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Este domingo se celebrará la elección intermedia más importante de las últimas décadas. Se renovará por completo la Cámara Baja y todas las entidades del país tendrán elecciones locales concurrentes con la federal. Se disputan 20.415 cargos en total: 500 diputaciones federales, 15 gubernaturas, 1.923 ayuntamientos, 1.063 diputaciones locales y 14.222 regidurías, además de concejalías, sindicaturas, juntas municipales y presidencias de comunidad.
En esta contienda, las estrategias de competencia de los partidos políticos son diferentes de las estrategias a escala subnacional y las opciones para la Cámara de diputados federal se reducen debido a las coaliciones. Por un lado se encuentra Morena-PT-PVEM, el partido de gobierno sumado a partidos menores, que mantiene una ventaja, y por otro PAN-PRI-PRD, coalición de los tres principales partidos que se habían disputado el poder durante los últimos treinta años en México, lo cual es una especie de ensayo de lo que veremos para 2024. Por su parte, el partido Movimiento Ciudadano optó por ir solo para fortalecer su identidad para el 2024, al igual que los partidos de reciente creación debido que así los obliga la legislación.
La finalidad a corto plazo de estos últimos es mantener el registro nacional, aunque lo más probable es que, a pesar de sus estrategias por posicionar candidatos famosos sin trayectoria política —actores, deportistas, luchadores y personajes reconocidos—, no logren mantenerlo. Cabe señalar que, aunque la estrategia de posicionar a famosos no es nueva ni exclusiva de algún partido, fue la apuesta de los nuevos partidos, ya que no cuentan con fondos ni espacio en medios de comunicación para competir en igualdad de condiciones con los demás.
En este sentido, las estrategias de competencia de los partidos a escala subnacional van en relación con las condiciones de competencia local de cada partido, razón por la que vemos todas las combinaciones de coaliciones posibles. Esto, sin embargo, genera el riesgo de que los ciudadanos puedan confundirse a la hora de votar, como ya ha pasado en procesos anteriores.
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Las elecciones más incluyentes
Por primera vez habrá en México paridad de género en las candidaturas en todos los cargos de elección popular, incluidas las presidencias municipales y gubernaturas, espacios que hasta ahora habían sido casi exclusivos para hombres.
Actualmente, solo dos mujeres ocupan la titularidad del poder Ejecutivo en los estados en contraste con treinta entidades donde los titulares son hombres. Este no es un tema menor, porque en caso de confirmarse las tendencias en la intención de voto, al menos cinco mujeres estarían ocupando estos espacios, lo que ayudaría a derribar los prejuicios de género que se ven reflejados en el incremento de la violencia hacia las mujeres en el ámbito político. El último informe del Instituto Nacional Electoral (INE) reporta 108 quejas sobre faltas o delitos que pueden constituir violencia en razón de género.
Otras acciones afirmativas que se aprobaron y que, por supuesto, no han estado exentas de la resistencia y violencia por parte de los propios actores políticos, son las que garantizan espacios de representación a grupos que históricamente han sido vulnerables. Entre ellos las personas indígenas, afrodescendientes, con alguna discapacidad y de la comunidad LGBTTTIQ+.
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La violencia en la política electoral
Según el reporte de la Consultoría Etellekt, el proceso electoral 2020-2021 es ya “el segundo más violento desde el 2000”. A unos días de la jornada electoral, México suma 89 asesinatos de políticos y 782 agresiones contra candidatos, políticos y familiares o colaboradores de estos.
Se precisa también que la violencia se intensifica en el ámbito municipal, donde incluso se puede decir que hay lugares donde no existen las condiciones básicas para ejercer libremente los derechos políticos y, a pesar de ello, habrá elecciones.
Las misiones de observación electoral internacional han señalado la violencia política como uno de los mayores retos para las elecciones. Más que la propia contingencia sanitaria, ya que las autoridades electorales han demostrado su capacidad para implementar protocolos con excelentes resultados en las elecciones locales del 2020 en Coahuila e Hidalgo.
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Lo que se espera este 6 de junio
A medida que se acerca la elección se intensifican las malas prácticas electorales. Abundan las noticias falsas, encuestas manipuladas, simuladores de “voto útil” y hasta campañas pagadas en favor del abstencionismo y el voto nulo, que buscan influir o manipular la decisión de los votantes. Ninguna de estas prácticas es nueva, pero en condiciones de pandemia estas podrían tener un efecto mayor.
Otra variable que no favorece la participación es el antecedente de que los mexicanos participan menos en elecciones intermedias; sin embargo, no se había tenido una elección intermedia con tantos cargos en juego, razón que podría incentivar a los ciudadanos para salir a votar.
Otro aspecto destacable es que desde el inicio del proceso electoral se han intensificado las tensiones entre el partido en el gobierno y los consejeros del INE. Por lo que es muy posible que existan conflictos poselectorales si los resultados no favorecen a los candidatos de Morena, especialmente en Guerrero y Michoacán.
Para la “cuarta transformación” que impulsa López Obrador, son de suma importancia los resultados electorales, dado que influirán en su proyecto para los siguientes tres años. Hasta ahora, entre la mayoría de las analistas electorales hay un consenso que predice que el partido gobernante disminuirá su número de curules en comparación con sus resultados en 2018.
Sin embargo, su estrategia de coalición con el Partido del Trabajo, y sobre todo con el Partido Verde, le dará las suficientes curules para obtener la mayoría absoluta (50 + 1) y acercarse a una mayoría calificada (2/3) del Congreso. Esto se podría asegurar incluso con el transfuguismo legislativo, que es cuando los legislador cambia de partido durante su cargo. Aunado a esto, Morena será el partido con mayor número de gubernaturas: trece o catorce, según las tendencias.
En caso de volverse realidad este escenario, el partido oficialista tendría todas las posibilidades para impulsar cambios constitucionales, mientras que la oposición tendría que afinar una coalición más amplia para las elecciones de 2024.
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*Alejandra Salado es profesora e investigadora de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California, campus Tijuana. Máster y candidata a doctora en Estudios Sociales por la Universidad. Autónoma Metropolitana (UAM), campus Iztapalapa.
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