Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Este martes la Asamblea Nacional de Venezuela celebró su última sesión con una mayoría oficialista. A partir del 5 de enero de 2016, y durante el periodo legislativo que durará hasta 2021, la Asamblea estará dominada por una supermayoría opositora, que buscará recuperar la independencia del poder legislativo, hacer sus funciones de contraloría y contrapeso al Ejecutivo, impulsar leyes de amnistía para liberar a los opresos políticos y legislar en materia económica para enfrentar la crisis que vive el país. En la última sesion parlamentaria, el chavismo instaló un Parlamento Comunal Nacional, que funcionará en la misma sede de legislativo el próximo año.
El partido gobernante, PSUV, ha aprovechado los últimos días con mayoría en la Asamblea para tomar decisiones encaminadas a obstruir los planes de la oposición para la próxima legislatura. En la primera audiencia de la Asamblea después de los comicios, fue aprobada una ley que transfiere a los trabajadores la propiedad del canal de televisión y la radio del Parlamento (ANTV y AN Radio). Esto con el ánimo de “proteger” estas instituciones de la “arremetida fascista” de la oposición. Los líderes opositores, desde antes de las elecciones, han acusado a estos canales de estar al servicio no de la Asamblea sino del PSUV. Por esta razón, el diputado opositor electo Henry Ramos Allup, quien podría ser el próximo presidente de la Asamblea, ha dicho que en el periodo que comienza en enero los directivos de los medios de comunicación de la AN serán removidos de sus cargos.
Otra polémica medida que ha tomado el chavismo en la AN es la designación de la jueza Susana Barreiros, quien condenó a Leopoldo López a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión, como Defensora Pública General de Venezuela. Barreiros tendrá entre sus funciones, según la web de la Defensoría Pública, “prestar a nivel nacional un servicio de defensa pública, en forma gratuita a las personas que lo requieran, sin distinción de clase socioeconómica”. El nombramiento de Bareiros se puede leer como una ofensa a la oposición, pues ha sido fuertemente cuestionada desde que el fiscal acusador de Leopoldo López, Franklin Nieves, viajó a EE.UU. para denunciar que todo el juicio contra el opositor había sido un montaje orquestado desde el Ejecutivo.
Quizás la medida más cuestionada que ha anunciado el chavismo es la designación a última hora de 18 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Esta medida ha sido rechazada y calificada de inconstitucional tanto por la oposición como por sectores académicos y organizaciones internacionales. José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, advirtió que ahora “Venezuela puede comenzar a revertir más de una década de autoritarismo restableciendo la independencia del Tribunal Supremo”, pero “esta oportunidad (...) será desperdiciada si Diosdado Cabello consigue copar políticamente una vez más el tribunal con adeptos”.
Este martes, en la última sesión de la Asamblea, el saliente presidente Diosdado Cabello instaló un Parlamento Comunal Nacional, que funcionará en la misma sede de legislativo. Aunque este nuevo parlamento está estipulado en las leyes venezolanas, concretamente en la Ley de las Comunas, no fue instalado hasta ahora que el chavismo ha perdido, por primera vez en 15 años, el control de la AN. “Estos espacios, este salón protocolar, quedan a orden del Parlamento Comunal Nacional. Pueden reunirse los días que quieran, las veces que quieren”, les anunció Cabello a los representantes de la organizaciones populares que comenzaron a definir cómo funcionará este nuevo órgano.
En la plenaria no se ofrecieron detalles sobre las funciones y atribuciones del Parlamento Comunal Nacional, pero la ley establece que es este “la máxima instancia del autogobierno en la Comuna” a quien corresponde “sancionar materias de sus competencias”. “El poder más importante que hay es el poder de las comunas, no hay otra forma de organización”, añadió Cabello que además fue enfático al precisar que “en las comunas y los consejos comunales debe haber revolucionarios y revolucionarias, esto no puede ser un instrumento de la contrarrevolución”.