El Gobierno palestino urgió este lunes a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declarar que la ocupación israelí de Palestina es “ilegal y debe terminar de forma inmediata, total e incondicional” y alertó de que “el genocidio en curso” en la Franja de Gaza es resultado de “décadas de impunidad” de Israel.
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El ministro palestino de Exteriores, Riad al Maliki, advirtió de que “el genocidio en curso en Gaza es resultado de décadas de impunidad e inacción”, en las que Israel solo “ha dado tres opciones al pueblo palestino: desplazamiento, subyugación o muerte”, y recordó que “poner fin a esa impunidad israelí es un imperativo moral, político y legal”.
Al Maliki instó a una “solución justa y duradera de dos Estados democráticos: Palestina e Israel, uno al lado de otro, en paz y seguridad”, en un discurso ante el máximo tribunal de la ONU, que estudia las consecuencias legales derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado, para emitir una opinión consultiva.
El ministro de la Autoridad Palestina declaró que su pueblo sufre el “colonialismo y el apartheid” bajo la ocupación israelí.
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“Los palestinos sufren el colonialismo y el apartheid (...) Hay quienes se enfurecen por estas palabras. Deberían enfurecerse por la realidad que estamos sufriendo”, argumentó el ministro al Maliki, en el Palacio de la Paz de la Haya, sede de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
La CIJ abrió esta semana una serie de audiencias para analizar las consecuencias legales de la ocupación de Israel de los territorios palestinos desde 1967.
El tribunal celebra estas audiencias después de que la Asamblea General de la ONU solicitara a la corte en diciembre de 2022 su “opinión consultiva”, que no es vinculante, sobre las “consecuencias jurídicas derivadas de las políticas y prácticas de Israel en los Territorios Palestinos ocupados, incluyendo Jerusalén Este”. Se espera que un récord de 52 países, incluyendo Estados Unidos, Rusia y China, testifiquen en este proceso en La Haya.
El pronunciamiento de la CIJ no es vinculante, pero cualquier decisión del tribunal es analizada con mucha atención en medio de la creciente presión jurídica internacional sobre Israel desde el inicio de la guerra en Gaza, desencadenada tras el ataque del movimiento islamista palestino Hamás del 7 de octubre.
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En el asalto de los milicianos islamistas en el sur de Israel murieron 1.160 personas, en su mayoría civiles, según un recuento efectuado por la AFP en base a datos oficiales israelíes.
Israel respondió con una potente ofensiva en Gaza con el objetivo de “aniquilar” a Hamás, que gobierna en este territorio palestino desde 2007. Según el movimiento palestino, esta operación militar ha dejado más de 29.000 muertos.
Las audiencias que comenzaron este lunes corresponden a un caso independiente del recurso de emergencia presentado por Sudáfrica que argumenta que Israel violó la Convención para la Prevención de Genocidios durante la ofensiva en Gaza.
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