América Latina está enojada de mil maneras

Durante todo el año las protestas marcaron la agenda de América Latina. / EFE

El relato de una menor de 17 años conmocionó a México hace unos meses. La joven denunció que el pasado 3 de agosto, fue violada por una patrulla de policías en la Ciudad de México. De ahí en adelante una suma de errores gubernamentales desataron fuertes protestas en toda la capital mexicana. El tema resaltó nuevamente una tarea urgente en un país donde se asesinan a 10 mujeres al día, según cifras oficiales. Las manifestaciones sociales, que incluyeron a cientos de mujeres, hombres y representantes de organizaciones y colectivos feministas, sacudieron los puntos más importantes de la capital mexicana. "Desde luego hay que hacer una investigación. No estamos desatendiendo el problema. Casi todo el Gobierno está orientado en garantizar la paz", fueron las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien desde campaña prometió defender los derechos humanos.

Haití, una nación que a través de los años ha estado marcada por la inestabilidad política y económica, suele tomarse las calles. Sin embargo, este año las manifestaciones han sido más constantes. Una investigación reveló que funcionarios de alto nivel habían utilizado indebidamente cerca de 3.800 millones de dólares en préstamos de Petrocaribe de Venezuela y que el presidente Jovenel Moïse había estado involucrado. Los manifestantes acusan a Moise de haber colaborado con el mecanismo de corrupción que desvió el dinero proveniente de Venezuela. Exigen su salida del poder, mientras crece el desempleo, la falta de servicios básicos y el costo de vida es cada vez más alto.

El Las investigaciones de corrupción que rodean al presidente guatemalteco, Jimmy Morales y a su familia, reveladas en informes del Comité Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), han sido el detonante de numerosas marchas que reclaman desde hace tiempo su salida del gobierno. En septiembre, estudiantes y campesinos se tomaron 24 centros escolares para exigir la derogación de un acuerdo que Morales firmó con Estados Unidos para convertirse en receptor de migrantes. Una contradicción porque éste es uno de los países de donde más personas huyen hacia EE. UU. La falta de empleo y de oportunidades también movilizaron a los estudiantes. La calma está lejos de llegar: la aprobación de un decreto que permite reformas al Código Penal que beneficia a políticos procesados, entre otros presos, a reducir sus penas hasta en un 50%, despiertan malestar social.

El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, ha enfrentado numerosas manifestaciones a lo largo de este año en las que exigían su renuncia. Las protestas comenzaron en junio cuando un importante número de personas protestó contra dos decretos presidenciales que, según ellos, facilitaban la privatización de la salud y la educación. Estas protestas se intensificaron en agosto en medio del juicio por narcotráfico al hermano del presidente Hernández en Estados Unidos. Allí, un testigo afirmó que a través de su familiar entraron dineros ilícitos a su campaña presidencial, que culminó con su reelección en 2018. La gente pidió la renuncia del mandatario al considerar que se eligió de forma ilegítima.

El país centroamericano todavía resiente la crisis que se formó el año pasado tras el rechazo masivo a una serie de políticas que pretendía aplicar el presidente Daniel Ortega. Aunque el presidente revocó su decisión, las manifestaciones adquirieron otros matices y el gobierno respondió con represión. La crisis ha dejado al menos 566 muertos, centenares de prisioneros, decenas y miles de exiliados. Dentro de las principales demandas, los nicaragüenses reclaman un adelantamiento de las elecciones, algo a lo que se ha negado Ortega. Según el gobierno, hacerlo constituiría en un rompimiento del orden constitucional. Un año y medio después, los esfuerzos por encontrar una salida a la crisis parecen haberse estancado y el presidente parece decidido a quedarse más tiempo en el poder.

El presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso en el marco de una larga crisis política por casos de corrupción que involucraba a expresidentes, congresistas, fiscales y jueces. La decisión del mandatario fue criticada por los parlamentarios, que lo acusaron de extralimitarse. Sin embargo, el apoyo de los ciudadanos fue masivo y se dieron multitudinarias marchas en las calles para manifestarle el apoyo a Vizcarra. En un intento por recuperar el poder perdido, el Congreso en pleno nombró a la vicepresidenta Mercedes Araóz como “presidenta interina”, pero al estar suspendido sus acciones fueron nulas. La gente, por su parte, presionó a tal punto que Araóz renunció. Después del caos, Vizcarra anunció la convocatoria de elecciones legislativas el 26 de enero de 2020.

El anuncio de un aumento al pasaje del metro de Santiago provocó una erupción social en Chile. Los chilenos salieron a las calles no solo a rechazar el incremento en el pasaje, sino también el deterioro en su calidad de vida. Las protestas se tornaron violentas y se incrementaron por la respuesta gubernamental. El presidente Sebastián Piñera anunció que su país estaba “en guerra” y sacó a los militares a las calles. Los enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes aumentaron. Semanas después, el mandatario reconoció que se había equivocado y anunció una reforma constitucional para intentar calmar la movilización. La crisis ha dejado hasta el momento 23 muertos, más de 2.500 heridos y 6.200 arrestos.

