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China aprobó una nueva ley para contrarrestar las sanciones extranjeras, un texto que podría poner a las multinacionales frente a graves dilemas geopolíticos entre Pekín y Occidente. El nuevo arsenal legal, aprobado el jueves por el parlamento chino, llega una semana después de que la administración del presidente Joe Biden ampliara una lista negra de empresas chinas en las que los estadounidenses no podrán invertir, en nombre de la seguridad nacional. China lamentó la medida y prometió tomar medidas para “defender” a sus empresas.
¿Por qué una ley?
La ley, de 16 artículos, entró en vigor el jueves nada más promulgarse. Su objetivo es “proteger” a cualquier persona u organización china en caso de que un país “utilice diversos pretextos o sus leyes” para tomar medidas “discriminatorias” contra ellos.
Aunque no se nombra a ningún país explícitamente, Pekín lleva mucho tiempo quejándose de la aplicación extraterritorial de la legislación estadounidense mediante sanciones y restricciones comerciales. La nueva ley legaliza las represalias, que pueden ser “suspendidas, modificadas o rescindidas”, según el texto.
¿Qué prevé la ley?
Entre otras cosas, la prohibición de visados y de entrada al territorio chino para las personas a las que se aplique la ley, pero también para sus familias. El texto legaliza el “precinto, la incautación y la congelación de activos” de personas o empresas que apliquen sanciones contra China.
También abre la posibilidad de utilizar “otras medidas” que no se especifican. La vaguedad del escrito “puede afectar potencialmente a muchas personas y empresas”, dijo a la AFP Angela Zhang, experta en derecho chino de la Universidad de Hong Kong. “Este marco amplio significa que mucha gente, como académicos, expertos y grupos de reflexión, podría ser sancionada por apoyar las sanciones a China”, advierte Julian Ku, experto en derecho internacional de la Universidad de Hofstra.
¿Cuáles son las consecuencias?
Para las multinacionales, atrapadas en medio de la rivalidad entre Pekín y Occidente, “es probable que el efecto sea devastador”, advierte Zhang, aunque cree que Pekín solo utilizará esas sanciones “si es necesario”, pero “no inmediatamente”.
Sobre todo porqué esto “aumentaría la ansiedad” en la comunidad empresarial extranjera y sería “costoso” para Pekín en términos de inversión.
Las empresas extranjeras se verán tentadas a deslocalizar su producción fuera de China, acelerando así una desvinculación “contraria a los intereses” de Pekín, que quiere mantener el empleo, indica el experto. Pero la nueva ley planteará inevitablemente un “verdadero dilema” para las empresas extranjeras en China, dijo Ku, refiriéndose a si hay que cumplir con las sanciones estadounidenses y arriesgarse a las represalias chinas o viceversa.
Algunas empresas pueden acabar “presionando a sus gobiernos” para que levanten las sanciones contra China, dice Angela Zhang.
¿Cuáles son las reacciones?
Las empresas extranjeras tendrán que “navegar por un nuevo campo de minas legislativo”, lamentó la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China. La Cámara de Comercio de Estados Unidos dijo por su parte que esperaba que sus empresas “no se vieran obligadas a elegir un bando en lugar de otro”.
La ley ofrece al contrario un entorno legal y comercial “estable y predecible”, dijo a los periodistas un portavoz diplomático chino, Wang Wenbin.
¿Es realmente una novedad?
En el contexto del aumento de tensiones con Washington en las últimas semanas del mandato de Donald Trump, Pekín había anunciado en enero normas para responder a las decisiones “injustificadas” contra China. Esas medidas, muy vagas, ya daban la posibilidad a individuos y entidades chinos objeto de sanciones extranjeras de tomar “represalias”. Pero también de emprender acciones legales en China.
En general, las empresas extranjeras son regularmente blanco de los nacionalistas chinos, que no dudan en denunciarlas en las redes sociales a la menor ofensa. En marzo, el gigante sueco de la ropa H&M y varias marcas extranjeras fueron objeto de críticas y llamamientos al boicot por su postura sobre los derechos humanos.
El año pasado se habían comprometido a dejar de abastecerse de algodón procedente de Xinjiang debido a las sospechas de “trabajo forzado” en esta región de mayoría musulmana del noroeste de China.