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Representantes de Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras y otros cinco países formaron el viernes en Países Bajos el “Grupo de La Haya“, una iniciativa que busca reafirmar los principios de la justicia internacional en un momento de desafío hacia la autoridad de los tribunales internacionales.
“Este grupo de países en desarrollo se reunió para acordar un programa de acción destinado a defender las instituciones de gobernanza mundial, incluida la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ)“, declaró en La Haya Alvin Botes, el ministro adjunto de Relaciones Internacionales de Sudáfrica.
El “grupo de La Haya“, además de Bolivia, Colombia, Cuba y Honduras, está formado por Belice, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica. En una declaración conjunta, afirmaron estar “guiados por los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”.
Botes explicó que los tribunales internacionales, con sede en La Haya, eran blanco de ataques “por el hecho que estas instituciones se atrevieron a pedir cuentas a Israel”. Según comunicaron, se comprometen a hacer cumplir las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
Ni la CIJ, el órgano judicial más alto de Naciones Unidas, ni la CPI, que depende de los Estados miembros, tienen el poder de hacer cumplir las decisiones de los tribunales.
La presidenta de la CPI criticó en diciembre los ataques contra el tribunal, entre ellos “amenazas, presiones y actos de sabotaje”, después de que emitiera órdenes de arresto por las guerras en Gaza y Ucrania.
También prometen “prevenir la provisión o transferencia a Israel de armas, municiones y equipos relacionados, en todos los casos en los que exista un riesgo claro de que dichas armas o materiales puedan ser utilizados para cometer o facilitar violaciones del derecho humanitario internacional, del derecho internacional de los derechos humanos o de la prohibición del genocidio, en cumplimiento de las obligaciones internacionales”.
Además, también prometen evitar el atraque en su jurisdicción territorial de barcos con combustible militar y armas “en todos los casos en los que haya un riesgo claro de que la embarcación pueda ser utilizada para transportar combustible militar y armamento a Israel, que pueda ser usado para cometer o facilitar violaciones” de leyes internacionales.
“Tomaremos medidas efectivas adicionales para poner fin a la ocupación israelí del Estado de Palestina y eliminar los obstáculos para la realización del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, incluido el derecho a su Estado de Palestina independiente. Invitamos a todos los Estados a tomar todas las acciones y políticas posibles para poner fin a la ocupación israelí del Estado de Palestina”, agregaron, invitando a otros Estados a unirse a este grupo.
Sudáfrica acudió a la CIJ en diciembre de 2023, al argumentar que la guerra de Israel contra el movimiento islamista palestino Hamás en Gaza violaba la convención de la ONU de 1948 sobre el genocidio, una acusación rechazada por Israel.
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