¿Hubo doble rasero en la respuesta internacional a las crisis de Perú y Brasil?

Lejos de normalizar sus crisis políticas, en Brasil y Perú los gobiernos de turno siguen enfrentando un panorama complicado. En ambos países las calles siguen siendo el escenario más alarmante en el que se manifiesta el descontento.

En Perú, mientras el expresidente Pedro Castillo sigue preso y la Fiscalía de ese país anuncia investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte, esta semana la cifra de muertos en incidentes de orden público asciende a 47. La principal consigna de los huelguistas, el pedido de dimisión a Boluarte.

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Mientras tanto, en Brasil el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva reforzó la seguridad en los edificios de las instituciones brasileñas previniendo nuevas manifestaciones por parte de los simpatizantes de derecha que asaltaron la sede del Congreso el último fin de semana.

Con el mundo pendiente del desarrollo de las crisis y aunque en ambos casos es la ciudadanía de ambas naciones la que sufre las mayores consecuencias, pues es la que pone los muertos —como en el caso de Perú—, las dos situaciones son completamente diferentes. Por esto mismo, las reacciones de distintos sectores no ha sido igual con ambos países.

En Brasil lo que ocurrió fue un intento de golpe de estado, una turba de manifestantes que se tomaron la sede del Congreso, emulando lo sucedido en Estados Unidos con el asalto al Capitolio por parte de simpatizantes de Donald Trump el 6 de enero de 2021.

“Las instituciones brasileñas respondieron rápidamente de acuerdo con la ley, etcétera. Por eso en este caso la respuesta internacional ha sido muy positiva, yo diría. Ha sido una condena unánime y es muy importante porque ha venido de todos, gobiernos de derecha o de izquierda”, afirmó César Muñoz, investigador de las Américas en Human Rights Watch.

No hay discusión en la respuesta de la comunidad internacional. Como lo catalogó Joe Biden, se trató de un atentado a la democracia y la reacción natural fue blindar al gobierno de Lula, apenas posesionado el 1.° de enero.

En contraste con el caso brasileño, en Perú hay un factor que comienza a marcar las diferencias en los contextos, y es el intento de irrupción al orden constitucional por parte del expresidente Castillo al tratar de disolver el Congreso de ese país, que respondió destituyéndolo, mientras que la Fiscalía peruana continuó con investigaciones en su contra por corrupción.

Hoy Castillo sigue detenido y enfrenta una condena preventiva de 18 meses de prisión, pero la reacción que provocó su autogolpe de Estado sí generó divisiones, a diferencia de la unanimidad con que se acogió el respaldo a Lula.

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Con un espacio para interpretaciones, hubo posiciones encontradas en el respaldo que recibió Castillo, como por ejemplo el de Gustavo Petro, en conjunto con los presidentes de Bolivia, México y Argentina, quienes aseguraron que el exmandatario peruano fue “objeto de un tratamiento judicial violatorio”, en un proceso donde “se ha conculcado el derecho a elegir y ser elegido”, como afirmó el presidente de Colombia en sus redes sociales.

La petición de los presidentes generó rechazo de otros exmandatarios de la región, como el colombiano Andrés Pastrana y Mauricio Macri (expresidente de Argentina). En un documento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidieron que se rechazaran las propuestas de los mandatarios que apoyaron a Castillo por entrometerse en “asuntos internos del régimen constitucional peruano”. Esta misma posición tuvo el Congreso peruano y el gobierno de Boluarte, a través de su canciller, que también rechazaron las declaraciones de Petro y compañía.

“Hay una ambigüedad de Petro, de Andrés Manuel López Obrador (presidente de México), porque cuando se refieren a Castillo, muchas veces se utiliza la palabra ‘presidente’. Hay un comunicado que firman Bolivia, Argentina, México y Colombia que dice ‘el presidente Castillo’, o sea, no reconocen a Boluarte cuando en realidad, a Castillo no le violaron el debido proceso. Se equivocó, hizo un autogolpe y lo destituyeron. No se puede comparar con los casos de Fernando Lugo (en Paraguay) o Dilma Rouseff (en Brasil), a quienes sí se les destituyó violándoles el debido proceso”, afirma Mauricio Jaramillo, docente de la Facultad de Estudios Internacionales de la Universidad del Rosario.

Dentro de las peticiones de Petro a la CIDH estaba aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos, que busca “respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción” y la cual reconocen tanto Perú como Colombia.

