CPI ordena arresto de presidente de Sudán

“No hay inmunidad para los jefes de Estado (...) y, como el ex presidente yugoslavo Slobodan Milosevic o el antiguo presidente de Liberia Charles Taylor, el destino de Omar al-Bashir es sentarse ante la Justicia”. Esta fue la sentencia con la que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, emitió la orden de detención del mandatario de Sudán. Con tal decisión, la justicia internacional sienta un precedente, pues es la primera vez, desde cuando entró en funcionamiento en 2002, que emite una orden de detención contra un mandatario en ejercicio.

Al-Bashir, que ha rechazado todas las acusaciones, fue acusado de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Los jueces descartaron la acusación de genocidio por falta de pruebas. “Pero de lo que sí tienen suficiente documentación es de que al-Bashir orquestó una campaña de represión en Darfur, que comenzó después del ataque contra el aeropuerto de El Fasher en abril de 2003. Según los tres jueces investigadores: ‘Se sospecha que (al-Bashir) es criminalmente responsable de dirigir intencionalmente ataques contra una parte importante de la población civil de Darfur, Sudán, asesinando, exterminando, violando, torturando, transfiriendo por la fuerza a grandes contingentes de civiles y saqueando su propiedad”, aseguró Laurence Blairon, vocera de la CPI.

La decisión de la Corte generó una reacción inmediata en el país africano. Miles de sudaneses salieron a las calles en el centro de la capital cantando consignas de respaldo al presidente. “Continúa, continúa Bashir. Estamos contigo, guía”, gritaban los manifestantes, al tiempo que criticaban a los países occidentales, sobre todo a Estados Unidos.

Por su parte, Abdel Baset Sedrat, ministro de Justicia sudanés, sostuvo que su país no entregará al presidente. “La orden de detención es una decisión política, que ha sido preparada desde antes”, afirmó Sedrat. El ministro insistió en que su país no tratará con la CPI, ni la va a reconocer porque este tribunal “no tiene competencia ni poderes en Sudán”, y aseguró que “al-Bashir continuará sus labores”.

Asimismo, el asesor presidencial, Mustafa Ozman Ismail, afirmó que cuentan con el apoyo de la Organización para la Conferencia Islámica, la Liga Árabe y la Unidad Africana, entre otras organizaciones internacionales, y que algunos países vecinos de Sudán —Egipto, Libia y Eritrea— ya anunciaron que no cumplirán con la resolución de la CPI.

Las consecuencias no se hicieron esperar. A unas horas de conocer la orden de expulsión, el gobierno sudanés ordenó la expulsión de diez organizaciones de asistencia humanitaria. Algunos países africanos y árabes dicen que éste es sólo el comienzo de lo que puede suceder y temen que la orden desestabilice toda la región, agrave el conflicto en Darfur y amenace el frágil acuerdo de paz que puso fin a décadas de guerra en el país. Al-Bashir declaró que no se irá del país y le pidió a la CPI “comerse su orden”.

El drama de Darfur

El conflicto en  esta región del oeste de Sudán se desató en 2003 por el enfrentamiento entre  los yanyauid, un grupo de milicianos formados por miembros de las tribus de los Abbala (criadores árabes de camellos) y los pueblos no Baggara, principalmente agricultores. Se dice que el gobierno dio armas a los yanyauid. Este conflicto ha dejado 400.000 víctimas y  provocado el desplazamiento de más de 2’500.000 personas. El enfrentamiento ha sido descrito por organizaciones humanitarias como un “genocidio”.

“No hay inmunidad para los jefes de Estado (...) y, como el ex presidente yugoslavo Slobodan Milosevic o el antiguo presidente de Liberia Charles Taylor, el destino de Omar al-Bashir es sentarse ante la Justicia”. Esta fue la sentencia con la que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, emitió la orden de detención del mandatario de Sudán. Con tal decisión, la justicia internacional sienta un precedente, pues es la primera vez, desde cuando entró en funcionamiento en 2002, que emite una orden de detención contra un mandatario en ejercicio.

Al-Bashir, que ha rechazado todas las acusaciones, fue acusado de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Los jueces descartaron la acusación de genocidio por falta de pruebas. “Pero de lo que sí tienen suficiente documentación es de que al-Bashir orquestó una campaña de represión en Darfur, que comenzó después del ataque contra el aeropuerto de El Fasher en abril de 2003. Según los tres jueces investigadores: ‘Se sospecha que (al-Bashir) es criminalmente responsable de dirigir intencionalmente ataques contra una parte importante de la población civil de Darfur, Sudán, asesinando, exterminando, violando, torturando, transfiriendo por la fuerza a grandes contingentes de civiles y saqueando su propiedad”, aseguró Laurence Blairon, vocera de la CPI.

La decisión de la Corte generó una reacción inmediata en el país africano. Miles de sudaneses salieron a las calles en el centro de la capital cantando consignas de respaldo al presidente. “Continúa, continúa Bashir. Estamos contigo, guía”, gritaban los manifestantes, al tiempo que criticaban a los países occidentales, sobre todo a Estados Unidos.

Por su parte, Abdel Baset Sedrat, ministro de Justicia sudanés, sostuvo que su país no entregará al presidente. “La orden de detención es una decisión política, que ha sido preparada desde antes”, afirmó Sedrat. El ministro insistió en que su país no tratará con la CPI, ni la va a reconocer porque este tribunal “no tiene competencia ni poderes en Sudán”, y aseguró que “al-Bashir continuará sus labores”.

Asimismo, el asesor presidencial, Mustafa Ozman Ismail, afirmó que cuentan con el apoyo de la Organización para la Conferencia Islámica, la Liga Árabe y la Unidad Africana, entre otras organizaciones internacionales, y que algunos países vecinos de Sudán —Egipto, Libia y Eritrea— ya anunciaron que no cumplirán con la resolución de la CPI.

Las consecuencias no se hicieron esperar. A unas horas de conocer la orden de expulsión, el gobierno sudanés ordenó la expulsión de diez organizaciones de asistencia humanitaria. Algunos países africanos y árabes dicen que éste es sólo el comienzo de lo que puede suceder y temen que la orden desestabilice toda la región, agrave el conflicto en Darfur y amenace el frágil acuerdo de paz que puso fin a décadas de guerra en el país. Al-Bashir declaró que no se irá del país y le pidió a la CPI “comerse su orden”.

El drama de Darfur

El conflicto en  esta región del oeste de Sudán se desató en 2003 por el enfrentamiento entre  los yanyauid, un grupo de milicianos formados por miembros de las tribus de los Abbala (criadores árabes de camellos) y los pueblos no Baggara, principalmente agricultores. Se dice que el gobierno dio armas a los yanyauid. Este conflicto ha dejado 400.000 víctimas y  provocado el desplazamiento de más de 2’500.000 personas. El enfrentamiento ha sido descrito por organizaciones humanitarias como un “genocidio”.