Canadá impone nuevas sanciones al gobierno de Maduro, incluido su canciller

Canadá anunció el lunes una cuarta ronda de sanciones contra funcionarios de Venezuela, incluido su canciller Jorge Arreaza, en respuesta a lo que describió como persistentes "acciones antidemocráticas" del gobierno del presidente Nicolás Maduro, una decisión que Caracas repudió.

Las 43 personas a las que apuntan las nuevas medidas, que incluyen congelaciones de activos y prohibiciones de transacciones, son "responsables del deterioro de la situación en Venezuela", dijo la ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, en un comunicado.

Además de Arreaza, las sanciones alcanzan a otros funcionarios de alto rango del gobierno de Maduro, como los ministros de Economía, Simón Zerpa, y de Petróleo, Manuel Quevedo, también presidente de la estatal petrolera PDVSA.

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Asimismo, entre los acusados de socavar las instituciones democráticas de Venezuela están los gobernadores de los estados de Zulia, Apure, Vargas y Carabobo, y el director del servicio de inteligencia (Sebin), Manuel Figuera.

Caracas rechazó las nuevas medidas, acusando a Canadá de acompañar la "aventura guerrerista" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien desde 2017 ha aumentado la presión de Washington contra el gobierno de Maduro con una amplia batería de sanciones, entre ellas un embargo de facto al crudo venezolano, que comenzará a regir el 28 de abril.

"Al acompañar la aventura guerrerista y criminal de Donald Trump contra Venezuela, el primer ministro (Justin) Trudeau ha anulado a Canadá como un actor confiable para el diálogo", señaló la cancillería venezolana en un comunicado.

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Con estos 43 sancionados, suman 113 los funcionarios del gobierno de Venezuela objeto de medidas punitivas de Canadá desde 2017, entre los que están el propio Maduro y su esposa Cilia Flores, así como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

Canadá considera que el deterioro institucional en Venezuela comenzó tras las elecciones democráticas de 2015, cuando la oposición arrasó en las parlamentarias y posteriormente la justicia afín a Maduro despojó a la Asamblea Nacional de sus poderes. 

El gobierno canadiense sancionó a 40 funcionarios en septiembre de 2017 y a otros 19 en noviembre de ese año. La tercera tanda de sanciones, que afectó a otros 14 funcionarios, fue en mayo de 2018, luego de los cuestionados comicios en que Maduro resultó reelecto hasta 2025.

Canadá anunció el lunes una cuarta ronda de sanciones contra funcionarios de Venezuela, incluido su canciller Jorge Arreaza, en respuesta a lo que describió como persistentes "acciones antidemocráticas" del gobierno del presidente Nicolás Maduro, una decisión que Caracas repudió.

Las 43 personas a las que apuntan las nuevas medidas, que incluyen congelaciones de activos y prohibiciones de transacciones, son "responsables del deterioro de la situación en Venezuela", dijo la ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, en un comunicado.

Además de Arreaza, las sanciones alcanzan a otros funcionarios de alto rango del gobierno de Maduro, como los ministros de Economía, Simón Zerpa, y de Petróleo, Manuel Quevedo, también presidente de la estatal petrolera PDVSA.

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Caracas rechazó las nuevas medidas, acusando a Canadá de acompañar la "aventura guerrerista" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien desde 2017 ha aumentado la presión de Washington contra el gobierno de Maduro con una amplia batería de sanciones, entre ellas un embargo de facto al crudo venezolano, que comenzará a regir el 28 de abril.

"Al acompañar la aventura guerrerista y criminal de Donald Trump contra Venezuela, el primer ministro (Justin) Trudeau ha anulado a Canadá como un actor confiable para el diálogo", señaló la cancillería venezolana en un comunicado.

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Con estos 43 sancionados, suman 113 los funcionarios del gobierno de Venezuela objeto de medidas punitivas de Canadá desde 2017, entre los que están el propio Maduro y su esposa Cilia Flores, así como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

Canadá considera que el deterioro institucional en Venezuela comenzó tras las elecciones democráticas de 2015, cuando la oposición arrasó en las parlamentarias y posteriormente la justicia afín a Maduro despojó a la Asamblea Nacional de sus poderes. 

El gobierno canadiense sancionó a 40 funcionarios en septiembre de 2017 y a otros 19 en noviembre de ese año. La tercera tanda de sanciones, que afectó a otros 14 funcionarios, fue en mayo de 2018, luego de los cuestionados comicios en que Maduro resultó reelecto hasta 2025.