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Estados Unidos conmemora 17 años del ataque que cambió la historia reciente del país y que, según expertos, definió el futuro del siglo XXI y marcó un punto de inflexión en la geopolítica global. El 11 de septiembre de 2001, un grupo de terroristas de la organización Al Qaeda secuestró cuatro aviones comerciales que impactaron las Torres Gemelas de Nueva York y la sede del Pentágono en Virginia, símbolos de economía y seguridad estadounidenses, causando la muerte de 2.977 personas. Las imágenes de ese día permanecen frescas en la memoria de millones de personas que visualizaron un cambio de era en el mundo. La respuesta del gobierno del entonces presidente George W. Bush fue librar una “guerra contra el terrorismo” a nivel internacional, y su primer llamado fue a invadir Afganistán e Irak, donde, aseguraba, se escondían los terroristas que atentaron contra su nación. Lea también: Septiembre 11 de 2001: el día que el mundo cambió
El 7 de octubre de 2001, Estados Unidos comenzó la operación Libertad Duradera, para invadir y ocupar Afganistán, amparado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que invoca el derecho a la legítima defensa. El objetivo de la misión era encontrar a Osama bin Laden, líder del grupo Al Qaeda, junto con otros de sus integrantes, para llevarlos a juicio. Además se buscó derrocar el gobierno del emir Mulá Omar, quien, a juicio de Bush, escondía y cooperaba con el grupo terrorista.
Años después de la invasión, la operación se endureció con la cooperación internacional, sin resultados. Pronto, la violencia en territorio afgano se extendió a hospitales y escuelas y ocasionó miles de fatalidades. Estados Unidos, por otro lado, ha afrontado millonarios gastos por la guerra y, hasta 2017, 2.394 muertes de connacionales. Aunque el 2 de mayo de 2011 se cumplió el objetivo con la muerte de Bin Laden durante la administración de Barack Obama, las tropas estadounidenses permanecen en territorio asiático.
Durante la guerra, varias organizaciones, como Human Rights Watch, han reclamado una indagación a las operaciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de las fuerzas estadounidenses, por supuestas torturas a líderes yihadistas detenidos en Afganistán. En noviembre de 2017, la Corte Penal Internacional (CPI) solicitó una investigación de presuntos crímenes de guerra cometidos por las tropas de Estados Unidos en Afganistán. El gobierno estadounidense se opuso rotundamente a un examen del personal desplegado en territorio afgano, pues no contaría con “garantías” para el país. Vea aquí: 10 artículos para entender el 11 de septiembre de 2001
Este lunes, John Bolton, asesor de seguridad del presidente Donald Trump, amenazó a la CPI e incluso insinuó que tomarían medidas en la Organización de Naciones Unidas para restringir los poderes de este tribunal. “Si la corte va por nosotros, por Israel u otros aliados, no nos quedaremos callados”, afirmó Bolton. El consejero de Trump, que llegó al cargo en abril, calificó al organismo como “peligroso” y dijo que sus investigaciones constituyen un ataque a la soberanía del país. De manera directa amenazó con prohibir la entrada de jueces y fiscales de la CPI y de sancionar sus fondos en el sistema financiero de Estados Unidos, además de procesarlos en el sistema criminal estadounidense si llegasen a implementar una investigación. “Haremos lo mismo con cualquier compañía que coopere en una investigación de la CPI contra estadounidenses”, sentenció.
Según Bolton, “en teoría, la CPI responsabiliza a los autores de las atrocidades más indignantes por sus crímenes, les otorga justicia a las víctimas y disuade de futuros abusos. Sin embargo, en la práctica, la Corte ha sido ineficaz, no se hace responsable y de hecho ha sido francamente peligrosa”.
El 7 de octubre la guerra en Afganistán cumplirá 17 años y, pese a que ha contado con tres administraciones presidenciales diferentes, no hay una salida clara al conflicto. De igual manera, el conflicto en Irak, que comenzó en 2003, parece haberse reanudado sin un cronograma de salida. Entre tanto, los crímenes de guerra continúan sin ser investigados.
La amenaza de Estados Unidos a la CPI es el último de los desafíos de la administración Trump a las instituciones internacionales, pues ya ha abandonado el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el Acuerdo Climático de París, y amenazó con retirarse de la Organización Mundial de Comercio.