Las deportaciones en los Estados Unidos (Análisis)
El temor invade a la comunidad inmigrante en los Estados Unidos con la próxima posesión del presidente electo Donald Trump, una de cuyas banderas políticas ha sido el anuncio de deportaciones masivas y el endurecimiento de las políticas de inmigración.
Víctor Alarcón Zambrano, especial para El Espectador
Se acerca la hora cero para el cambio de mando en la unión americana y millones de extranjeros sin permanencia legal en el país cuentan las horas de pánico que les produce la amenaza del nuevo presidente de deportar hasta un millón y medio en su primer año y hasta 10 millones en su periodo.
El tema de las deportaciones, y con ello el endurecimiento de las políticas de inmigración, ha sido una de las banderas del entonces candidato y ahora presidente electo. Trump ha anunciado que en su primer día de mandato deportará a miles de inmigrantes y que en su periodo ocurrirá la más grande deportación en la historia del país, bajo la denominada “Operación Aurora”.
Para lograrlo, invocará en su propósito el cumplimiento de la una ley de 1798, llamada “Acto contra el enemigo extranjero”, una ley de guerra que le permite deportar a un extranjero al considerarlo enemigo del país.
Trump ha dicho que los países que no colaboren, que no acepten a sus deportados, estarán sujetos a sanciones como la no expedición de visas o el aumento de aranceles.
“Países como México (lo dijo con nombre propio) nos envían ladrones, criminales, analfabetas y han convertido a nuestro país en una basura”, dijo Trump en varias ocasiones. México ha rechazado y condenado estas afirmaciones y ha manifestado tener un plan especial para recibir a sus conciudadanos. Su presidenta, Claudia Sheinbaum, ha convocado una reunión urgente de cancilleres de América Latina.
A este pronunciamiento mexicano se suma la primera reacción fuerte y pública de una nación amiga y aliada. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dijo: “Si esto ocurre, expulsaré la base militar que desde hace tiempos tiene Estados Unidos en mi país, sin pagar un solo centavo”.
Durante su primer mandato, la construcción del muro en la frontera con México fue su bandera, y su política de mano dura se reflejó en hechos que resultaron en la dolorosa separación de miles de familias. En ese proyecto lo acompañaron dos personas recalcitrantemente anti-inmigrantes y que vuelven a su equipo de gobierno: Tomas Homan, nuevo “zar de la frontera”, y Stephen Miller, miembro de su gabinete. Estos dos fueron los creadores del criminal sistema de separación de familias y ya han anunciado que, para evitar el dolor de separar los menores de sus padres, se deportará la familia entera, algo que conllevaría a deportar inclusive a ciudadanos estadounidenses miembros de la familia.
Miller, por su parte, ha anunciado que para acelerar los procesos de deportación declarará emergencia sanitaria porque los extranjeros ilegales son “una amenaza a la salud de los americanos”.
La nueva política de Trump es “cerrar la frontera”, y el 53 % de los americanos lo respaldan y el 47 % lo rechazan, según encuestas. Lo cierto es que, a pesar de todo, Trump deportó menos personas que Obama (el que más ha deportado) y Biden.
Las posibilidades reales de deportación masiva
Pero ante la ley y la opinión su nueva política de terror contra los inmigrantes no será muy fácil de implantar. Es posible que teóricamente logre grandes objetivos durante sus primeros dos años de gobierno porque tiene amplia mayoría y respaldo en Senado, Cámara y altos tribunales donde asientan sus nominados, pero esto podría cambiar con el resultado en las elecciones de mitaca, en dos años. Con todo, aun si sale ganador en ellas, hay temas cruciales que le harán casi imposible cumplir con sus amenazas.
Primero, la Constitución, más la ley de amparo a los derechos de los inmigrantes y, quizás lo definitivo, los fondos necesarios para costear el proyecto. El país está en crisis económica, las arcas federales están en números rojos y la ausencia de los inmigrantes en mercados tan importantes como la agricultura, la construcción, el turismo, la hotelería, los cuidados personales y otros campos causarían una recesión tal que afectaría negativamente el PIB en por lo menos un 6 %, según expertos.
Hay consenso general en que existen problemas nacionales más graves que la inmigración. Hay escasez de vivienda, de profesores, de conductores de camiones, de mano de obra calificada en muchas actividades básicas y además los americanos son proporcionalmente más violadores de la ley que los foráneos. Detener a miles de personas implica construir centros de detención, más personal de seguridad y sistemas de vigilancia. Deportarlos es otro gran gasto y esos dineros se sustraen de invertir en otras necesidades del estado.
