pertenencias. En esa asamblea, tres comisionados de la PNB —uno de ellos se presentó como el jefe de la policía en la Cota 905— se comprometieron a resolver los conflictos. Desde ese mes, los uniformados no volvieron a irrumpir en las viviendas, pero las extorsiones se mantienen.
Una fuente de la PNB consultada para esta investigación reveló que, desde la intervención del barrio, en el año 2021, los policías desplegados en la Cota 905 dependen directamente de la dirección del cuerpo policial. El mayor general Elio Estrada Paredes ha dirigido la PNB desde 2019 hasta julio de este año, cuando Nicolás Maduro lo nombró comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. Ahora, el general de brigada Rubén Santiago Servigna está al mando de la policía nacional.
Fuentes consultadas para esta investigación añadieron que el alto gobierno está al tanto de todo lo que ocurre en la Cota 905. De hecho, en marzo de este año un grupo de embajadores asistió al barrio para participar en un evento cultural organizado por la comunidad. Fueron acosados por policías y uno de los diplomáticos recibió la llamada telefónica de una alta funcionaria del gobierno de Maduro que le advirtió que no podían entrar a la Cota 905 sin su autorización.
Se solicitaron entrevistas con el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, al igual que con el exdirector de la PNB, Estrada Paredes, y el actual jefe del cuerpo policial, Santiago Servigna. Para el momento de esta publicación no se habían obtenido respuestas.
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Eventos recientes confirman que las extorsiones policiales son cada vez más comunes en Venezuela. El 30 de mayo, el entonces director de la PNB, Elio Estrada, ordenó la intervención del área del servicio aeroportuario ubicado en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en La Guaira, tras la detención de tres comisionados denunciados por oficiales subalternos por extorsión. En junio, el medio venezolano Armando.info publicó una investigación periodística en la que reveló casos de extorsiones de la PNB a jóvenes de la clase media caraqueña, a quienes retenían arbitrariamente en la sede administrativa del cuerpo policial.
Las zonas de paz
Vecinos de la Cota 905 entrevistados para este trabajo temen que los abusos policiales que se registran en el barrio puedan propiciar el nacimiento de otra banda criminal, como una respuesta ante los excesos de la PNB.
En 2015, cuando la megabanda controlaba la zona, representantes del gobierno nacional llegaron a reunirse con sus líderes para la implementación de una “zona de paz”, un experimento con el que Maduro intentó controlar la violencia en varios barrios del país. Pero la “zona de paz” terminó siendo la repartición de la Cota 905 entre el “Koki”, “Vampi” y “Garbis”.
Pese al acuerdo entre la banda y el gobierno, poco después ocurrió la primera incursión de la cuestionada Operación de Liberación del Pueblo (OLP) en esa comunidad, que terminó con un saldo de 14 muertos y desencadenó allanamientos ilegales por parte de uniformados, robos a viviendas y a vecinos, además de decenas de detenciones arbitrarias. La megabanda mantuvo el control del barrio después de la OLP, y durante los dos años siguientes, los habitantes de la Cota 905 cuentan que fueron acosados por los policías, quienes los detenían en alcabalas cercanas y los amedrentaban por vivir en una comunidad tomada por delincuentes.
El coordinador general de la oenegé Cecodap, Carlos Trapani, recalcó que la consolidación de la megabanda en la Cota 905 no fue decisión de sus vecinos. “La comunidad fue víctima porque ejercían un control social sobre ellos, el cual tuvo un costo vinculado a la muerte, extorsión, miedo y desaparición”, indicó.
Hoy las bandas criminales ya no controlan la zona, pero aún así la comunidad sigue sometida al control de un grupo armado, que los extorsiona, simula delitos y los priva ilegalmente de su libertad. “El futuro de la comunidad está en veremos porque no queremos los focos de malandraje de antes, pero la juventud se está perdiendo porque, por culpa de esos mismos mafiosos policías, los muchachos se meten a malandros”, lamentó Jaime.
Si le interesa conocer más sobre las denuncias de los habitantes de la Cota 905, puede ingresar acá al especial multimedia.
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* Nota: Los nombres de las personas entrevistadas para este reportaje han sido cambiados para resguardar su seguridad. Durante el proceso de investigación, el equipo periodístico se dirigió a la Defensoría del Pueblo para indagar si este organismo recibió denuncias de extorsión en la Cota 905. En el lugar, un funcionario confirmó la recepción de denuncias por violación de DD.HH de parte de habitantes de esta barriada, pero no precisó si se trataban de las extorsiones que se precisan en este reportaje.
* “Extorsión uniformada: los policías que someten a la Cota” es una investigación realizada para ARI y CONNECTAS con el apoyo de In.visibles.
👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.
