CAF obligaba a firmar cartas de renuncia previamente redactadas, según denuncias

Ni la renuncia de Luis Carranza al Banco de Desarrollo de América Latina, antes conocido como Corporación Andina de Fomento (CAF), pudo detener la ola de denuncias por abuso de poder y derechos laborales vulnerados al interior de la entidad. Cabe recordar que lo que ocurre en CAF es importante para América Latina, pues es una institución de larga trayectoria con una jerarquía similar al del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que solo en 2020 aprobó US $14.000 millones de dólares en préstamos.

La denuncia de Alejandra Claros Borda, que fue revelada por El Espectador hace unas semanas, detonó una explosión de quejas similares de otros exfuncionarios. Claros Borda señaló que fue acosada y obligada a renunciar luego de negarse a realizarle favores personales a sus superiores que tenía tintes políticos. Uno de estos era favorecer al cuñado de Víctor Rico, secretario general y exjefe de Claros, en una mediación con el gobierno boliviano para retirarle cargos por corrupción. El otro era cambiar los detalles de un informe sobre Bolivia para indicar que hubo un fraude en las elecciones en ese país.

Le recomendamos: Las denuncias por abuso de poder en el CAF

Una fuente que permanece en el anonimato y que nos escribió en nombre de un grupo de funcionarios de CAF nos contó que la institución les obligó ir a trabajar a las oficinas desde octubre de 2020, aún cuando las condiciones no lo permitían, pues las regulaciones (toques de queda y cuarentenas decretadas por los gobiernos locales) dificultan el traslado al lugar de trabajo.

“En Bogotá se decretó cuarentena por localidades. Acá no les importó y nos hicieron venir independientemente de la localidad donde viviéramos, so pretexto que el sector financiero estaba exceptuado en los decretos. Interpretación inhumana e irresponsable, puesto que no atendemos público y no brindamos un servicio esencial. Por ejemplo, a quienes tenemos niñeras para que nos ayuden, tuvimos que acudir a familiares porque si la niñera vivía en localidad restringida y los padres trabajan pues no había quien ayudara en la casa. Fue un verdadero abuso”, dice el testimonio.

La fuente también denuncia, como lo hizo Claros Borda, que Elvira Lupo, quien se desempeña como directora de administración y está encargada de Recursos Humanos en CAF, se negó a solidarizarse con los empleados, obligando a muchos funcionarios a buscar redes familiares para el cuidado de sus hijos.

“Es un régimen del terror”, describe.

Pero la negativa para poder trabajar en casa parece ser el menor de los abusos cometidos en CAF. Según las nuevas denuncias, en varias sedes se les obligó a los funcionarios que contrajeron COVID-19 a tomar días de sus vacaciones con el fin de “darle razón a Lupo de mantener su política de asistencia a las oficinas a como dé lugar”.

Aún más preocupante es la denuncia sobre Carranza, quien pese a que debe estar rindiendo cuentas al directorio de CAF y preparando su informe de empalme tras dejar el cargo, viajó a Madrid hasta el 10 de abril, en donde estaría conversando con una universidad española para vincularse a un nuevo trabajo.

“Es un abuso que CAF pague los viáticos y gastos de una persona para buscar trabajo”, concluye la fuente.

Todas estas denuncias se suman a las hechas esta misma semana por la periodista Patricia Janiot de Univision, quien señaló que la institución obligaba a sus empleados a firmar cartas de renuncia previamente redactadas para retirarlos de CAF sin justa causa luego de negarse a realizar favores, como le ocurrió a Claros Borda. A esto se sumaba la firma obligatoria de un compromiso de confidencialidad en la que se establece que en caso de controversias, las quejas deben dirimirse ante la Comisión de Arbitraje de la ONU en Nueva York, desconociendo la jurisdicción local de un organismo que opera en diferentes países de América Latina, el Caribe y España.

Los problemas en la administración Carranza continúan saliendo a la luz, y tal parece que el escándalo continuará sacudiendo a la institución durante mucho tiempo, pues las denuncias siguen llegando.

