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En una dura carta enviada al secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony John Blinken, congresistas de ese país le pidieron a su Gobierno suspender la asistencia directa a la Policía Nacional de Colombia hasta que no se observen mejoras reales en el uso de la fuerza y no se asuma la responsabilidad judicial por los casos de brutalidad que se han evidenciado en medio de las protestas.
En ese sentido, también le pidieron al gobierno de Joe Biden hacer declaraciones “clara, inequívocas y públicas” en las que se les pida a las fuerzas de seguridad colombianas, en especial a la Policía Nacional y al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), que pongan fin al “uso indebido de la fuerza”. Para los congresistas firmantes de la carta, la brutalidad policial está prolongando las manifestaciones.
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Por parte, se hizo un llamado específico a que el Esmad no reciba cooperación directa o indirecta de los Estados Unidos, aduciendo que sus miembros tienen una formación que conduce a acciones agresivas y abusivas en contra de los civiles y que son acusados de gran parte de las muertes que han ocurrido en medio de las protestas.
“Pedimos que el Departamento de Estado y otras agencias estadounidenses relevantes confirmen que la Esmad no recibe cooperación de seguridad, sea directa o indirecta (o sea, cooperación estadounidense a la Policía Nacional o el Ministerio de Defensa, etcétera, que sea compartido con Esmad). Además, solicitamos al Departamento de Estado que urge a la justicia ordinaria a que responsabilice al personal de Esmad involucrado en casos graves de abuso”, dice la carta.
También se pide suspender la venta de armas, equipos antidisturbios o capacitación al Esmad. “Las licencias de Ventas Militares en el Extranjero y Ventas Comerciales Directas deben suspenderse ahora mismo para evitar contribuir indirectamente a un mayor abuso y escalada”, señalan los congresistas, y condiciona la reanudación de la venta hasta que los miembros del Esmad que han excedido el uso de la fuerza sean judicializados y los protocolos sean reformados.
NEWS: I joined w/ @repmarkpocan, @janschakowsky & @RepRaulGrijalva to lead 55 Members of Congress in expressing grave concern over the political & human rights situation in #Colombia & urging the U.S. Government to clearly & unambiguously denounce police brutality in Colombia. pic.twitter.com/SBuQXUG85l
— Rep. Jim McGovern (@RepMcGovern) May 15, 2021
En la larga lista de peticiones, también hicieron un pronunciamiento en contra de la militarización de ciudades y que se le exija al gobierno de Iván Duque el respeto y la garantía del trabajo de los defensores de derechos humanos y periodistas en medio de las protestas.
Por últimos, solicitaron al gobierno de Biden rechazar los pronunciamientos de miembros del Gobierno Nacional y otros altos funcionarios que sugieren que las protestas y los actos de vandalismo dentro de estas son planificados y coordinados por grupos terroristas. “Tal retórica sirve como un pretexto peligroso para justificar una represión y una escalada de violencia aún más duras contra la población civil”, añade.
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Por último, piden instar al diálogo para solucionar la crisis por la que atraviesa el país. “Llegar a un diálogo genuino e inclusivo puede requerir insistencia, y quizás mediación y el compromiso de los buenos oficios de los amigos de Colombia. Estados Unidos debería ser el primero y más importante entre esos amigos y debe apoyar abiertamente esfuerzos por otros garantes”.
La carta, liderada por los congresistas James P. McGovern, Mark Pocan, Raúl M. Grijalva y Jan Schakowsky, pero firmada por más de cincuenta legisladores, queda expresa la preocupación por la situación política y de derechos humanos que se vive en Colombia.
Para los congresistas de EE. UU., “las fuerzas de seguridad de Colombia, especialmente su Policía Nacional, están más desatadas de lo que jamás hemos visto”, y basan esa afirmación en cientos de videos que los ciudadanos han difundido a través de las redes sociales. Además, acusan a la Fuerza Pública de no solo violar las leyes colombianas, sino la legislación internacional en derechos humanos.
“Según el Defensor del Pueblo, por lo menos 42 personas han sido asesinadas, y cientos más habían resultado heridas. Esta semana pasada, estuvimos sorprendidos aprender que la Policía Nacional abrió fuego a miembros no-armados de la Guardia Indígena”, anotan los congresistas.
Lea la carta completa aquí
Versión en español (traducción no oficial)