Sin embargo, para Muñoz, un aspecto que se ha destacado ha sido la independencia de las instituciones de Perú a la hora de tratar el caso.

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“Es el sistema judicial peruano el que tiene que avanzar en los procesos contra Castillo. Hasta ahora no hemos visto evidencia de violaciones en el debido proceso, eso va a tener que ser una determinación del propio sistema de justicia peruano, que ciertamente tiene toda la capacidad para abordar ese tema”, afirmó.

Sin embargo, Jaramillo afirma que Petro sí tendría razón al asegurar que a Castillo se le están violando derechos: “Tiene encima una condena sin que un juez haya dicho que el señor es culpable, entonces obviamente están violando el derecho. Yo creo que Castillo es un preso político por eso, pero no creo que sea el presidente del Perú, es un tecnicismo muy complicado”.

Lo que sigue es esperar que se calmen las aguas en Brasil y que en Perú encuentren una salida pronta, pues Jaramillo también afirma que uno de los problemas es que Boluarte aproveche la conmoción para atornillarse en el poder.

Como comunidad internacional, es difícil pedir que se realicen en un determinado plazo elecciones, pues sería, como se le criticó a Petro, una intromisión en el régimen constitucional peruano. Por el momento, el Congreso de Perú votó en diciembre pasado adelantar las elecciones para julio de 2024, decisión que, sin embargo, no calmó las protestas en las calles.

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Sin embargo, una de las conclusiones claves de la respuesta internacional a estos casos, como afirma Muñoz, es que los diferentes actores reaccionen sin un doble rasero.

“Que se defiendan los derechos humanos de una forma coherente, sin importar la ideología del gobierno, que o los movimientos que los violan. Lo que no podemos hacer es cerrar los ojos a los abusos cometidos en países gobernados por movimientos de cierta tendencia política, que es exactamente lo que hizo Jair Bolsonaro, que se hacía fotos con el Viktor Orban (primer ministro de Hungría, acusado de promover reformas antidemocráticas) y era muy amigo de Trump. O sea, hizo caso omiso a violaciones de derechos cuando el que las hace es de derecha mientras criticaba duramente a gobiernos de izquierda como Cuba, Nicaragua y Venezuela”, concluyó.

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Lejos de normalizar sus crisis políticas, en Brasil y Perú los gobiernos de turno siguen enfrentando un panorama complicado. En ambos países las calles siguen siendo el escenario más alarmante en el que se manifiesta el descontento.

En Perú, mientras el expresidente Pedro Castillo sigue preso y la Fiscalía de ese país anuncia investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte, esta semana la cifra de muertos en incidentes de orden público asciende a 47. La principal consigna de los huelguistas, el pedido de dimisión a Boluarte.

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Mientras tanto, en Brasil el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva reforzó la seguridad en los edificios de las instituciones brasileñas previniendo nuevas manifestaciones por parte de los simpatizantes de derecha que asaltaron la sede del Congreso el último fin de semana.

Con el mundo pendiente del desarrollo de las crisis y aunque en ambos casos es la ciudadanía de ambas naciones la que sufre las mayores consecuencias, pues es la que pone los muertos —como en el caso de Perú—, las dos situaciones son completamente diferentes. Por esto mismo, las reacciones de distintos sectores no ha sido igual con ambos países.

En Brasil lo que ocurrió fue un intento de golpe de estado, una turba de manifestantes que se tomaron la sede del Congreso, emulando lo sucedido en Estados Unidos con el asalto al Capitolio por parte de simpatizantes de Donald Trump el 6 de enero de 2021.

“Las instituciones brasileñas respondieron rápidamente de acuerdo con la ley, etcétera. Por eso en este caso la respuesta internacional ha sido muy positiva, yo diría. Ha sido una condena unánime y es muy importante porque ha venido de todos, gobiernos de derecha o de izquierda”, afirmó César Muñoz, investigador de las Américas en Human Rights Watch.

No hay discusión en la respuesta de la comunidad internacional. Como lo catalogó Joe Biden, se trató de un atentado a la democracia y la reacción natural fue blindar al gobierno de Lula, apenas posesionado el 1.° de enero.

En contraste con el caso brasileño, en Perú hay un factor que comienza a marcar las diferencias en los contextos, y es el intento de irrupción al orden constitucional por parte del expresidente Castillo al tratar de disolver el Congreso de ese país, que respondió destituyéndolo, mientras que la Fiscalía peruana continuó con investigaciones en su contra por corrupción.

