'Con Colombia hay un clima de confianza'

El embajador de Ecuador en Colombia, Raúl Vallejo, todavía lamenta la muerte de Álvaro Mutis: “Se fue, pero nos dejó a Maqroll el Gaviero”, dice, como quien rescata la inmortalidad de los escritores a través de sus personajes. El embajador ha leído muchas páginas y escrito otras tantas, pero esta vez, sobre la mesa de la oficina en la que recibió a , permanecen dos carpetas. Una corresponde al acuerdo que firmaron los gobiernos de Bogotá y Quito para cesar el litigio en la Corte Internacional de Justicia; la segunda contiene toda la información del caso Chevron, la disputa legal que sostiene su país con la poderosa petrolera.

El primer caso quedó resuelto después de que su gobierno accediera a retirar la demanda que había elevado al tribunal por el tema de las aspersiones con glifosato en la zona de frontera. No obstante, en el segundo caso no hay solución a la vista. El embajador Vallejo conversa sobre estos asuntos, así como de la nueva Ley de Medios en Ecuador, del plan de explotación petrolera en la reserva amazónica de Yasuní y el caso del fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien aún está refugiado en la embajada de Quito en el Reino Unido.

La posición de Rafael Correa frente al tema de las aspersiones con glifosato fue muy dura contra Colombia. ¿Por qué primó un acuerdo entre países sobre el proceso que estaba en curso en la CIJ?

Desde el momento en que se reanudaron de manera plena las relaciones, se ha venido construyendo un clima de confianza. Hay un refrán que dice que el mejor juicio es aquel en el que las partes se ponen de acuerdo. Supimos que hay que combinar el combate contra el crimen transnacional con lo principal, que es el cuidado de nuestra gente, y ese espíritu nos llevó a retirar la demanda. El acuerdo está destinado a fortalecer y cuidar a las comunidades de la línea de frontera con un protocolo en el que se detallan aspectos como la composición química del elemento que va a ser rociado, que no puede tener más de un porcentaje definido de glifosato, y el respeto de una línea que puede variar, según el caso, entre 2 y 10 kilómetros hacia adentro de la frontera, en Colombia.

El pacto incluye el pago de US$15 millones por parte de Colombia, aunque el gobierno colombiano afirma que no se trata de una indemnización...

El documento dice: “Colombia entregará a Ecuador una contribución económica equivalente a US$15 millones, la cual estará orientada al desarrollo social y económico en las áreas de frontera”. En las partes primeras del acuerdo se señala que el gobierno de Colombia “lamenta que las aspersiones realizadas en territorio colombiano hayan llegado ocasionalmente a territorio ecuatoriano”.

Cambiando de tema, ¿por qué Ecuador terminó involucrado en el caso Chevron, cuando era un proceso entre particulares?

Es un juicio de miembros de las comunidades de la provincia de Sucumbíos y otros de sectores mestizos, quienes hicieron la demanda. En 1993 plantearon un proceso en una corte de Nueva York. Durante nueve años, hasta 2002, Texaco hizo todo lo posible para que el proceso fuera a Ecuador. Hizo 14 pedidos al juez solicitando que el juicio se radicara en la provincia de Sucumbíos, porque la justicia ecuatoriana era nítida y transparente. Y desde 2002 hasta 2011, cuando salió la sentencia, Chevron-Texaco ha empezado a desprestigiar a las cortes ecuatorianas diciendo que son focos de la corrupción. Chevron-Texaco tiene que responder a los demandantes porque ganaron el juicio. La sentencia está en firme y Chevron tiene la obligación de indemnizar a estos demandantes por la suma de US$19.000 millones. Derramó cerca de 70 millones de metros cúbicos de desechos durante 28 años. Chevron en Ecuador dice que no paga porque ese país tiene el peor sistema judicial. Eso no tiene ningún sentido, más que la arrogancia y el poder que tienen las transnacionales, que actúan en nuestros países sin el respeto por ningún tipo de normativa.

¿Qué acciones tomar en ese caso?

