Dos años sin relaciones con Venezuela, en donde se consolida la dictadura

Colombia y Venezuela atraviesan el peor momento de su historia diplomática, desde que la dictadura de Nicolás Maduro expulsó al personal diplomático y consular colombiano en febrero de 2019, y el posterior cierre de los pasos fronterizos por el gobierno de Iván Duque en marzo de 2020, a causa de la pandemia, la relación entre las autoridades de los dos países se limita a la diplomacia del micrófono y a las mutuas acusaciones y descalificaciones.

Si bien, el gobierno colombiano reconoce a Juan Guaidó y al representante diplomático del gobierno de transición en Colombia, el embajador Tomás Guanipa, la verdad es que el control efectivo del Estado venezolano está en manos de Nicolás Maduro y el régimen chavista. Ni Guaidó o Guanipa tienen incidencia en los temas de la agenda bilateral.

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Después de dos años de la ruptura de las relaciones consulares, el gobierno del presidente Duque no ha logrado establecer un canal de atención para los más de 3,4 millones de colombianos en territorio venezolano. A diferencia de otros gobiernos que reconocieron a Juan Guaidó, pero mantuvieron relaciones con el régimen de Maduro, Colombia opto por la negación absoluta de la dictadura. Se puede considerar una postura políticamente coherente, la realidad es que nuestros nacionales en Venezuela han quedado desamparados ante un gobierno que es reconocido como violador sistemático de los derechos humanos.

Pero la negativa del gobierno colombiano a establecer cualquier tipo de diálogo con la dictadura no puede llevar al Estado colombiano a desconocer a Venezuela, menos en tiempos de pandemia y crisis migratoria. Si bien se afirma que los temas del COVID-19 son manejados en el marco de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la respuesta a la migración se aborda desde la propuesta del Estatuto Temporal de Protección para migrantes Venezolanos (ETPS), ninguno de los dos mecanismos garantiza la atención y protección de los colombianos en Venezuela.

Incluso no hay actualmente en el gobierno colombiano una persona responsable de Venezuela. Desde la salida del último embajador, Ricardo Lozano, no tenemos una autoridad encargada de los intereses colombianos en el vecino país. A diferencia, por ejemplo, de los Estados Unidos que tienen en la embajada norteamericana en Bogotá una persona responsable de Venezuela, el embajador James Story.

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Se ha perdido autonomía en la interpretación que puede hacer el Estado colombiano sobre Venezuela, la cercanía de actores de la oposición venezolana al gobierno colombiano, los cuales no se puede olvidar actúan bajo sus propios intereses, limitan seriamente la capacidad de valorar la situación venezolana a la luz de los intereses colombianos.

En Venezuela ya no hay democracia, pero hay Whisky. A pesar de las sanciones internacionales y la crisis de salud pública causada por la pandemia, el régimen poco a poco se consolida. Los años de escasez y desabastecimiento están quedando atrás. Hoy se consigue una amplia gama de productos, incluso los tapabocas y productos para la bioseguridad, algunos con precios elevados que muy pocos venezolanos pueden pagar, pero las leyes de la oferta y la demanda han empezado hacer caer los precios en una economía prácticamente dolarizada. Incluso en algunas zonas de Venezuela se consigue whisky más barato que en Colombia.

Lo cual no significa que no exista una crisis humanitaria, la crisis existe y hace de Venezuela el único país del hemisferio occidental que retrocede en su esperanza de vida. Pero la dictadura se está estabilizando, los ciudadanos se preocupan más por su cotidianidad y lo político les resulta cada vez más ajeno.

Venezuela vive la estabilización de la precariedad, una precariedad de la cual muchos se están beneficiando, y no solamente los aliados y los esbirros del chavismo. Por ejemplo, el comercio bilateral se encuentra en manos de actores ilegales, según la Cámara de Comercio Colombo-venezolana supera los más de 2.000 millones de dólares, aún con los pasos fronterizos cerrados.

Después de dos años es urgente replantearse la relación con Venezuela, es necesario que el Estado colombiano reconstruya una infraestructura institucional para relacionarse con nuestro vecino más importante. Es fundamental trabajar en la restauración de la relación consular y establecer unos mínimos a partir de las prioridades e intereses del Estado colombiano para relacionarse con el Estado venezolano.

Así como a principios de los años noventa se habló de la desgolfización de la relación bilateral, dejando de lado las diferencias territoriales por el golfo de Coquivacoa para construir una relación comercial mutuamente beneficiosa para los dos Estados. Ha llegado el momento de despolarizar la relación y buscar el interés superior de los ciudadanos de los dos países y quizás el tema hoy es la migración.

* Ronal Rodríguez es investigador del proyecto “Esto no es una frontera, esto es un río” del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario en colaboración con Diálogo Ciudadano y con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer.

