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En un informe publicado este lunes, la organización Human Rights Watch (HRW) denunció que el gobierno paquistaní ha expulsado al menos a 600.000 refugiados afganos (365.000 de ellos registrados como tales) de su país de manera ilegal y que Acnur, la agencia encargada de protegerlos, actuó como “cómplice” en dicho abuso.
Según la organización, desde julio de 2016 las autoridades paquistaníes han intimidado, abusado y violentado a los refugiados, que huyen del cruento conflicto en Afganistán. Las constantes reprimendas oficiales han obligado a familias enteras a volver a su país, a pesar de las evidentes amenazas a su supervivencia: de acuerdo con la misión de Naciones Unidas en Afganistán, 2016 fue el año más cruento para la población civil con casi 3.500 muertos y 7.920 heridos. Un migrante de 26 años, nacido en Kabul, contó a la organización que en julio pasado un comando del Ejército paquistaní entró a su hogar “sin preguntar y lanzó todas las cosas hacia el suelo. Ellos pidieron nuestras tarjetas de refugiados y dijeron que habían expirado. Entonces tomaron todo nuestro dinero y nos dijeron que nos fuéramos de Pakistán”.
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Esta es, según HRW, la expulsión en masa más grande de los últimos tiempos. Al menos 1.5 millones de afganos se han registrado como refugiados en Pakistán y otro millón vive sin documentación. El diario The Guardian, antes de la publicación del informe, estuvo en la frontera entre Pakistán y Afganistán y encontró numerosos relatos en que los refugiados habían sido expulsados e incluso sus contratos de arrendamiento habían sido anulados.
En medio de estos señalamientos al gobierno paquistaní, HRW acusa a Acnur, la agencia de Naciones Unidas encargada de proteger a los refugiados, de permitir las expulsiones e incluso “promoverlas”. “Al impulsar su programa de ‘repatriación voluntaria’ y al no exhortar de manera pública por el fin de estas prácticas violentas, la agencia de Naciones Unidas se ha convertido en cómplice del abuso masivo contra los refugiados en Pakistán”. HRW encontró que, desde junio del año pasado, la agencia dobló la ayuda monetaria que entrega a los refugiados (subió a US$400) y que este acto “fue esencial para persuadir a los refugiados para que escaparan de los abusos en Pakistán, aunque no podían volver a las áreas de conflicto donde tenían sus hogares o no tenían tierra ni casa a la cual volver”.
Para Gerry Simpson, uno de los encargados de la investigación de HRW, “la agencia debe terminar con la ficción de que el retorno masivo forzado de refugiados afganos desde Pakistán es, de hecho, retorno voluntario en masa. Si Acnur siente que darles dinero a los refugiados es la mejor manera de ayudarles a sobrevivir en Afganistán, debe dejar al menos claro que no considero su retorno como voluntario”. Representantes de Acnur han asegurado que el dinero no está dispuesto para promover la salida de los refugiados y dijeron que “no había duda de que los refugiados afganos tenían que tomar decisiones duras sobre cómo encontrarán lugares confiables en los cuales protegerse”. La organización ha dicho también que “da soporte a los refugiados que toman la decisión de volver basados en una consideración bien informada sobre sus mejores opciones”. La Organización Internacional para las Migraciones, en entrevista con The Guardian, dijo que Acnur ha defendido a los refugiados de manera privada para no “poner en peligro” su trabajo en campo.
Diversas organizaciones, entre ellas el Consejo Noruego para los Refugiados, pidieron a Acnur que detenga el proceso de repatriación hasta que estén seguros de que los migrantes vuelven a Afganistán por voluntad propia y no amenazados por las fuerzas de seguridad del gobierno paquistaní, que ha impuesto diciembre de este año como fecha límite para la salida de los migrantes. En marzo de este año, tras una pausa de tres meses, Acnur reiniciará la entrega de soportes económicos para los migrantes.