La estrategia de Chevron ha sido tratar de involucrar al Estado ecuatoriano. Ha puesto una demanda contra Ecuador en el Tribunal de Arbitramento de La Haya, en la que alega que no se ha cumplido un tratado de protección de inversiones firmado entre Ecuador y Estados Unidos. Pero resulta que el tratado entró en vigencia en 1997, cinco años después de que Texaco dejó de operar en Ecuador, cuatro años después de la demanda y casi 30 años después de todo el período de operación. Un tratado no es retroactivo, en ninguna parte del mundo. Pero el tribunal condenó a Ecuador a pagar US$97 millones. Es decir, ellos contaminan, no quieren cumplir la sentencia y, encima, el Estado ecuatoriano tiene que pagarles. Las transnacionales son empresas muy poderosas. Chevron es la segunda petrolera en Estados Unidos, su paquete accionario supera en siete veces el presupuesto del Estado de Ecuador en un año. Esa es la lucha entre David y Goliat.

¿No resulta paradójico que, paralelamente a este caso, Ecuador haya aprobado un plan para la explotación petrolera de la reserva amazónica de Yasuní?

No. No tiene que ver lo uno con lo otro, aunque sean dos sucesos relacionados con la industria extractivista. En el caso del Yasuní, la propuesta que Ecuador le hizo al mundo fue muy clara: nosotros requerimos la corresponsabilidad y requerimos financiamiento para no explotar el Yasuní. Si no había financiamiento, íbamos a tener que explotar los pozos petroleros. Lamentablemente el mundo no respondió a esta propuesta y dimos inicio a un plan en el que se ha vinculado a la comunidad y se tienen previstos los más altos estándares ambientales. Además, lo que se va a explotar es el 1x1.000 del total de la reserva. Ecuador necesita la explotación de esos recursos porque requiere más escuelas, hospitales, carreteras, trabajo en las comunidades... El problema no es que Texaco haya explotado petróleo, sino que lo hizo de la peor manera.

¿Cómo evoluciona el caso Julian Assange?

La postura de Ecuador sigue siendo la misma: el Reino Unido debe darle a Assange un salvoconducto para que pueda viajar a Ecuador. Si el fiscal de Suecia quiere entrevistarlo, que vaya a la embajada, no es nada del otro mundo. Finalmente, siempre vale la pena recalcar que el señor Assange tiene lo que se llama una indagación previa, ni siquiera un juicio.

Cómo contraargumentar a los que dicen que Ecuador defiende por un lado la libertad de expresión en casos como el de Assange y por otro aprueba una ley de medios acusada de condicionarla?

En Ecuador no hay periodistas desaparecidos, no hay nadie preso por haber emitido una opinión, no hay una radio clausurada por emisión de opiniones políticas, no hay un periódico censurado o clausurado. Es más, la Ley de Medios tipifica como una falta grave el que exista censura previa. La Ley de Medios no coarta la libertad, lo que hace es regular administrativamente, no penalmente. Ahora, que ciertos medios no quieran ser regulados, eso es otra cosa. Las quejas vienen de quienes han hecho de la prensa un espacio político. Hoy en día hay cierta prensa mercantil que se dice objetiva e independiente. Ángela Merkel acaba de ganar por tercera vez las elecciones en Alemania y yo no he visto que la prensa hable de populismo, ni de una intención de eternizarse en el poder, de lo antidemocrático que resulta. Pero cuando ganaba Chávez o ganaba Correa, era justamente lo contrario. Ese es el sesgo político. Existe total libertad para decir lo que se quiera decir, pero hay lo que se llama responsabilidad ulterior: puede opinar lo que quiera, decir que no está de acuerdo con algo, pero otra cosa es hacer acusaciones infundadas.

¿Son grandes las multas? ¿Podrían acabar con un medio?

