Hace una semana un video se hizo viral. En el mismo, Ilhan Omar, representante a la cámara de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, asertivamente cuestiona al enviado especial de EE. UU. para Venezuela, Elliott Abrams. Específicamente, Omar le preguntó a Abrams –quien fue segundo al mando de la política interamericana de Reagan– cuál era su posición frente a la masacre de “El Mozote”. Durante la masacre, ocurrida en 1981, fuerzas militares salvadoreñas entrenadas y financiadas por los Estados Unidos asesinaron más de 1.200 ancianos, mujeres, niñas y niños como parte de la llamada “guerra sucia” en El Salvador.
Llama la atención que en Colombia poco o nada se ha dicho sobre Abrams y su rol en una posible intervención militar en Venezuela. En EE. UU., Abrams ha sido acusado de haber usado su poder para encubrir atrocidades cometidas durante la década de los ochenta por las fuerzas militares de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua con el fin de proteger intereses norteamericanos. Lo clave, y este era el punto de Omar, es que el prontuario de Abrams debería darle pausa al Congreso norteamericano al momento de autorizar una intervención militar en Venezuela.
Otra notable ausencia del debate público local son las excepciones a las sanciones económicas impuestas por el Departamento de Estado norteamericano contra Venezuela. Mientras la venta de petróleo venezolano a los Estados Unidos está prohibida, Chevron, Halliburton y al menos otras dos empresas norteamericanas con operaciones petroleras en Venezuela quedaron exentas, lo cual quiere decir que podrán seguir negociando petróleo en el país. Mientras la economía de Venezuela es estrangulada por la severidad de las sanciones, poderosas compañías multinacionales se benefician.
Justamente el Comité Internacional de la Cruz Roja y Naciones Unidas han señalado que la instrumentalización de la ayuda humanitaria por parte del gobierno Trump constituye otra forma de estrangular a Venezuela. El cerco diplomático que defiende el presidente Duque ha sido denunciado por las más importantes instituciones humanitarias a nivel global en tanto politiza los recursos humanitarios desfigurando su propósito: aliviar el impacto de la crisis política y económica para la población civil sin coadyuvar estrategias militares.
Pero más allá de la enumeración de los puntos ciegos de nuestro análisis ante una posible intervención ¿cómo explicar que en Colombia no estemos dando estas discusiones?
Sería equivocado pensar que esto se debe exclusivamente al sesgo de la prensa. Nuestra desinformación es sintomática de un problema más profundo. La dificultad para analizar la posibilidad de una intervención contextualizada en estructuras y relaciones de poder tiene que ver con nuestra identificación con prácticas coloniales e imperialistas.
Por un lado, la derecha colombiana y el gobierno del presidente Duque, en lugar de una crítica razonada al régimen de Nicolás Maduro y el apoyo a una estrategia para su salida negociada del poder, han reducido la situación de Venezuela a la de un Estado víctima de un tirano que necesita ser rescatado por otro supuestamente moralmente superior. Esa engañosa lógica colonial también es clave para explicar la xenofobia contra los venezolanos y la amenaza que representa la supuesta “venezualización” de Colombia. Se trata de operaciones clásicas del pensamiento colonial: construir al vecino como “otro” como precondición para justificar su inferioridad y, de ser necesario, eliminarlo.
Se trata también de una mentalidad cómplice con la vieja lógica del imperialismo, la cual converge en este caso con la agenda de un sector de la élite colombiana. Así, en lugar de analizar rigurosamente los intereses geopolíticos y brutalmente económicos de los Estados Unidos, terminamos paradójicamente identificados con un modelo hemisférico de distribución del poder en el que la soberanía de los países de Latinoamérica queda subordinada a los intereses económico-militares de nuestro vecino al norte. Sólo así es posible explicar que haya pasado desapercibido el hecho que mientras el presidente Duque evadía tomar una posición pública frente al paso de tropas norteamericanas por Colombia, Trump desempolvaba la Doctrina Monroe en el discurso explícitamente intervencionista que dio el lunes en Miami.
Lamentablemente el ultimátum del 23 de febrero indica que el tiempo para el debate público se agota. Justamente por ello la oposición de las y los ciudadanos a la instrumentalización del Estado colombiano para una intervención militar se hace hoy más necesaria que nunca.
* Abogada y candidata al doctorado en Antropología de la Universidad de Chicago