El Senado francés aprobó el proyecto de ley de inmigración en una versión endurecida con respecto a la del gobierno, que ahora la presentará a la Asamblea Nacional a partir del 11 de diciembre.
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Los senadores, dominados por una alianza entre la derecha y los centristas, votaron 210 a 115 a favor de este texto de ley, después de reforzar numerosas medidas de su vertiente represiva, destinadas a facilitar las expulsiones de extranjeros “delincuentes” y simplificar los procedimientos de expulsión. La idea, según el gobierno, era mejorar la integración de aquellos extranjeros que ya vivan en suelo francés, pero este proyecto aprobado ayer cierra cualquier opción de integrarse.
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Una de las propuestas iniciales, de las que quedó poco y nada, era regularizar a los inmigrantes sin papeles que trabajan en sectores como la hotelería o la construcción; pero esa opción quedó en nada, pues serán las autoridades locales las que analicen cada caso particular.
Los legisladores endurecieron también los criterios de reagrupación familiar y de acceso a la nacionalidad. Los niños que hayan nacido en Francia, pero con padres extranjeros, ya no tendrán la nacionalidad automática cuando cumplan la mayoría de edad.
Se introdujeron medidas para expulsar más fácilmente a los que cometan delitos, eliminando algunas de las protecciones de las que se beneficiaban, por ejemplo, los que habían llegado a territorio francés con menos de 13 años. No se les podía echar y, a partir de ahora, será posible si han cometido algún delito. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, cree que esto permitirá expulsar a 4.000 extranjeros delincuentes cada año.
Otra de las medidas más criticadas es la eliminación del sistema de ayuda médica del estado para los que no tienen sus papeles en orden. Ahora habrá una ayuda médica de urgencia, reservada para enfermedades graves, vacunas y cuidados básicos para embarazadas, por ejemplo. Condicionaron también las ayudas sociales para los extranjeros a contar con cinco años de residencia.
Las asociaciones de ayuda a los migrantes se dijeron “escandalizadas” por este “festival de los horrores” y llamaron a la Asamblea Nacional, que inicia el examen de la reforma el 11 de diciembre, a dar marcha atrás a este endurecimiento de la política migratoria por el Senado.
El oficialismo se encuentra dividido. Aunque el ministro del Interior, Gérald Darmanin, celebró un proyecto “enriquecido” por el Senado, el diputado Sacha Houlié, representante de la corriente de centro-izquierda, dijo que restablecerían “el proyecto inicial”.
Ante las críticas de la ultraderecha, el gobierno busca con esta reforma, que agiliza las expulsiones, demostrar “firmeza” contra la inmigración, pero carece de la mayoría necesaria en el Parlamento bicameral para sacarlo adelante sin cambios.
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