No. Primero hay que decir que la ley garantiza la rectificación y, segundo, que fija topes a las multas que puedan generarse. La multa máxima está alrededor del 10% de la facturación de un medio en un mes.

dalarcon@elespectador.com

@Motamotta

El embajador de Ecuador en Colombia, Raúl Vallejo, todavía lamenta la muerte de Álvaro Mutis: “Se fue, pero nos dejó a Maqroll el Gaviero”, dice, como quien rescata la inmortalidad de los escritores a través de sus personajes. El embajador ha leído muchas páginas y escrito otras tantas, pero esta vez, sobre la mesa de la oficina en la que recibió a , permanecen dos carpetas. Una corresponde al acuerdo que firmaron los gobiernos de Bogotá y Quito para cesar el litigio en la Corte Internacional de Justicia; la segunda contiene toda la información del caso Chevron, la disputa legal que sostiene su país con la poderosa petrolera.

El primer caso quedó resuelto después de que su gobierno accediera a retirar la demanda que había elevado al tribunal por el tema de las aspersiones con glifosato en la zona de frontera. No obstante, en el segundo caso no hay solución a la vista. El embajador Vallejo conversa sobre estos asuntos, así como de la nueva Ley de Medios en Ecuador, del plan de explotación petrolera en la reserva amazónica de Yasuní y el caso del fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien aún está refugiado en la embajada de Quito en el Reino Unido.

La posición de Rafael Correa frente al tema de las aspersiones con glifosato fue muy dura contra Colombia. ¿Por qué primó un acuerdo entre países sobre el proceso que estaba en curso en la CIJ?

Desde el momento en que se reanudaron de manera plena las relaciones, se ha venido construyendo un clima de confianza. Hay un refrán que dice que el mejor juicio es aquel en el que las partes se ponen de acuerdo. Supimos que hay que combinar el combate contra el crimen transnacional con lo principal, que es el cuidado de nuestra gente, y ese espíritu nos llevó a retirar la demanda. El acuerdo está destinado a fortalecer y cuidar a las comunidades de la línea de frontera con un protocolo en el que se detallan aspectos como la composición química del elemento que va a ser rociado, que no puede tener más de un porcentaje definido de glifosato, y el respeto de una línea que puede variar, según el caso, entre 2 y 10 kilómetros hacia adentro de la frontera, en Colombia.

El pacto incluye el pago de US$15 millones por parte de Colombia, aunque el gobierno colombiano afirma que no se trata de una indemnización...

El documento dice: “Colombia entregará a Ecuador una contribución económica equivalente a US$15 millones, la cual estará orientada al desarrollo social y económico en las áreas de frontera”. En las partes primeras del acuerdo se señala que el gobierno de Colombia “lamenta que las aspersiones realizadas en territorio colombiano hayan llegado ocasionalmente a territorio ecuatoriano”.

Cambiando de tema, ¿por qué Ecuador terminó involucrado en el caso Chevron, cuando era un proceso entre particulares?

Es un juicio de miembros de las comunidades de la provincia de Sucumbíos y otros de sectores mestizos, quienes hicieron la demanda. En 1993 plantearon un proceso en una corte de Nueva York. Durante nueve años, hasta 2002, Texaco hizo todo lo posible para que el proceso fuera a Ecuador. Hizo 14 pedidos al juez solicitando que el juicio se radicara en la provincia de Sucumbíos, porque la justicia ecuatoriana era nítida y transparente. Y desde 2002 hasta 2011, cuando salió la sentencia, Chevron-Texaco ha empezado a desprestigiar a las cortes ecuatorianas diciendo que son focos de la corrupción. Chevron-Texaco tiene que responder a los demandantes porque ganaron el juicio. La sentencia está en firme y Chevron tiene la obligación de indemnizar a estos demandantes por la suma de US$19.000 millones. Derramó cerca de 70 millones de metros cúbicos de desechos durante 28 años. Chevron en Ecuador dice que no paga porque ese país tiene el peor sistema judicial. Eso no tiene ningún sentido, más que la arrogancia y el poder que tienen las transnacionales, que actúan en nuestros países sin el respeto por ningún tipo de normativa.

¿Qué acciones tomar en ese caso?

La estrategia de Chevron ha sido tratar de involucrar al Estado ecuatoriano. Ha puesto una demanda contra Ecuador en el Tribunal de Arbitramento de La Haya, en la que alega que no se ha cumplido un tratado de protección de inversiones firmado entre Ecuador y Estados Unidos. Pero resulta que el tratado entró en vigencia en 1997, cinco años después de que Texaco dejó de operar en Ecuador, cuatro años después de la demanda y casi 30 años después de todo el período de operación. Un tratado no es retroactivo, en ninguna parte del mundo. Pero el tribunal condenó a Ecuador a pagar US$97 millones. Es decir, ellos contaminan, no quieren cumplir la sentencia y, encima, el Estado ecuatoriano tiene que pagarles. Las transnacionales son empresas muy poderosas. Chevron es la segunda petrolera en Estados Unidos, su paquete accionario supera en siete veces el presupuesto del Estado de Ecuador en un año. Esa es la lucha entre David y Goliat.

¿No resulta paradójico que, paralelamente a este caso, Ecuador haya aprobado un plan para la explotación petrolera de la reserva amazónica de Yasuní?

No. No tiene que ver lo uno con lo otro, aunque sean dos sucesos relacionados con la industria extractivista. En el caso del Yasuní, la propuesta que Ecuador le hizo al mundo fue muy clara: nosotros requerimos la corresponsabilidad y requerimos financiamiento para no explotar el Yasuní. Si no había financiamiento, íbamos a tener que explotar los pozos petroleros. Lamentablemente el mundo no respondió a esta propuesta y dimos inicio a un plan en el que se ha vinculado a la comunidad y se tienen previstos los más altos estándares ambientales. Además, lo que se va a explotar es el 1x1.000 del total de la reserva. Ecuador necesita la explotación de esos recursos porque requiere más escuelas, hospitales, carreteras, trabajo en las comunidades... El problema no es que Texaco haya explotado petróleo, sino que lo hizo de la peor manera.

¿Cómo evoluciona el caso Julian Assange?

La postura de Ecuador sigue siendo la misma: el Reino Unido debe darle a Assange un salvoconducto para que pueda viajar a Ecuador. Si el fiscal de Suecia quiere entrevistarlo, que vaya a la embajada, no es nada del otro mundo. Finalmente, siempre vale la pena recalcar que el señor Assange tiene lo que se llama una indagación previa, ni siquiera un juicio.

Cómo contraargumentar a los que dicen que Ecuador defiende por un lado la libertad de expresión en casos como el de Assange y por otro aprueba una ley de medios acusada de condicionarla?

En Ecuador no hay periodistas desaparecidos, no hay nadie preso por haber emitido una opinión, no hay una radio clausurada por emisión de opiniones políticas, no hay un periódico censurado o clausurado. Es más, la Ley de Medios tipifica como una falta grave el que exista censura previa. La Ley de Medios no coarta la libertad, lo que hace es regular administrativamente, no penalmente. Ahora, que ciertos medios no quieran ser regulados, eso es otra cosa. Las quejas vienen de quienes han hecho de la prensa un espacio político. Hoy en día hay cierta prensa mercantil que se dice objetiva e independiente. Ángela Merkel acaba de ganar por tercera vez las elecciones en Alemania y yo no he visto que la prensa hable de populismo, ni de una intención de eternizarse en el poder, de lo antidemocrático que resulta. Pero cuando ganaba Chávez o ganaba Correa, era justamente lo contrario. Ese es el sesgo político. Existe total libertad para decir lo que se quiera decir, pero hay lo que se llama responsabilidad ulterior: puede opinar lo que quiera, decir que no está de acuerdo con algo, pero otra cosa es hacer acusaciones infundadas.

¿Son grandes las multas? ¿Podrían acabar con un medio?

No. Primero hay que decir que la ley garantiza la rectificación y, segundo, que fija topes a las multas que puedan generarse. La multa máxima está alrededor del 10% de la facturación de un medio en un mes.

dalarcon@elespectador.com

@Motamotta