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Estefany Cavieres, de 28 años, conoce bien los síntomas del embarazo. Duelen la tripa y los pechos, se tienen náuseas y se está cansada. Por eso, cuando los sintió, no lo dudó: era una de las 111 chilenas que quedaron embarazadas por culpa de anticonceptivos defectuosos.
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“Un día me llamaron de mi centro médico para avisarme, había unos lotes en mal estado, pero mis píldoras no correspondían a esas cajas y me quedé tranquila”, explica a Efe la joven, que llevaba tres meses sometida a este tratamiento de planificación familiar administrado en los hospitales públicos.
Sin embargo, pronto confirmó sus sospechas. Una negligencia farmacológica había truncado sus planes de vida, conseguir estabilizarse laboralmente como estilista y dedicarse a atender a su segunda hija, de tres años, que tiene problemas de salud.
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“El mundo ya está demasiado complicado como para traer más hijos. Y ahora me pregunto: ¿en quién confío? A una le da rabia porque el sistema la deja tirada”, agrega Cavieres, que tras tres meses de embarazo no deseado y una depresión, sufrió un aborto involuntario.
Valentina Donoso, de 21 años, se toca la barriga mientras habla. Está embarazada de 6 meses y medio, aunque también “se estaba cuidando con Anulette CD”, un anticonceptivo distribuido en numerosos centros de salud públicos de Chile, en los que miles de mujeres de los estratos socioeconómicos más bajos reciben sus medicamentos.
“Mirarme al espejo es duro, me veo la ‘guata’ (barriga) y me recuerda esta pesadilla. Hay días que me levanto bien y quiero tenerla, pero la mayoría no”, explica la joven, que ha tenido que pausar sus planes de estudiar en la universidad.
Entre marzo y septiembre de 2020, el Instituto de Salud Pública (ISP), la máxima autoridad farmacológica en el país, alertó de que ocho lotes de seis píldoras anticonceptivas distintas administrados en centros de salud públicos estaban defectuosos y ordenó su retirada del mercado.
Sin embargo, la institución volvió a permitir la distribución de una de las marcas, Anulette CD, tan solo una semana después de retirarlo, aludiendo a que las fallas eran visualmente detectables. Más de 100 mujeres denunciaron embarazos no deseados por culpa de este medicamento, según datos de Corporación Miles.
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Fuentes del ISP consultadas por Efe afirmaron que la institución todavía “está estudiando su posición y responsabilidad en el caso”.
“Yo quería ser madre, pero más adelante en mi vida. Quería tener un trabajo y una casa antes de esto. Quería tener un futuro”, aqueja Donoso, que solo tiene el apoyo económico de sus padres y vive en una comuna vulnerable del sur de la capital.
Los lotes defectuosos se distribuyeron por todo el país y hay afectadas en varias regiones, como Barbara Vásquez, de 20 años, que también vio peligrar sus estudios como técnico en educación infantil cuando se enteró del embarazo.
“Yo no tengo trabajo ni nada estable que ofecerle a mi bebé, necesitamos una compensación económica. Para mi familia este gasto es demasiado”, insiste a Efe la estudiante, que reside en Ñuble, una región del centro de Chile.
Para Laura Dragnic, abogada de Miles, en este caso hay dos responsables: primero, el laboratorio que fabricó los medicamentos y segundo, el Estado por no llevar a cabo un seguimiento de su calidad y por no atender las necesidades de las afectadas.
“Esto constituye una falta de servicio. No hubo ningún acompañamiento real, fue algo que el Estado trató de mantener por debajo”, denuncia a Efe la abogada.
“A mí me llamó mi matrona para decirme que dejara de tomar Anulette y me advirtió que me comprara por mi cuenta otros anticonceptivos. No supimos nada más”, explica a Efe Soledad Castillo, una trabajadora municipal de 35 años que también se encuentra en su quinto mes de una gestación no deseada a causa del fármaco fallido.
Abortos truncados
Al igual que a otras mujeres afectadas, a Donoso le fue denegado el derecho a aborto puesto que esta negligencia farmacológica no entra estrictamente dentro de ninguna de las tres causales por las que está permitido el aborto en Chile: violación, inviabilidad del feto o riesgo vital de la madre.
Para Estefanny Molina, abogada de Women’s Link Worlwide, plataforma que elevó el caso a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esta situación representa “una cadena completa de violación a los derechos sexuales de las mujeres chilenas”.
Primero, explica Molina, porque no se proporcionaron métodos seguros y eficaces de planificación familiar, después porque no se permitió a estas mujeres abortar y finalmente porque tampoco se les ofreció protección a las que no tienen recursos.
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“Chile tiene un reto por delante. Es necesario que se amplíe el concepto de salud sexual y que por tanto se revise la despenalización del aborto”, sentencia.
El aborto legal es una reivindicación histórica de los colectivos feministas de América Latina, en donde solo Argentina, Cuba, Uruguay, Guyana, además de Ciudad de México y el estado mexicano de Oaxaca, han permitido la interrupción libre y voluntaria del embarazo.
Pese a que en Chile el veto total contra el aborto fue levantado en 2017, cada vez más organizaciones reclaman que se despenalice más allá de las tres causales permitidas, algo que actualmente está en discusión en el Parlamento.
“No puede ser -concluyó Molina- que la mitad de la población en Chile quede desprotegida porque al Estado no le importe la garantía de los derechos sexuales y reproductivos”.