Hoy Castillo sigue detenido y enfrenta una condena preventiva de 18 meses de prisión, pero la reacción que provocó su autogolpe de Estado sí generó divisiones, a diferencia de la unanimidad con que se acogió el respaldo a Lula.

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Con un espacio para interpretaciones, hubo posiciones encontradas en el respaldo que recibió Castillo, como por ejemplo el de Gustavo Petro, en conjunto con los presidentes de Bolivia, México y Argentina, quienes aseguraron que el exmandatario peruano fue “objeto de un tratamiento judicial violatorio”, en un proceso donde “se ha conculcado el derecho a elegir y ser elegido”, como afirmó el presidente de Colombia en sus redes sociales.

La petición de los presidentes generó rechazo de otros exmandatarios de la región, como el colombiano Andrés Pastrana y Mauricio Macri (expresidente de Argentina). En un documento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidieron que se rechazaran las propuestas de los mandatarios que apoyaron a Castillo por entrometerse en “asuntos internos del régimen constitucional peruano”. Esta misma posición tuvo el Congreso peruano y el gobierno de Boluarte, a través de su canciller, que también rechazaron las declaraciones de Petro y compañía.

“Hay una ambigüedad de Petro, de Andrés Manuel López Obrador (presidente de México), porque cuando se refieren a Castillo, muchas veces se utiliza la palabra ‘presidente’. Hay un comunicado que firman Bolivia, Argentina, México y Colombia que dice ‘el presidente Castillo’, o sea, no reconocen a Boluarte cuando en realidad, a Castillo no le violaron el debido proceso. Se equivocó, hizo un autogolpe y lo destituyeron. No se puede comparar con los casos de Fernando Lugo (en Paraguay) o Dilma Rouseff (en Brasil), a quienes sí se les destituyó violándoles el debido proceso”, afirma Mauricio Jaramillo, docente de la Facultad de Estudios Internacionales de la Universidad del Rosario.

Dentro de las peticiones de Petro a la CIDH estaba aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos, que busca “respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción” y la cual reconocen tanto Perú como Colombia.

Sin embargo, para Muñoz, un aspecto que se ha destacado ha sido la independencia de las instituciones de Perú a la hora de tratar el caso.

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“Es el sistema judicial peruano el que tiene que avanzar en los procesos contra Castillo. Hasta ahora no hemos visto evidencia de violaciones en el debido proceso, eso va a tener que ser una determinación del propio sistema de justicia peruano, que ciertamente tiene toda la capacidad para abordar ese tema”, afirmó.

Sin embargo, Jaramillo afirma que Petro sí tendría razón al asegurar que a Castillo se le están violando derechos: “Tiene encima una condena sin que un juez haya dicho que el señor es culpable, entonces obviamente están violando el derecho. Yo creo que Castillo es un preso político por eso, pero no creo que sea el presidente del Perú, es un tecnicismo muy complicado”.

Lo que sigue es esperar que se calmen las aguas en Brasil y que en Perú encuentren una salida pronta, pues Jaramillo también afirma que uno de los problemas es que Boluarte aproveche la conmoción para atornillarse en el poder.

Como comunidad internacional, es difícil pedir que se realicen en un determinado plazo elecciones, pues sería, como se le criticó a Petro, una intromisión en el régimen constitucional peruano. Por el momento, el Congreso de Perú votó en diciembre pasado adelantar las elecciones para julio de 2024, decisión que, sin embargo, no calmó las protestas en las calles.

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Sin embargo, una de las conclusiones claves de la respuesta internacional a estos casos, como afirma Muñoz, es que los diferentes actores reaccionen sin un doble rasero.

“Que se defiendan los derechos humanos de una forma coherente, sin importar la ideología del gobierno, que o los movimientos que los violan. Lo que no podemos hacer es cerrar los ojos a los abusos cometidos en países gobernados por movimientos de cierta tendencia política, que es exactamente lo que hizo Jair Bolsonaro, que se hacía fotos con el Viktor Orban (primer ministro de Hungría, acusado de promover reformas antidemocráticas) y era muy amigo de Trump. O sea, hizo caso omiso a violaciones de derechos cuando el que las hace es de derecha mientras criticaba duramente a gobiernos de izquierda como Cuba, Nicaragua y Venezuela”, concluyó.

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