Y por si fuera poco, el nuevo presidente no tiene respaldo unánime de los estados de la unión. California, Colorado, Illinois y Texas han declarado públicamente no estar de acuerdo con las nuevas políticas. Texas es muy importante, pues allí están instalados centros de inmigrantes muy numerosos y su economía depende en gran parte, como en otros estados sureños y costeros, de la mano de obra ilegal en varios campos.
Jefes de policía a través del país han anunciado su rechazo a esta política que según ellos les quita tiempo que deben utilizar en su lucha contra la inseguridad, el tráfico humano, el narcotráfico, el robo y el crimen en general. La policía no se puede convertir en agente de inmigración, opinan. En universidades, ya se han creado centros de ayuda de emergencia para los amenazados y el único gran centro de importancia que ha respaldado las intenciones de Trump es la ciudad de Nueva York, donde su alcalde, Eric Adam, anunció que derogaba la ley de amparo al inmigrante y se puso del lado de Trump.
El resultado de tanta palabrería y amenaza al inmigrante está causando una ola de inseguridad y miedo en esa población. Muchos ya piensan en abandonar el país para evitar el proceso y la humillación personal de sentirse juzgado, rechazado y declarado inaceptable para reingreso futuro. La realidad del regreso de futuras crueles redadas en escuelas, colegios, hospitales, aeropuertos, centros comerciales, iglesias, retenes en vías, sitios de trabajo y hasta en las calles tienen desde ya un impacto negativo que colateralmente ayuda a Trump en su siniestro plan. Sencillamente, el temor y miedo e inseguridad que producen las amenazas que se repiten a diario en medios de comunicación, campañas publicitarias y en el boca a boca se traducen en una emigración sin la intervención del gobierno: “una deportación voluntaria”. Un favor gratis que se le hace al gobierno, y en este caso al nuevo presidente. Solo se necesita crear miedo, confusión y pánico para obtener un buen resultado, y Trump es un especialista en ello.
Historia de las deportaciones de los Estados Unidos
Haciendo un poco de historia, en 1800, más de 50.000 extranjeros fueron sacados a la fuerza del estado de Massachussets por razones económicas y religiosas. Fueron enviados a estados vecinos, a Canadá, o embarcados de vuelta a sus países. Fue la primera deportación masiva de la historia y el cimiento para la creación de leyes migratorias.
A finales del siglo XVII ya existían leyes federales para controlar la inmigración. Se incluyeron términos como “persona excluible o deportada”. En 1882, se prohibió el ingreso al país de ciudadanos asiáticos y chinos, específicamente. En 1917, luego de la revolución bolchevique en Rusia (y el comienzo de la primera guerra mundial), creció el sentimiento anti-comunista y se empezó a regular el ingreso de rusos y líderes políticos afines al comunismo. Este periodo se conoce como “el temor rojo”. El Congreso aprobó en 1918 una ley que castigaba por ilegal cualquier crítica a las políticas del gobierno durante la guerra. Se iniciaron redadas para castigar a los infractores, quienes identificados se expulsaban del país.
En la década del 30, durante la gran depresión, el presidente Herbert Hoover ordenó la deportación de cerca de un millón de mexicanos por ser carga pública y porque ocupaban el trabajo necesitado para los nacionales. Además, decretó que solo los blancos eran americanos, excluyendo otras razas, así fueran nacidos en el país.
Para 1935, el 35 % de la población de Los Ángeles casi desapareció ante la salida de los mexicanos. Sin embargo, el 60 % de los deportados eran ciudadanos americanos por nacimiento. Paradoja, en 1940, Estados Unidos aceptó bajo la denominación de “operación bracero” a 300.000 mexicanos por año para que trabajaran en estados del sur, principalmente en agricultura.
En 1950, el presidente Eisenhower ordenó la deportación de un millón de los mismos trabajadores aceptados en la “operación bracero”, enviándolos al mismo centro de México para impedir, al menos, su reingreso.
Y un hecho poco conocido, o al menos poco publicitado: el presidente con más deportaciones es Barack Obama. Su operación “Wetback” deportó más de tres millones de personas en sus ocho años de gobierno, aunque en honor a la verdad ha sido el único en deportar a través de audiencias en cortes de inmigración.
Y mientras esto ocurre, avanza actualmente por el territorio mexicano, con inicio en Chiapas, una nueva avalancha de miles de extranjeros con el propósito de ingresar por la frontera antes de la posesión de Trump. Y a nuestro Darién siguen llegando más y más “turistas” con el mismo fin.
Esperemos el resultado de las políticas del nuevo presidente en un país que mucha de su grandeza la debe a inmigrantes de todas partes del mundo. ¿Será que este tema provoca daño a las relaciones de Estados Unidos con sus amigos del sur? Ya lo dirá la historia.