La crisis venezolana, que ha forzado a cerca de 4 millones de personas a salir del país, adquirió este año un nuevo matiz con la autoproclamación del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente encargado. El opositor se convirtió en el nuevo rostro de la resistencia contra Nicolás Maduro y desde enero ha convocado a decenas de marchas para rechazar al gobierno chavista, acusado por las Naciones Unidas de violar sistemáticamente los derechos humanos. La marcha más numerosa se dio el 2 de febrero cuando miles de personas se agolparon en diferentes ciudades del país exigiendo la salida de Maduro. No obstante, con el pasar de los meses, la movilización ciudadana y el apoyo a la figura de Guaidó ha decrecido en las calles. Este sábado, contagiados por la movilización regional y cansados de los racionamientos y el alto costo de vida, los venezolanos volvieron a tomarse las calles.

En Ecuador la crisis empezó cuando el presidente Lenín Moreno eliminó los subsidios a los combustibles el pasado 2 de octubre. El resultado de la medida, basada en un polémico acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), fue devastador. En todo el país se desataron unas de las protestas más intensas en su historia, protagonizadas por estudiantes, indígenas, transportadores, y otros sectores de la sociedad. Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública escalaron hasta tal punto, que Moreno impuso el estado de excepción, toque de queda en Quito y envió a las Fuerzas Armadas a las calles para “preservar el orden”. Las cifras oficiales señalan que hubo al menos cuatro muertos, más de 850 heridos y más de mil detenidos. La presión social finalmente obligó al presidente a derogar el acuerdo con el FMI el 12 de octubre y negociar.

La conmoción social se venía cocinando a fuego lento en Bolivia. El detonante fueron las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre, cuando Evo Morales salió reelegido como presidente del país tras un polémico conteo de votos que la oposición calificó de fraude y cuya posición fue avalada posteriormente por la OEA. Aunque el exmandatario estaba dispuesto a una segunda vuelta en caso de que se demostraran las irregularidades en los comicios, ya era muy tarde para detener la fuerza de las protestas.

Al presidente argentino, Mauricio Macri, se le presentaron numerosas protestas sociales durante todo el año. Esto se debe a que la crisis económica del país golpea a todos los sectores de la sociedad argentina, sobre todo por la devaluación del peso y una inflación que ha superado el 53%. Los acuerdos alcanzados con el Fondo Internacional Monetario (FMI), que el año pasado concedió un crédito de US $56.300 millones de dólares a Argentina para paliar la crisis, fueron insuficientes y, durante el mandato del actual presidente, cuatro millones de personas terminaron en la pobreza.

Durante todo el año las protestas marcaron la agenda de América Latina. / EFE

El relato de una menor de 17 años conmocionó a México hace unos meses. La joven denunció que el pasado 3 de agosto, fue violada por una patrulla de policías en la Ciudad de México. De ahí en adelante una suma de errores gubernamentales desataron fuertes protestas en toda la capital mexicana. El tema resaltó nuevamente una tarea urgente en un país donde se asesinan a 10 mujeres al día, según cifras oficiales. Las manifestaciones sociales, que incluyeron a cientos de mujeres, hombres y representantes de organizaciones y colectivos feministas, sacudieron los puntos más importantes de la capital mexicana. "Desde luego hay que hacer una investigación. No estamos desatendiendo el problema. Casi todo el Gobierno está orientado en garantizar la paz", fueron las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien desde campaña prometió defender los derechos humanos.

Haití, una nación que a través de los años ha estado marcada por la inestabilidad política y económica, suele tomarse las calles. Sin embargo, este año las manifestaciones han sido más constantes. Una investigación reveló que funcionarios de alto nivel habían utilizado indebidamente cerca de 3.800 millones de dólares en préstamos de Petrocaribe de Venezuela y que el presidente Jovenel Moïse había estado involucrado. Los manifestantes acusan a Moise de haber colaborado con el mecanismo de corrupción que desvió el dinero proveniente de Venezuela. Exigen su salida del poder, mientras crece el desempleo, la falta de servicios básicos y el costo de vida es cada vez más alto.

El Las investigaciones de corrupción que rodean al presidente guatemalteco, Jimmy Morales y a su familia, reveladas en informes del Comité Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), han sido el detonante de numerosas marchas que reclaman desde hace tiempo su salida del gobierno. En septiembre, estudiantes y campesinos se tomaron 24 centros escolares para exigir la derogación de un acuerdo que Morales firmó con Estados Unidos para convertirse en receptor de migrantes. Una contradicción porque éste es uno de los países de donde más personas huyen hacia EE. UU. La falta de empleo y de oportunidades también movilizaron a los estudiantes. La calma está lejos de llegar: la aprobación de un decreto que permite reformas al Código Penal que beneficia a políticos procesados, entre otros presos, a reducir sus penas hasta en un 50%, despiertan malestar social.