Los habitantes de Cota 905, una barriada popular situada al suroeste de Caracas, capital de Venezuela, viven sometidos por una red de extorsión policial. Hace un par de años, tras una mortífera intervención de las fuerzas de seguridad en 2021, lograron liberarse del control de la banda criminal del “Koki”, quien era el delincuente más buscado de Venezuela. Pero desde entonces sufren bajo el yugo de las extorsiones y detenciones arbitrarias de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Durante los últimos dos años, los policías han ocupado ilegalmente viviendas donde han improvisado puntos de control desde los cuales imparten su peculiar forma de control social. En la Cota 905 hay ocho alcabalas que sirven como puntos para llevar a cabo las detenciones arbitrarias y los cobros de extorsiones a sus habitantes —en su mayoría jóvenes—, así como a transportistas, deliveries, comerciantes y hasta vendedores ambulantes de la zona.
Para esta investigación, la Alianza Rebelde Investiga (ARI) —conformada por los medios El Pitazo, Runrun.es y TalCual—, con el apoyo editorial de CONNECTAS, visitó la Cota 905 y habló con decenas de víctimas y sus familiares, con testigos de las frecuentes matracas policiales y también con expertos conocedores de la situación que vive esa comunidad.
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Los testimonios recogidos relatan el mismo patrón: los policías realizan arrestos arbitrarios y simulan delitos para extorsionar a los ciudadanos. Las víctimas afirman que les siembran drogas para justificar la detención y las obligan a llamar a sus parientes para pedir entre 10 y 1.000 dólares por su liberación. En Venezuela el salario mínimo de un trabajador equivale a 4,5 dólares mensuales.
Yenny* denunció que a su nieto se lo llevó detenido la policía en marzo de este año. Dijo que le sembraron droga y pidieron 500 dólares para liberar al muchacho. Los uniformados no registraron la detención, ni presentaron al joven ante el Ministerio Público. La madre, quien vive en el exterior, envió 200 dólares para pagar a los policías y soltaron a la víctima.
Las leyes venezolanas definen un procedimiento especial para las personas sorprendidas consumiendo o portando dos o menos gramos de cocaína o hasta 20 gramos de marihuana. Como se les considera adictos, el consumidor debe ser retenido y presentado de inmediato al Ministerio Público para luego ser enviado a rehabilitación.
Al ahijado de Jaime*, vecino de la Cota 905, lo detuvo una pareja de policías cuando regresaba a su casa de madrugada. “Toma. Esto es tuyo y tienes que darme 500 dólares para soltarte”. Así aseguró que le hicieron a su ahijado antes de sembrarle una porción de drogas. Tampoco lo presentaron ante el Ministerio Público. Jaime contó que al muchacho lo golpearon durante su cautiverio y lo liberaron tres días después, cuando su familia pagó la extorsión.
El Código Procesal Penal venezolano establece que el órgano aprehensor debe presentar ante el Ministerio Público a la persona detenida en no más de 12 horas después de la detención. Esto no ocurrió con ninguna de las víctimas entrevistadas para esta investigación.
Una zona sometida
Antes de que la PNB tomara el control, el barrio caraqueño estaba dominado por una megabanda criminal. A partir de 2014, sus líderes Carlos Luis Revete alias “el Koki”, Carlos Calderón, conocido como “Vampi”, y Garbis Ochoa Ruiz, alias “Garbis”, usaron la Cota 905 como su centro de operaciones en el que ocultaban a personas que secuestraban en otros puntos de la capital venezolana, mientras negociaban la liberación con los familiares.
Pero en 2021 el dominio de la banda sobre la Cota 905 acabó de forma violenta. Entre el 7 y 9 de julio alrededor de 300 miembros de esta megabanda se enfrentaron con fuerzas de seguridad del Estado. La disputa armada culminó con el ingreso y la toma de la localidad por 3.000 funcionarios, en lo que se conoció como la Operación Gran Cacique Guaicaipuro. La intervención dejó como saldo 38 muertos, según registró la organización Monitor de Víctimas. Los líderes de la megabanda lograron escapar. “El Koki” murió siete meses más tarde en un supuesto enfrentamiento con uniformados, en Las Tejerías, una zona montañosa a 40 kilómetros de Caracas. “Garbis” y “Vampi” siguen prófugos y por cada uno de ellos se ofrece una recompensa de 500.000 dólares.
Gloria* fue testigo de esa incursión. Abandonó su casa en medio de un alto al fuego que duró varias horas y permitió la evacuación de los vecinos. Seis meses más tarde, decidió regresar a su vivienda. Su hogar está cerca de una de las casas abandonadas que los criminales utilizaron como garitas y que los policías ocuparon después de la intervención y convirtieron en estaciones de vigilancia y centros de extorsión. Por eso, para Gloria y sus vecinos es habitual escuchar lo que allí ocurre.
“Escuchamos todo el día cómo matraquean (exigen dinero) a choferes de camionetas (transporte público) y motorizados. Le caen a golpes a cualquiera que agarran, les dan unas palizas que los gritos se escuchan desde la calle. Los matraquean por pasar por la zona. De los autobuses bajan a todo el mundo, al que no tiene cédula lo bajan y retienen hasta que pague; también a conductores que tienen documentos de circulación vencidos”, relató.
Policías vs. megabanda
Algunos de los entrevistados alegaron que sus vidas eran más tranquilas cuando la comunidad estaba bajo el dominio de la megabanda porque los delincuentes imponían unas normas para mantener la seguridad en la zona. Dijeron que quien robaba a un vecino era severamente sancionado por los integrantes de la agrupación criminal. Además, la banda se convirtió en el canal de entrega de alimentos y medicinas subsidiados por el Gobierno que compraban los habitantes.
Para el investigador del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela Keymer Ávila, la aparente añoranza de los vecinos por los tiempos de la megabanda es una elección práctica en términos de costos-beneficios porque los grupos delictivos de la Cota 905 garantizaban cierto orden —aunque violento— en la zona. “La gente lo que quiere es llevar de manera tranquila su vida cotidiana y optará por quienes le ofrezcan esa posibilidad de la manera más accesible, inmediata y sostenible”, explicó el experto.
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Una fuente de la PNB consultada para esta investigación reveló que, desde la intervención del barrio, en el año 2021, los policías desplegados en la Cota 905 dependen directamente de la dirección del cuerpo policial. El mayor general Elio Estrada Paredes ha dirigido la PNB desde 2019 hasta julio de este año, cuando Nicolás Maduro lo nombró comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. Ahora, el general de brigada Rubén Santiago Servigna está al mando de la policía nacional.
Fuentes consultadas para esta investigación añadieron que el alto gobierno está al tanto de todo lo que ocurre en la Cota 905. De hecho, en marzo de este año un grupo de embajadores asistió al barrio para participar en un evento cultural organizado por la comunidad. Fueron acosados por policías y uno de los diplomáticos recibió la llamada telefónica de una alta funcionaria del gobierno de Maduro que le advirtió que no podían entrar a la Cota 905 sin su autorización.
Se solicitaron entrevistas con el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, al igual que con el exdirector de la PNB, Estrada Paredes, y el actual jefe del cuerpo policial, Santiago Servigna. Para el momento de esta publicación no se habían obtenido respuestas.
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Vecinos de la Cota 905 entrevistados para este trabajo temen que los abusos policiales que se registran en el barrio puedan propiciar el nacimiento de otra banda criminal, como una respuesta ante los excesos de la PNB.
En 2015, cuando la megabanda controlaba la zona, representantes del gobierno nacional llegaron a reunirse con sus líderes para la implementación de una “zona de paz”, un experimento con el que Maduro intentó controlar la violencia en varios barrios del país. Pero la “zona de paz” terminó siendo la repartición de la Cota 905 entre el “Koki”, “Vampi” y “Garbis”.
Pese al acuerdo entre la banda y el gobierno, poco después ocurrió la primera incursión de la cuestionada Operación de Liberación del Pueblo (OLP) en esa comunidad, que terminó con un saldo de 14 muertos y desencadenó allanamientos ilegales por parte de uniformados, robos a viviendas y a vecinos, además de decenas de detenciones arbitrarias. La megabanda mantuvo el control del barrio después de la OLP, y durante los dos años siguientes, los habitantes de la Cota 905 cuentan que fueron acosados por los policías, quienes los detenían en alcabalas cercanas y los amedrentaban por vivir en una comunidad tomada por delincuentes.
El coordinador general de la oenegé Cecodap, Carlos Trapani, recalcó que la consolidación de la megabanda en la Cota 905 no fue decisión de sus vecinos. “La comunidad fue víctima porque ejercían un control social sobre ellos, el cual tuvo un costo vinculado a la muerte, extorsión, miedo y desaparición”, indicó.
Hoy las bandas criminales ya no controlan la zona, pero aún así la comunidad sigue sometida al control de un grupo armado, que los extorsiona, simula delitos y los priva ilegalmente de su libertad. “El futuro de la comunidad está en veremos porque no queremos los focos de malandraje de antes, pero la juventud se está perdiendo porque, por culpa de esos mismos mafiosos policías, los muchachos se meten a malandros”, lamentó Jaime.
Si le interesa conocer más sobre las denuncias de los habitantes de la Cota 905, puede ingresar acá al especial multimedia.
—
* Nota: Los nombres de las personas entrevistadas para este reportaje han sido cambiados para resguardar su seguridad. Durante el proceso de investigación, el equipo periodístico se dirigió a la Defensoría del Pueblo para indagar si este organismo recibió denuncias de extorsión en la Cota 905. En el lugar, un funcionario confirmó la recepción de denuncias por violación de DD.HH de parte de habitantes de esta barriada, pero no precisó si se trataban de las extorsiones que se precisan en este reportaje.
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