* Periodista colombiano radicado hace años en los Estados Unidos.
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Se acerca la hora cero para el cambio de mando en la unión americana y millones de extranjeros sin permanencia legal en el país cuentan las horas de pánico que les produce la amenaza del nuevo presidente de deportar hasta un millón y medio en su primer año y hasta 10 millones en su periodo.
El tema de las deportaciones, y con ello el endurecimiento de las políticas de inmigración, ha sido una de las banderas del entonces candidato y ahora presidente electo. Trump ha anunciado que en su primer día de mandato deportará a miles de inmigrantes y que en su periodo ocurrirá la más grande deportación en la historia del país, bajo la denominada “Operación Aurora”.
Para lograrlo, invocará en su propósito el cumplimiento de la una ley de 1798, llamada “Acto contra el enemigo extranjero”, una ley de guerra que le permite deportar a un extranjero al considerarlo enemigo del país.
Trump ha dicho que los países que no colaboren, que no acepten a sus deportados, estarán sujetos a sanciones como la no expedición de visas o el aumento de aranceles.
“Países como México (lo dijo con nombre propio) nos envían ladrones, criminales, analfabetas y han convertido a nuestro país en una basura”, dijo Trump en varias ocasiones. México ha rechazado y condenado estas afirmaciones y ha manifestado tener un plan especial para recibir a sus conciudadanos. Su presidenta, Claudia Sheinbaum, ha convocado una reunión urgente de cancilleres de América Latina.
A este pronunciamiento mexicano se suma la primera reacción fuerte y pública de una nación amiga y aliada. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dijo: “Si esto ocurre, expulsaré la base militar que desde hace tiempos tiene Estados Unidos en mi país, sin pagar un solo centavo”.
Durante su primer mandato, la construcción del muro en la frontera con México fue su bandera, y su política de mano dura se reflejó en hechos que resultaron en la dolorosa separación de miles de familias. En ese proyecto lo acompañaron dos personas recalcitrantemente anti-inmigrantes y que vuelven a su equipo de gobierno: Tomas Homan, nuevo “zar de la frontera”, y Stephen Miller, miembro de su gabinete. Estos dos fueron los creadores del criminal sistema de separación de familias y ya han anunciado que, para evitar el dolor de separar los menores de sus padres, se deportará la familia entera, algo que conllevaría a deportar inclusive a ciudadanos estadounidenses miembros de la familia.
Miller, por su parte, ha anunciado que para acelerar los procesos de deportación declarará emergencia sanitaria porque los extranjeros ilegales son “una amenaza a la salud de los americanos”.
La nueva política de Trump es “cerrar la frontera”, y el 53 % de los americanos lo respaldan y el 47 % lo rechazan, según encuestas. Lo cierto es que, a pesar de todo, Trump deportó menos personas que Obama (el que más ha deportado) y Biden.
Las posibilidades reales de deportación masiva
Pero ante la ley y la opinión su nueva política de terror contra los inmigrantes no será muy fácil de implantar. Es posible que teóricamente logre grandes objetivos durante sus primeros dos años de gobierno porque tiene amplia mayoría y respaldo en Senado, Cámara y altos tribunales donde asientan sus nominados, pero esto podría cambiar con el resultado en las elecciones de mitaca, en dos años. Con todo, aun si sale ganador en ellas, hay temas cruciales que le harán casi imposible cumplir con sus amenazas.
Primero, la Constitución, más la ley de amparo a los derechos de los inmigrantes y, quizás lo definitivo, los fondos necesarios para costear el proyecto. El país está en crisis económica, las arcas federales están en números rojos y la ausencia de los inmigrantes en mercados tan importantes como la agricultura, la construcción, el turismo, la hotelería, los cuidados personales y otros campos causarían una recesión tal que afectaría negativamente el PIB en por lo menos un 6 %, según expertos.
Hay consenso general en que existen problemas nacionales más graves que la inmigración. Hay escasez de vivienda, de profesores, de conductores de camiones, de mano de obra calificada en muchas actividades básicas y además los americanos son proporcionalmente más violadores de la ley que los foráneos. Detener a miles de personas implica construir centros de detención, más personal de seguridad y sistemas de vigilancia. Deportarlos es otro gran gasto y esos dineros se sustraen de invertir en otras necesidades del estado.
Y por si fuera poco, el nuevo presidente no tiene respaldo unánime de los estados de la unión. California, Colorado, Illinois y Texas han declarado públicamente no estar de acuerdo con las nuevas políticas. Texas es muy importante, pues allí están instalados centros de inmigrantes muy numerosos y su economía depende en gran parte, como en otros estados sureños y costeros, de la mano de obra ilegal en varios campos.