El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, ha enfrentado numerosas manifestaciones a lo largo de este año en las que exigían su renuncia. Las protestas comenzaron en junio cuando un importante número de personas protestó contra dos decretos presidenciales que, según ellos, facilitaban la privatización de la salud y la educación. Estas protestas se intensificaron en agosto en medio del juicio por narcotráfico al hermano del presidente Hernández en Estados Unidos. Allí, un testigo afirmó que a través de su familiar entraron dineros ilícitos a su campaña presidencial, que culminó con su reelección en 2018. La gente pidió la renuncia del mandatario al considerar que se eligió de forma ilegítima.

El país centroamericano todavía resiente la crisis que se formó el año pasado tras el rechazo masivo a una serie de políticas que pretendía aplicar el presidente Daniel Ortega. Aunque el presidente revocó su decisión, las manifestaciones adquirieron otros matices y el gobierno respondió con represión. La crisis ha dejado al menos 566 muertos, centenares de prisioneros, decenas y miles de exiliados. Dentro de las principales demandas, los nicaragüenses reclaman un adelantamiento de las elecciones, algo a lo que se ha negado Ortega. Según el gobierno, hacerlo constituiría en un rompimiento del orden constitucional. Un año y medio después, los esfuerzos por encontrar una salida a la crisis parecen haberse estancado y el presidente parece decidido a quedarse más tiempo en el poder.

El presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso en el marco de una larga crisis política por casos de corrupción que involucraba a expresidentes, congresistas, fiscales y jueces. La decisión del mandatario fue criticada por los parlamentarios, que lo acusaron de extralimitarse. Sin embargo, el apoyo de los ciudadanos fue masivo y se dieron multitudinarias marchas en las calles para manifestarle el apoyo a Vizcarra. En un intento por recuperar el poder perdido, el Congreso en pleno nombró a la vicepresidenta Mercedes Araóz como “presidenta interina”, pero al estar suspendido sus acciones fueron nulas. La gente, por su parte, presionó a tal punto que Araóz renunció. Después del caos, Vizcarra anunció la convocatoria de elecciones legislativas el 26 de enero de 2020.

El anuncio de un aumento al pasaje del metro de Santiago provocó una erupción social en Chile. Los chilenos salieron a las calles no solo a rechazar el incremento en el pasaje, sino también el deterioro en su calidad de vida. Las protestas se tornaron violentas y se incrementaron por la respuesta gubernamental. El presidente Sebastián Piñera anunció que su país estaba “en guerra” y sacó a los militares a las calles. Los enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes aumentaron. Semanas después, el mandatario reconoció que se había equivocado y anunció una reforma constitucional para intentar calmar la movilización. La crisis ha dejado hasta el momento 23 muertos, más de 2.500 heridos y 6.200 arrestos.

La crisis venezolana, que ha forzado a cerca de 4 millones de personas a salir del país, adquirió este año un nuevo matiz con la autoproclamación del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente encargado. El opositor se convirtió en el nuevo rostro de la resistencia contra Nicolás Maduro y desde enero ha convocado a decenas de marchas para rechazar al gobierno chavista, acusado por las Naciones Unidas de violar sistemáticamente los derechos humanos. La marcha más numerosa se dio el 2 de febrero cuando miles de personas se agolparon en diferentes ciudades del país exigiendo la salida de Maduro. No obstante, con el pasar de los meses, la movilización ciudadana y el apoyo a la figura de Guaidó ha decrecido en las calles. Este sábado, contagiados por la movilización regional y cansados de los racionamientos y el alto costo de vida, los venezolanos volvieron a tomarse las calles.

En Ecuador la crisis empezó cuando el presidente Lenín Moreno eliminó los subsidios a los combustibles el pasado 2 de octubre. El resultado de la medida, basada en un polémico acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), fue devastador. En todo el país se desataron unas de las protestas más intensas en su historia, protagonizadas por estudiantes, indígenas, transportadores, y otros sectores de la sociedad. Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública escalaron hasta tal punto, que Moreno impuso el estado de excepción, toque de queda en Quito y envió a las Fuerzas Armadas a las calles para “preservar el orden”. Las cifras oficiales señalan que hubo al menos cuatro muertos, más de 850 heridos y más de mil detenidos. La presión social finalmente obligó al presidente a derogar el acuerdo con el FMI el 12 de octubre y negociar.

La conmoción social se venía cocinando a fuego lento en Bolivia. El detonante fueron las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre, cuando Evo Morales salió reelegido como presidente del país tras un polémico conteo de votos que la oposición calificó de fraude y cuya posición fue avalada posteriormente por la OEA. Aunque el exmandatario estaba dispuesto a una segunda vuelta en caso de que se demostraran las irregularidades en los comicios, ya era muy tarde para detener la fuerza de las protestas.

Al presidente argentino, Mauricio Macri, se le presentaron numerosas protestas sociales durante todo el año. Esto se debe a que la crisis económica del país golpea a todos los sectores de la sociedad argentina, sobre todo por la devaluación del peso y una inflación que ha superado el 53%. Los acuerdos alcanzados con el Fondo Internacional Monetario (FMI), que el año pasado concedió un crédito de US $56.300 millones de dólares a Argentina para paliar la crisis, fueron insuficientes y, durante el mandato del actual presidente, cuatro millones de personas terminaron en la pobreza.