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El Congreso de Honduras aprobó un artículo del nuevo Código Penal que castiga como "terrorismo" hasta con 20 años de cárcel a los promotores de manifestaciones de protesta, denunciaron este miércoles diputados de la oposición.
La aprobación la noche del martes del artículo 590 del Código Penal por parte del Congreso, con 42 votos a favor, 33 en contra y una abstención, "es un retroceso de las libertades públicas", dijo a la AFP el diputado del partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rasel Tomé.
"No puede ser tipificada como delito de terrorismo una movilización por la defensa de los pueblos indígenas, derechos laborales, políticos y ambientales, por eso votamos en contra", añadió.
La diputada del Partido Innovación y Unidad (Pinu, socialdemócrata), Doris Gutiérrez, advirtió que hasta una protesta por el aumento de los precios de la canasta básica puede ser considerada como terrorismo.
La legisladora explicó que el artículo deja a discreción del juez tipificar como "terrorismo" cualquier movilización. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, demandó en un Twitter que "se debe a la vez preservar el derecho inalienable a la protesta pacífica y a la libre difusión de ideas" en Honduras.
El polémico artículo 590 del Código Penal establece que "son asociaciones terroristas las constituidas, sea de modo permanente o transitorio, por dos o más personas, para cometer algún delito" con finalidades como "subvertir gravemente el orden constitucional, alterar gravemente la paz pública o provocar un estado de terror en la población o parte de ella".
"Los directivos, promotores y financistas de la asociación deben ser castigados con las penas de prisión de 15 a 20 años" de prisión, detalló el artículo.
En agosto pasado, los diputados aprobaron un artículo del Código Penal bajando de entre seis a nueve años de cárcel los delitos de corrupción y la propuesta original era de entre nueve a doce años, lo que provocó críticas de la oposición.
También en abril pasado aprobaron un artículo que castiga con penas de cuatro a ocho años de prisión a los medios de comunicación o personas que hagan "apología al terrorismo", lo que motivó a gremios de periodistas a presentar recursos en la Corte Suprema de Justicia, aún sin resolverse.