Crítica mundial por la condena a 45 activistas prodemocracia en Hong Kong
Un tribunal de Hong Kong condenó a 45 activistas prodemocracia por “conspiración para subvertir el poder del Estado”. Las críticas internacionales por la erosión de libertades políticas no tardaron en llegar, mientras China advirtió que estos comentarios son “interferencia” en sus asuntos internos.
Un tribunal de Hong Kong condenó este martes 19 de noviembre a 45 activistas prodemocracia por “conspiración para subvertir el poder del Estado”, en la conclusión del mayor juicio celebrado hasta ahora bajo la polémica ley de seguridad nacional impuesta por China en 2020. Estados Unidos y varios países de la Unión Europea lo consideraron “otro golpe sin precedentes” contra las libertades fundamentales, la democracia y el pluralismo en la excolonia británica hoy controlada por China.
Los condenados a penas de entre cuatro y diez años de prisión, entre los que hay destacadas figuras del antes diverso panorama político hongkonés, fueron arrestados por organizar unas elecciones primarias informales en 2020 dentro del bando prodemocrático de cara a obtener una mayoría en el legislativo de la ciudad y en las que más de 600.000 votantes eligieron candidatos para las elecciones al Consejo Legislativo.
En enero de 2021, las autoridades arrestaron a 47 personas vinculadas en este caso. Dos acusados fueron absueltos, mientras que 31 admitieron los cargos.
El veredicto del Tribunal de Primera Instancia, emitido el 30 de mayo, declaró culpables a 14 figuras prodemocráticas tras un largo proceso iniciado después de que Pekín introdujese en junio de 2020 una Ley de Seguridad Nacional en la miniconstitución de la ciudad, pasando por alto el poder legislativo local, un año después de multitudinarias protestas antigubernamentales.
Este martes 19 de noviembre, los 45 acusados fueron culpados por haber planeado y utilizado sus facultades como legisladores para bloquear proyectos de ley presupuestaria, paralizar el funcionamiento del Gobierno y, eventualmente, forzar la dimisión de la entonces jefa del Ejecutivo, Carrie Lam.
Tres jueces del Tribunal Superior, todos ellos elegidos a dedo por el dirigente municipal para instruir casos de seguridad nacional, consideraron que las votaciones formaban parte de un complot más amplio para “socavar, destruir o derrocar” el gobierno municipal provocando una crisis constitucional tras la toma de posesión de la legislatura.
Según el tribunal, la conspiración, de haber tenido éxito, habría interferido gravemente, perturbado o socavado el funcionamiento del gobierno debido al daño sustancial que habría causado al “poder y la autoridad del gobierno y del jefe del ejecutivo”.
Entre los condenados se encuentra el exprofesor de Derecho Benny Tai, quien recibió la pena máxima de diez años por su implicación en la organización de elecciones primarias extraoficiales. Au Nok-hin, Andrew Chiu y Ben Chung, quienes testificaron a favor de la acusación contra sus compañeros durante el juicio, fueron condenados a penas de seis años y nueve meses, siete años y seis años y un mes, respectivamente.
Este trío, junto a Benny Tai y Gordon Ng, que recibió una condena de siete años y tres meses, fue considerado organizador de las primarias. La segunda condena más larga fue impuesta al activista Owen Chow, quien fue sentenciado a siete años y nueve meses de prisión.
Crítica internacional
Las condenas internacionales no tardaron en llegar con duras críticas de varios países y organizaciones de derechos humanos por la erosión de las libertades políticas en Hong Kong.
Es “otro golpe sin precedentes contra las libertades fundamentales, la participación democrática y el pluralismo” en ese territorio, señaló la UE en un comunicado.
Además de la prolongada detención preventiva y la denegación de la libertad bajo fianza para la mayoría de los acusados, los Veintisiete señalaron que el no cumplimiento de las normas de un juicio justo “socava aún más la confianza en el estado de derecho consagrado en la Ley Básica de Hong Kong y, por tanto, en las obligaciones jurídicas internacionales de Hong Kong y de la República Popular China”, declaró un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), que dirige el español Josep Borrell.
Mientras, Estados Unidos manifestó su “firme condena”, señalando que los acusados “fueron perseguidos y encarcelados de manera agresiva por participar pacíficamente en actividades políticas normales, amparadas por la Ley Fundamental de Hong Kong”.
Por su parte, Anna Kwok, directora ejecutiva del Consejo para la Democracia de Hong Kong (HKDC), calificó la decisión judicial como “un ataque a la esencia de Hong Kong, que clama por libertad y democracia”.
Kwok subrayó que las condenas no solo afectan a los líderes prodemocráticos, sino que también “sentencian a las próximas generaciones que aspiran a un futuro político”. Además, instó al Gobierno estadounidense a “imponer sanciones selectivas a los responsables de esta represión” y pidió al Congreso la aprobación de la Ley de Certificación de la Oficina Económica y Comercial de Hong Kong.
El gobierno británico también acusó a las autoridades de Hong Kong de utilizar la ley de seguridad nacional para “criminalizar a la oposición política”.
“Quienes fueron condenados estaban ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, reunión y participación en la vida política”, destacó en un comunicado la subsecretaria de Estado británica para la zona Indo-Pacífico, Catherine West.
Mientras, el gobierno australiano dijo estar “gravemente preocupado por la sentencia” y afirmó que continuaría defendiendo los “mejores intereses” de uno de los acusados de nacionalidad australiana, Gordon Ng.
La presidencia de Taiwán, una isla de gobierno autónomo y democrático reclamada por Pekín, condenó “el uso de parte del gobierno chino de medidas judiciales y procesos injustos para suprimir la participación política y la libertad de expresión de los activistas prodemocracia de Hong Kong”.
“La democracia no es un crimen”, dijo la portavoz de la presidencia taiwanesa, Karen Kuo.
“Las duras sentencias de hoy (...) reflejan cuán rápidamente han decaído las libertades civiles y la independencia judicial los últimos cuatro años en Hong Kong”, señaló en un comunicado Maya Wang, subdiretora de Human Rights Watch para China.
China rechazó las críticas occidentales
China no espero para rechazar las críticas de varios países occidentales calificándolas de “injerencias injustificadas” en sus asuntos internos.
El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, aseguró en rueda de prensa que Hong Kong opera bajo un sistema “regido por el Estado de derecho”, en el que “las leyes deben cumplirse” y las violaciones enfrentan “consecuencias legales”.
Pekín acusó a algunos países de “ignorar sus propios procedimientos judiciales mientras critican injustamente los de Hong Kong”.
Estas acciones, según la posición oficial, constituyen una falta de respeto al espíritu del Estado de derecho y buscan desacreditar el sistema judicial hongkonés.
El Gobierno chino reiteró su respaldo a las autoridades de la antigua colonia británica en la protección de la seguridad nacional y el castigo a quienes realicen actividades que amenacen la estabilidad del territorio.
Lin aprovechó para responder a las críticas de Taipéi afirmando que “Taiwán es una provincia de China” y que este tipo de asuntos “no son cuestiones diplomáticas”.
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Un tribunal de Hong Kong condenó este martes 19 de noviembre a 45 activistas prodemocracia por “conspiración para subvertir el poder del Estado”, en la conclusión del mayor juicio celebrado hasta ahora bajo la polémica ley de seguridad nacional impuesta por China en 2020. Estados Unidos y varios países de la Unión Europea lo consideraron “otro golpe sin precedentes” contra las libertades fundamentales, la democracia y el pluralismo en la excolonia británica hoy controlada por China.
Los condenados a penas de entre cuatro y diez años de prisión, entre los que hay destacadas figuras del antes diverso panorama político hongkonés, fueron arrestados por organizar unas elecciones primarias informales en 2020 dentro del bando prodemocrático de cara a obtener una mayoría en el legislativo de la ciudad y en las que más de 600.000 votantes eligieron candidatos para las elecciones al Consejo Legislativo.
En enero de 2021, las autoridades arrestaron a 47 personas vinculadas en este caso. Dos acusados fueron absueltos, mientras que 31 admitieron los cargos.
El veredicto del Tribunal de Primera Instancia, emitido el 30 de mayo, declaró culpables a 14 figuras prodemocráticas tras un largo proceso iniciado después de que Pekín introdujese en junio de 2020 una Ley de Seguridad Nacional en la miniconstitución de la ciudad, pasando por alto el poder legislativo local, un año después de multitudinarias protestas antigubernamentales.
Este martes 19 de noviembre, los 45 acusados fueron culpados por haber planeado y utilizado sus facultades como legisladores para bloquear proyectos de ley presupuestaria, paralizar el funcionamiento del Gobierno y, eventualmente, forzar la dimisión de la entonces jefa del Ejecutivo, Carrie Lam.
Tres jueces del Tribunal Superior, todos ellos elegidos a dedo por el dirigente municipal para instruir casos de seguridad nacional, consideraron que las votaciones formaban parte de un complot más amplio para “socavar, destruir o derrocar” el gobierno municipal provocando una crisis constitucional tras la toma de posesión de la legislatura.
Según el tribunal, la conspiración, de haber tenido éxito, habría interferido gravemente, perturbado o socavado el funcionamiento del gobierno debido al daño sustancial que habría causado al “poder y la autoridad del gobierno y del jefe del ejecutivo”.
Entre los condenados se encuentra el exprofesor de Derecho Benny Tai, quien recibió la pena máxima de diez años por su implicación en la organización de elecciones primarias extraoficiales. Au Nok-hin, Andrew Chiu y Ben Chung, quienes testificaron a favor de la acusación contra sus compañeros durante el juicio, fueron condenados a penas de seis años y nueve meses, siete años y seis años y un mes, respectivamente.
Este trío, junto a Benny Tai y Gordon Ng, que recibió una condena de siete años y tres meses, fue considerado organizador de las primarias. La segunda condena más larga fue impuesta al activista Owen Chow, quien fue sentenciado a siete años y nueve meses de prisión.
Crítica internacional
Las condenas internacionales no tardaron en llegar con duras críticas de varios países y organizaciones de derechos humanos por la erosión de las libertades políticas en Hong Kong.
Es “otro golpe sin precedentes contra las libertades fundamentales, la participación democrática y el pluralismo” en ese territorio, señaló la UE en un comunicado.
Además de la prolongada detención preventiva y la denegación de la libertad bajo fianza para la mayoría de los acusados, los Veintisiete señalaron que el no cumplimiento de las normas de un juicio justo “socava aún más la confianza en el estado de derecho consagrado en la Ley Básica de Hong Kong y, por tanto, en las obligaciones jurídicas internacionales de Hong Kong y de la República Popular China”, declaró un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), que dirige el español Josep Borrell.
Mientras, Estados Unidos manifestó su “firme condena”, señalando que los acusados “fueron perseguidos y encarcelados de manera agresiva por participar pacíficamente en actividades políticas normales, amparadas por la Ley Fundamental de Hong Kong”.
Por su parte, Anna Kwok, directora ejecutiva del Consejo para la Democracia de Hong Kong (HKDC), calificó la decisión judicial como “un ataque a la esencia de Hong Kong, que clama por libertad y democracia”.
Kwok subrayó que las condenas no solo afectan a los líderes prodemocráticos, sino que también “sentencian a las próximas generaciones que aspiran a un futuro político”. Además, instó al Gobierno estadounidense a “imponer sanciones selectivas a los responsables de esta represión” y pidió al Congreso la aprobación de la Ley de Certificación de la Oficina Económica y Comercial de Hong Kong.
El gobierno británico también acusó a las autoridades de Hong Kong de utilizar la ley de seguridad nacional para “criminalizar a la oposición política”.
“Quienes fueron condenados estaban ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, reunión y participación en la vida política”, destacó en un comunicado la subsecretaria de Estado británica para la zona Indo-Pacífico, Catherine West.
Mientras, el gobierno australiano dijo estar “gravemente preocupado por la sentencia” y afirmó que continuaría defendiendo los “mejores intereses” de uno de los acusados de nacionalidad australiana, Gordon Ng.
La presidencia de Taiwán, una isla de gobierno autónomo y democrático reclamada por Pekín, condenó “el uso de parte del gobierno chino de medidas judiciales y procesos injustos para suprimir la participación política y la libertad de expresión de los activistas prodemocracia de Hong Kong”.
“La democracia no es un crimen”, dijo la portavoz de la presidencia taiwanesa, Karen Kuo.
“Las duras sentencias de hoy (...) reflejan cuán rápidamente han decaído las libertades civiles y la independencia judicial los últimos cuatro años en Hong Kong”, señaló en un comunicado Maya Wang, subdiretora de Human Rights Watch para China.
China rechazó las críticas occidentales
China no espero para rechazar las críticas de varios países occidentales calificándolas de “injerencias injustificadas” en sus asuntos internos.
El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, aseguró en rueda de prensa que Hong Kong opera bajo un sistema “regido por el Estado de derecho”, en el que “las leyes deben cumplirse” y las violaciones enfrentan “consecuencias legales”.
Pekín acusó a algunos países de “ignorar sus propios procedimientos judiciales mientras critican injustamente los de Hong Kong”.
Estas acciones, según la posición oficial, constituyen una falta de respeto al espíritu del Estado de derecho y buscan desacreditar el sistema judicial hongkonés.
El Gobierno chino reiteró su respaldo a las autoridades de la antigua colonia británica en la protección de la seguridad nacional y el castigo a quienes realicen actividades que amenacen la estabilidad del territorio.
Lin aprovechó para responder a las críticas de Taipéi afirmando que “Taiwán es una provincia de China” y que este tipo de asuntos “no son cuestiones diplomáticas”.
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