Jefes de policía a través del país han anunciado su rechazo a esta política que según ellos les quita tiempo que deben utilizar en su lucha contra la inseguridad, el tráfico humano, el narcotráfico, el robo y el crimen en general. La policía no se puede convertir en agente de inmigración, opinan. En universidades, ya se han creado centros de ayuda de emergencia para los amenazados y el único gran centro de importancia que ha respaldado las intenciones de Trump es la ciudad de Nueva York, donde su alcalde, Eric Adam, anunció que derogaba la ley de amparo al inmigrante y se puso del lado de Trump.
El resultado de tanta palabrería y amenaza al inmigrante está causando una ola de inseguridad y miedo en esa población. Muchos ya piensan en abandonar el país para evitar el proceso y la humillación personal de sentirse juzgado, rechazado y declarado inaceptable para reingreso futuro. La realidad del regreso de futuras crueles redadas en escuelas, colegios, hospitales, aeropuertos, centros comerciales, iglesias, retenes en vías, sitios de trabajo y hasta en las calles tienen desde ya un impacto negativo que colateralmente ayuda a Trump en su siniestro plan. Sencillamente, el temor y miedo e inseguridad que producen las amenazas que se repiten a diario en medios de comunicación, campañas publicitarias y en el boca a boca se traducen en una emigración sin la intervención del gobierno: “una deportación voluntaria”. Un favor gratis que se le hace al gobierno, y en este caso al nuevo presidente. Solo se necesita crear miedo, confusión y pánico para obtener un buen resultado, y Trump es un especialista en ello.
Historia de las deportaciones de los Estados Unidos
Haciendo un poco de historia, en 1800, más de 50.000 extranjeros fueron sacados a la fuerza del estado de Massachussets por razones económicas y religiosas. Fueron enviados a estados vecinos, a Canadá, o embarcados de vuelta a sus países. Fue la primera deportación masiva de la historia y el cimiento para la creación de leyes migratorias.
A finales del siglo XVII ya existían leyes federales para controlar la inmigración. Se incluyeron términos como “persona excluible o deportada”. En 1882, se prohibió el ingreso al país de ciudadanos asiáticos y chinos, específicamente. En 1917, luego de la revolución bolchevique en Rusia (y el comienzo de la primera guerra mundial), creció el sentimiento anti-comunista y se empezó a regular el ingreso de rusos y líderes políticos afines al comunismo. Este periodo se conoce como “el temor rojo”. El Congreso aprobó en 1918 una ley que castigaba por ilegal cualquier crítica a las políticas del gobierno durante la guerra. Se iniciaron redadas para castigar a los infractores, quienes identificados se expulsaban del país.
En la década del 30, durante la gran depresión, el presidente Herbert Hoover ordenó la deportación de cerca de un millón de mexicanos por ser carga pública y porque ocupaban el trabajo necesitado para los nacionales. Además, decretó que solo los blancos eran americanos, excluyendo otras razas, así fueran nacidos en el país.
Para 1935, el 35 % de la población de Los Ángeles casi desapareció ante la salida de los mexicanos. Sin embargo, el 60 % de los deportados eran ciudadanos americanos por nacimiento. Paradoja, en 1940, Estados Unidos aceptó bajo la denominación de “operación bracero” a 300.000 mexicanos por año para que trabajaran en estados del sur, principalmente en agricultura.
En 1950, el presidente Eisenhower ordenó la deportación de un millón de los mismos trabajadores aceptados en la “operación bracero”, enviándolos al mismo centro de México para impedir, al menos, su reingreso.
Y un hecho poco conocido, o al menos poco publicitado: el presidente con más deportaciones es Barack Obama. Su operación “Wetback” deportó más de tres millones de personas en sus ocho años de gobierno, aunque en honor a la verdad ha sido el único en deportar a través de audiencias en cortes de inmigración.
Y mientras esto ocurre, avanza actualmente por el territorio mexicano, con inicio en Chiapas, una nueva avalancha de miles de extranjeros con el propósito de ingresar por la frontera antes de la posesión de Trump. Y a nuestro Darién siguen llegando más y más “turistas” con el mismo fin.
Esperemos el resultado de las políticas del nuevo presidente en un país que mucha de su grandeza la debe a inmigrantes de todas partes del mundo. ¿Será que este tema provoca daño a las relaciones de Estados Unidos con sus amigos del sur? Ya lo dirá la historia.
* Periodista colombiano radicado hace años en los Estados Unidos.
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