Colombia y Venezuela atraviesan el peor momento de su historia diplomática, desde que la dictadura de Nicolás Maduro expulsó al personal diplomático y consular colombiano en febrero de 2019, y el posterior cierre de los pasos fronterizos por el gobierno de Iván Duque en marzo de 2020, a causa de la pandemia, la relación entre las autoridades de los dos países se limita a la diplomacia del micrófono y a las mutuas acusaciones y descalificaciones.

Si bien, el gobierno colombiano reconoce a Juan Guaidó y al representante diplomático del gobierno de transición en Colombia, el embajador Tomás Guanipa, la verdad es que el control efectivo del Estado venezolano está en manos de Nicolás Maduro y el régimen chavista. Ni Guaidó o Guanipa tienen incidencia en los temas de la agenda bilateral.

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Después de dos años de la ruptura de las relaciones consulares, el gobierno del presidente Duque no ha logrado establecer un canal de atención para los más de 3,4 millones de colombianos en territorio venezolano. A diferencia de otros gobiernos que reconocieron a Juan Guaidó, pero mantuvieron relaciones con el régimen de Maduro, Colombia opto por la negación absoluta de la dictadura. Se puede considerar una postura políticamente coherente, la realidad es que nuestros nacionales en Venezuela han quedado desamparados ante un gobierno que es reconocido como violador sistemático de los derechos humanos.

Pero la negativa del gobierno colombiano a establecer cualquier tipo de diálogo con la dictadura no puede llevar al Estado colombiano a desconocer a Venezuela, menos en tiempos de pandemia y crisis migratoria. Si bien se afirma que los temas del COVID-19 son manejados en el marco de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la respuesta a la migración se aborda desde la propuesta del Estatuto Temporal de Protección para migrantes Venezolanos (ETPS), ninguno de los dos mecanismos garantiza la atención y protección de los colombianos en Venezuela.

Incluso no hay actualmente en el gobierno colombiano una persona responsable de Venezuela. Desde la salida del último embajador, Ricardo Lozano, no tenemos una autoridad encargada de los intereses colombianos en el vecino país. A diferencia, por ejemplo, de los Estados Unidos que tienen en la embajada norteamericana en Bogotá una persona responsable de Venezuela, el embajador James Story.

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Se ha perdido autonomía en la interpretación que puede hacer el Estado colombiano sobre Venezuela, la cercanía de actores de la oposición venezolana al gobierno colombiano, los cuales no se puede olvidar actúan bajo sus propios intereses, limitan seriamente la capacidad de valorar la situación venezolana a la luz de los intereses colombianos.

En Venezuela ya no hay democracia, pero hay Whisky. A pesar de las sanciones internacionales y la crisis de salud pública causada por la pandemia, el régimen poco a poco se consolida. Los años de escasez y desabastecimiento están quedando atrás. Hoy se consigue una amplia gama de productos, incluso los tapabocas y productos para la bioseguridad, algunos con precios elevados que muy pocos venezolanos pueden pagar, pero las leyes de la oferta y la demanda han empezado hacer caer los precios en una economía prácticamente dolarizada. Incluso en algunas zonas de Venezuela se consigue whisky más barato que en Colombia.

Lo cual no significa que no exista una crisis humanitaria, la crisis existe y hace de Venezuela el único país del hemisferio occidental que retrocede en su esperanza de vida. Pero la dictadura se está estabilizando, los ciudadanos se preocupan más por su cotidianidad y lo político les resulta cada vez más ajeno.

Venezuela vive la estabilización de la precariedad, una precariedad de la cual muchos se están beneficiando, y no solamente los aliados y los esbirros del chavismo. Por ejemplo, el comercio bilateral se encuentra en manos de actores ilegales, según la Cámara de Comercio Colombo-venezolana supera los más de 2.000 millones de dólares, aún con los pasos fronterizos cerrados.

Después de dos años es urgente replantearse la relación con Venezuela, es necesario que el Estado colombiano reconstruya una infraestructura institucional para relacionarse con nuestro vecino más importante. Es fundamental trabajar en la restauración de la relación consular y establecer unos mínimos a partir de las prioridades e intereses del Estado colombiano para relacionarse con el Estado venezolano.

Así como a principios de los años noventa se habló de la desgolfización de la relación bilateral, dejando de lado las diferencias territoriales por el golfo de Coquivacoa para construir una relación comercial mutuamente beneficiosa para los dos Estados. Ha llegado el momento de despolarizar la relación y buscar el interés superior de los ciudadanos de los dos países y quizás el tema hoy es la migración.

* Ronal Rodríguez es investigador del proyecto “Esto no es una frontera, esto es un río” del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario en colaboración con Diálogo Ciudadano y con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer.