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Plutarco decía que la paciencia tiene más poder que la fuerza. El Partido Demócrata está a punto de averiguar por qué este filósofo tenía razón. Luego de los trágicos eventos que enmarcaron la toma al Capitolio en Washington D.C., Estados Unidos, varios congresistas demócratas, incluida la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, aceleraron el proceso para comenzar un nuevo juicio político contra el presidente Donald Trump por su papel en la toma y el intento de golpe. Las pruebas son contundentes y no hay duda de que el mandatario encabeza la lista de responsables por lo sucedido. Pero, ¿qué cargos debe enfrentar?
El lunes, luego de cuatro días de incertidumbre, los demócratas presentaron los artículos que redactaron para el juicio político en la Cámara de Representantes. Solo un cargo aparecía en el documento: incitación a la insurrección. Además, la propuesta de los demócratas incluía una resolución llamativa que forzaba al vicepresidente Mike Pence a invocar la Enmienda 25 -con la que el gabinete puede remover al presidente del cargo- en un período máximo de 24 horas. Este sería un ultimátum para Pence y los republicanos con el fin de evitar el juicio político. Pero los republicanos de la Cámara bloquearon dicha resolución, por lo que el artículo será votado el miércoles en el Congreso.
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El problema central con este acelerado juicio político, como muchos expertos en derecho advierten, es que el cargo presentado parece ser el equivocado. Como señala Clark Cunningham en Politico, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Georgia, “si los demócratas de la Cámara de Representantes quieren minimizar la politización y maximizar las posibilidades de condena en el Senado tendrían muchas más posibilidades si adoptaran artículos de juicio político desprovistos de retórica partidista y que contengan múltiples cargos independientes, cada uno basado en el derecho penal federal y con evidencia indiscutible”.
A lo que el profesor Cunningham se refiere es que el cargo de “incitación a la insurrección” crea dificultades en la argumentación legal para los demócratas. La palabra “incitación” se vuelve engorrosa. Los demócratas se han centrado en el discurso que dio Trump antes de la toma y que con este condujo a sus seguidores a asaltar el Capitolio. Será difícil probar ese punto, no solo porque el equipo legal del presidente podría defenderlo tratando de apuntar a que los demócratas buscan castigar la libertad de discurso protegida por la Primera Enmienda, sino porque, como lo hizo ver Hugh Hewitt, columnista de The Washington Post, ese discurso que dio en la mañana del miércoles no arroja pruebas concluyentes.
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Trump fue negligente y agregó gasolina a la manifestación con su evento “Save America” y dirigió a los manifestantes al Capitolio, pero también dijo que quería que marcharan “pacífica y patrióticamente” en el mismo discurso. Con esto no se trata de ignorar la evidente responsabilidad del presidente en lo sucedido, sino de mostrar cuán precisos tienen que ser los cargos para que el proceso avance en el Senado. El cargo de “incitación” deja las cosas abiertas a que los republicanos que incluso rechazan lo que hizo Trump puedan oponerse a su destitución.
Por eso Cunningham, al igual que la exfiscal Elura Nanos en un artículo publicado en Law and Crime, ofrecían otra ruta: cargos por conspiración sediciosa. Esto, además de exponer al acusado al doble de la sentencia que por un cargo como el que presentaron los demócratas, tiene tantas pruebas de respaldo que resultaría muchísimo más difícil para los republicanos del Senado oponerse a la destitución en un próximo juicio.
La conspiración sediciosa describe perfectamente lo que pasó el 6 de enero. Un grupo de personas atacó la sede del Legislativo con el objetivo de impedir la ratificación de los resultados electorales. La ley expresa que la conspiración es un delito para “impedir por la fuerza, obstaculizar o retrasar la ejecución de cualquier ley” y que no necesariamente los acusados deben conocer todos los detalles del crimen que va a ejecutarse. Esto embarra totalmente a Trump del crimen. Así no conociera los planes para llevar un dispositivo explosivo a la sede del Comité Nacional Republicano, el presidente promovió el encuentro en sus redes sociales.
