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Al menos ocho manifestantes murieron este domingo en Birmania a manos de las fuerzas de seguridad que dispersaron violentamente varias concentraciones, en el día más sangriento de las protestas contra el golpe de Estado militar.
El país es escenario de una oleada de manifestaciones prodemocracia y de una campaña de desobediencia civil desde el golpe de Estado militar que derrocó al gobierno civil dirigido por Aung San Suu Kyi el 1 de febrero.
Desde entonces, las protestas se han reprimido cada vez de forma más violenta, con gases lacrimógenos, cañones de agua, pelotas de goma y, en ocasiones, munición real.
Naciones Unidas condenó la represión y afirmó que le había llegado información fidedigna de que al menos 18 personas habrían muerto en las manifestaciones, un balance que la AFP no pudo confirmar de forma independiente.
“Condenamos con fuerza la escalada de violencia (...) e instamos a los militares a cesar de inmediato de usar la fuerza contra manifestantes pacíficos” afirmó Ravina Shamdasani, portavoz de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
Este domingo, tres hombres perecieron en una manifestación en la ciudad sureña de Dawei, en la que también resultaron heridas 20 personas, según socorristas y medios locales.
Las víctimas murieron tras ser “alcanzadas por disparos de munición real”, dijo a la AFP Pyae Zaw Hein, un socorrista voluntario. Los heridos recibieron impactos de balas de goma, explicó, y advirtió que “puede haber muchas más víctimas”.
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Otros dos jóvenes de 18 años murieron en la localidad de Bago, según socorristas. Sus muertes fueron confirmadas por medios basados en esta localidad, al norte de Rangún.
Una sexta persona falleció en Rangún, indicó en Facebook un exdiputado del derrocado gobierno civil, Nyi Nyi. Se trata de un joven de 23 años, que murió por disparos.
Por último, en Mandalay, un médico de urgencias indicó a la AFP que dos hombres murieron, heridos de bala.
El jefe de la junta, el general Min Aung Hlaing, aseguró no obstante que las autoridades habían hecho un uso mínimo de la fuerza para dispersar las concentraciones.
Pero ya son trece los manifestantes muertos desde el 1 de febrero. El ejército afirma que un policía murió cuando trataba de dispersar una protesta.
“La clara escalada del recurso a la fuerza letal (...) es escandalosa e inaceptable y debe cesar inmediatamente”, dijo Phil Robertson, subdirector de la división Asia en la oenegé Human Rights Watch (HRW).
En Rangún, las fuerzas de seguridad dispersaron rápidamente una manifestación este domingo.
“La policía comenzó a disparar desde que llegamos. No hubo mensajes de advertencia”, declaró a la AFP Amy Kyaw, una maestra de 29 años.
Centenares de personas fueron detenidas en la capital económica, según la policía, y llevadas a la prisión de Insein.
Las fuerzas de seguridad también actuaron contra la prensa.
En Myityina (norte), las fuerzas de seguridad propinaron una paliza a un periodista, que fue arrestado, según un medio local. Otro fue alcanzado por pelotas de goma en el centro del país, según el medio para el que trabaja.
El sábado, al menos tres periodistas fueron detenidos, incluyendo un fotógrafo de la agencia estadounidense Associated Press.
Más de 850 personas han sido arrestadas, inculpadas o condenadas por su participación en las manifestaciones, según la oenegé de ayuda a los presos políticos AAPP. Pero los arrestos se intensificaron en los dos últimos días y solo el sábado 479 fueron detenidas.
En los últimos días, Estados Unidos y la Unión Europea denunciaron la violencia empleada por las fuerzas de seguridad e instaron a la junta a dejar el poder.
“Tenemos el corazón partido por la pérdida de tantas vidas humanas”, tuiteó el domingo la embajada de Estados Unidos en Birmania. “Apuntar contra los civiles es algo horroroso”.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, estimó que “las fuerzas de seguridad han mostrado un flagrante desprecio por el derecho internacional y deben rendir cuentas”. Aung San Suu Kyi, galardonada con el Nobel de la Paz en 1991, no ha sido vista en público desde que fue detenida.
Se encuentra en arresto domiciliario en Naipyidó, la capital, inculpada de importar ilegalmente walkie-talkies y de violar las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19. El lunes comparecerá en una audiencia para responder sobre estos cargos.
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