Le puede interesar: CAF: De puertas adentro

Ni la renuncia de Luis Carranza al Banco de Desarrollo de América Latina, antes conocido como Corporación Andina de Fomento (CAF), pudo detener la ola de denuncias por abuso de poder y derechos laborales vulnerados al interior de la entidad. Cabe recordar que lo que ocurre en CAF es importante para América Latina, pues es una institución de larga trayectoria con una jerarquía similar al del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que solo en 2020 aprobó US $14.000 millones de dólares en préstamos.

La denuncia de Alejandra Claros Borda, que fue revelada por El Espectador hace unas semanas, detonó una explosión de quejas similares de otros exfuncionarios. Claros Borda señaló que fue acosada y obligada a renunciar luego de negarse a realizarle favores personales a sus superiores que tenía tintes políticos. Uno de estos era favorecer al cuñado de Víctor Rico, secretario general y exjefe de Claros, en una mediación con el gobierno boliviano para retirarle cargos por corrupción. El otro era cambiar los detalles de un informe sobre Bolivia para indicar que hubo un fraude en las elecciones en ese país.

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Una fuente que permanece en el anonimato y que nos escribió en nombre de un grupo de funcionarios de CAF nos contó que la institución les obligó ir a trabajar a las oficinas desde octubre de 2020, aún cuando las condiciones no lo permitían, pues las regulaciones (toques de queda y cuarentenas decretadas por los gobiernos locales) dificultan el traslado al lugar de trabajo.

“En Bogotá se decretó cuarentena por localidades. Acá no les importó y nos hicieron venir independientemente de la localidad donde viviéramos, so pretexto que el sector financiero estaba exceptuado en los decretos. Interpretación inhumana e irresponsable, puesto que no atendemos público y no brindamos un servicio esencial. Por ejemplo, a quienes tenemos niñeras para que nos ayuden, tuvimos que acudir a familiares porque si la niñera vivía en localidad restringida y los padres trabajan pues no había quien ayudara en la casa. Fue un verdadero abuso”, dice el testimonio.

La fuente también denuncia, como lo hizo Claros Borda, que Elvira Lupo, quien se desempeña como directora de administración y está encargada de Recursos Humanos en CAF, se negó a solidarizarse con los empleados, obligando a muchos funcionarios a buscar redes familiares para el cuidado de sus hijos.

“Es un régimen del terror”, describe.

Pero la negativa para poder trabajar en casa parece ser el menor de los abusos cometidos en CAF. Según las nuevas denuncias, en varias sedes se les obligó a los funcionarios que contrajeron COVID-19 a tomar días de sus vacaciones con el fin de “darle razón a Lupo de mantener su política de asistencia a las oficinas a como dé lugar”.

Aún más preocupante es la denuncia sobre Carranza, quien pese a que debe estar rindiendo cuentas al directorio de CAF y preparando su informe de empalme tras dejar el cargo, viajó a Madrid hasta el 10 de abril, en donde estaría conversando con una universidad española para vincularse a un nuevo trabajo.

“Es un abuso que CAF pague los viáticos y gastos de una persona para buscar trabajo”, concluye la fuente.

Todas estas denuncias se suman a las hechas esta misma semana por la periodista Patricia Janiot de Univision, quien señaló que la institución obligaba a sus empleados a firmar cartas de renuncia previamente redactadas para retirarlos de CAF sin justa causa luego de negarse a realizar favores, como le ocurrió a Claros Borda. A esto se sumaba la firma obligatoria de un compromiso de confidencialidad en la que se establece que en caso de controversias, las quejas deben dirimirse ante la Comisión de Arbitraje de la ONU en Nueva York, desconociendo la jurisdicción local de un organismo que opera en diferentes países de América Latina, el Caribe y España.

Los problemas en la administración Carranza continúan saliendo a la luz, y tal parece que el escándalo continuará sacudiendo a la institución durante mucho tiempo, pues las denuncias siguen llegando.

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