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Pero como señala Nanos, no solo hay que ver lo que hizo Trump antes de la toma, sino lo que hizo durante y después del motín de sus seguidores. Esto último, explica la experta, tiene más potencial para resultar en una condena. Trump dijo en un video publicado el jueves, en el que parecía reconocer la derrota, que había enviado a la Guardia Nacional de inmediato para responder a la insurrección. Según su secretario de Defensa interino, Christopher Miller, y otros funcionarios del Pentágono, esto no es cierto. Diferentes reportes indican que el presidente se negó a llamar a la Guardia Nacional mientras el Capitolio era atacado. Eso es más grave que la incitación y respaldaría la teoría de que Trump buscaba intimidar al Congreso.
Además de los cargos por su participación en la toma del Capitolio, Donald Trump también debería enfrentar cargos por conspiración para fraude electoral tras su llamada al secretario de estado de Georgia, un escándalo más grave que el del Watergate que pasó por alto la gravedad de lo que ocurrió en la capital a mitad de la semana. En el audio se entiende que Trump estaba presionando a un funcionario electoral para que lo ayudara a “encontrar” en las papeletas los votos necesarios para ganar.
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Pero también convenció a sus seguidores de que el vicepresidente Pence tenía la autoridad para rechazar los votos de millones de personas. Esto no solo alimentó la crisis política, sino que se trataba de una interferencia con los deberes constitucionales del vicepresidente. Era también una violación a la Constitución. Y todo esto ocurrió solo en los últimos diez días.
Hay muchas razones para condenar a Trump. La lista de violaciones a la Constitución durante su gobierno es enorme. Y como explican Cunningham y Nanos, era necesario que los demócratas fueran además de precisos en la redacción de los artículos, mucho más amplios. Si hubieran presentado más cargos, habría más posibilidades de tener éxito. Después de todo, solo se necesita una condena por un cargo para la destitución. El paso acelerado de los demócratas, entendible por el peligro que representa la permanencia de Trump un día más en la Oficina Oval, acaparó los titulares y mostró fuerza. Pero lo que más necesitaban en este momento era actuar con prudencia e inteligencia.
Ahora, ya que el proceso de destitución de Trump avanza con rapidez, es importante destacar dos cosas. El presidente no es el único responsable de la crisis. Los senadores Josh Hawley y Ted Cruz, entre muchos otros congresistas que ahora son vistos como parias en el Capitolio, fueron cómplices del plan al apoyar la objeción a los votos electorales. Por eso mismo ahora enfrentan, al igual que Trump, pedidos de renuncia y destitución. El abogado personal del presidente, Rudy Giuliani, quien les pidió a los fanáticos luchar hasta morir, también estaría a punto de ser expulsado del Colegio de Abogados por su incitación a la violencia.
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Este acto de conspiración contra Estados Unidos tiene muchos tentáculos. También quedan faltando los financiadores de la toma. Después de casi una semana de lo ocurrido se han preguntado ¿cómo una mujer de Tennessee logró viajar a la capital y hospedarse en un hotel para asistir al evento? Los asistentes habrían recibido tiquetes y viáticos a través de páginas como Joy in Liberty, en un caso que todavía está bajo estudio. Hay todavía muchos cómplices sin identificar. Una condena a Trump sería un primer avance en el camino a la justicia, pero hay que aceptar algo más: una condena al presidente no resolverá el problema.
Además de avivar la crisis como muchos pronostican, los problemas que llevaron a EE. UU. al borde del abismo continuarán presentes pese a la condena de Trump a menos de que el presidente electo Joe Biden y su gobierno realicen un cambio audaz. Las condiciones actuales permitieron que el Partido Republicano se volviera rehén de un individuo como Trump. El modelo electoral es injusto y continuará perpetuando las victorias de extremistas si no se ajusta a las condiciones que reclama una democracia de verdad.
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Como señala Richard Hasen en Slate, el Distrito de Columbia necesita ser declarado un estado más. Si tuviera tal estatus no habría sido difícil llamar a la Guardia Nacional en lugar de esperar la autorización de Trump. El derecho al voto está desafiado en varios estados por leyes que pasan los republicanos. La difusión de desinformación electoral es un peligro para el sistema y se necesita una reforma en este sentido. Son muchos los huecos para tapar. La presidencia de Joe Biden tiene muchos desafíos a la vista, como la economía y la pandemia, pero también debe replantear las reglas de juego en estos cuatro años para evitar que un mal perdedor vuelva a patear el tablero.