El colombiano que le ayuda al papa a eliminar el abuso a menores

De acuerdo con monseñor Luis Manuel Alí Herrera, quien representa a Colombia Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, el 6 de enero de 2002 fue crucial para que la Iglesia católica empezara a reconocer uno de sus grandes enemigos. Ese día, el Boston Globe hizo público el testimonio de más de 130 personas que habían sido abusadas sexualmente por sacerdotes a lo largo de 30 años.

“Esa investigación fue el punto de quiebre. No es que antes no se hubiera hecho nada, pero la Iglesia no había reaccionado a nivel global. Pensaba que eran casos particulares”, dice monseñor Alí Herrera, quien desde 2014, y gracias a su experiencia como psicólogo clínico y a sus 23 años a cargo de la formación de sacerdotes en el Seminario Mayor de Bogotá, llegó a ser parte de la comisión especial formada por el papa Francisco para erradicar el abuso sexual en la Iglesia, un camino que no ha estado libre de tropiezos.

En enero de este año, tan pronto llegó a Chile, el papa dio un discurso en el que expresó el “dolor y la vergüenza” que sentía frente al “daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia”. El comienzo de la visita papal se veía prometedor, más en un país donde, según la ONG Bishop Accountability, al menos 80 miembros de la Iglesia han sido señalados de abusar de menores.

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Toda esa expectativa se vino abajo cuando Francisco ofició una misa junto al obispo Juan Barros, la misma persona que durante años ha sido acusada de encubrir decenas de casos de pederastia y a quien el papa defendió de las “calumnias” en su contra. Las protestas no tardaron en llegar y, para aplacarlas, el papa ordenó una investigación especial. ¿El resultado? Unas declaraciones públicas en las que Francisco reconoció haber “incurrido en graves equivocaciones de valoración” en el caso del obispo Barros y dos reuniones: la primera, programada para esta semana, con tres víctimas chilenas y, la segunda, con representantes de la curia del país austral.

Para Juan Cruz, una de las víctimas citadas por el papa, es una oportunidad para preguntarle a Francisco por qué el cardenal George Pell sigue siendo uno de sus nueve consejeros a pesar de haber sido acusado por abuso en Australia. En entrevista para el New York Times, Cruz también anticipó que hablará con el papa sobre otro de sus consejeros, el cardenal chileno Francisco Javier Errázuriz, quien, al enterarse de que Cruz es homosexual, llegó a decir que pudo haber disfrutado de los abusos que sufrió cuando tenía 17 años y que, por lo tanto, no estaba seguro de que fuera una víctima.

Declaraciones de ese tipo explican por qué la comisión de la que hace parte el colombiano Luis Manuel Alí Herrera ha recomendado que se responda de forma más diligente a las denuncias de abuso que llegan a la Iglesia.

(Lea también: Papa Francisco se reúne con víctimas de abusos sexuales por religiosos en Chile)

“También hemos pedido que sea más clara la responsabilidad que tiene cada uno de los obispos en la protección de los menores”, dice Alí Herrera, para quien es fundamental que los jerarcas de la Iglesia sepan que pueden ser juzgados, “no sólo por lo que hagan, sino por lo que dejen de hacer”, una disposición que quedó ratificada en 2016, con la carta apostólica en la que el papa pidió a sus obispos prestar particular atención al cuidado de los niños.

Aunque la comisión de la que Alí Herrera hace parte no judicializa los casos de abuso, algo que le corresponde a la Congregación de la Doctrina de la Fe, aspira a que los más de 1.800 casos que esperan un fallo de ese organismo puedan descentralizarse mediante la creación de cortes regionales. Eso, unido a mayores esfuerzos en la formación y selección de sacerdotes, hace parte de las medidas con las que la comisión busca erradicar el abuso a menores, un crimen que, para monseñor Alí Herrera,  no tiene ninguna relación con el celibato obligatorio y cuya reducción es fundamental para que la Iglesia católica recobre el terreno perdido: “Les hemos fallado. Ahora tenemos una política en la que si existe un solo caso a nivel mundial, para nosotros es muy grave, porque demuestra que nuestras políticas de protección no han funcionado”.

De acuerdo con monseñor Luis Manuel Alí Herrera, quien representa a Colombia Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, el 6 de enero de 2002 fue crucial para que la Iglesia católica empezara a reconocer uno de sus grandes enemigos. Ese día, el Boston Globe hizo público el testimonio de más de 130 personas que habían sido abusadas sexualmente por sacerdotes a lo largo de 30 años.

“Esa investigación fue el punto de quiebre. No es que antes no se hubiera hecho nada, pero la Iglesia no había reaccionado a nivel global. Pensaba que eran casos particulares”, dice monseñor Alí Herrera, quien desde 2014, y gracias a su experiencia como psicólogo clínico y a sus 23 años a cargo de la formación de sacerdotes en el Seminario Mayor de Bogotá, llegó a ser parte de la comisión especial formada por el papa Francisco para erradicar el abuso sexual en la Iglesia, un camino que no ha estado libre de tropiezos.

En enero de este año, tan pronto llegó a Chile, el papa dio un discurso en el que expresó el “dolor y la vergüenza” que sentía frente al “daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia”. El comienzo de la visita papal se veía prometedor, más en un país donde, según la ONG Bishop Accountability, al menos 80 miembros de la Iglesia han sido señalados de abusar de menores.

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Toda esa expectativa se vino abajo cuando Francisco ofició una misa junto al obispo Juan Barros, la misma persona que durante años ha sido acusada de encubrir decenas de casos de pederastia y a quien el papa defendió de las “calumnias” en su contra. Las protestas no tardaron en llegar y, para aplacarlas, el papa ordenó una investigación especial. ¿El resultado? Unas declaraciones públicas en las que Francisco reconoció haber “incurrido en graves equivocaciones de valoración” en el caso del obispo Barros y dos reuniones: la primera, programada para esta semana, con tres víctimas chilenas y, la segunda, con representantes de la curia del país austral.

Para Juan Cruz, una de las víctimas citadas por el papa, es una oportunidad para preguntarle a Francisco por qué el cardenal George Pell sigue siendo uno de sus nueve consejeros a pesar de haber sido acusado por abuso en Australia. En entrevista para el New York Times, Cruz también anticipó que hablará con el papa sobre otro de sus consejeros, el cardenal chileno Francisco Javier Errázuriz, quien, al enterarse de que Cruz es homosexual, llegó a decir que pudo haber disfrutado de los abusos que sufrió cuando tenía 17 años y que, por lo tanto, no estaba seguro de que fuera una víctima.

Declaraciones de ese tipo explican por qué la comisión de la que hace parte el colombiano Luis Manuel Alí Herrera ha recomendado que se responda de forma más diligente a las denuncias de abuso que llegan a la Iglesia.

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“También hemos pedido que sea más clara la responsabilidad que tiene cada uno de los obispos en la protección de los menores”, dice Alí Herrera, para quien es fundamental que los jerarcas de la Iglesia sepan que pueden ser juzgados, “no sólo por lo que hagan, sino por lo que dejen de hacer”, una disposición que quedó ratificada en 2016, con la carta apostólica en la que el papa pidió a sus obispos prestar particular atención al cuidado de los niños.

Aunque la comisión de la que Alí Herrera hace parte no judicializa los casos de abuso, algo que le corresponde a la Congregación de la Doctrina de la Fe, aspira a que los más de 1.800 casos que esperan un fallo de ese organismo puedan descentralizarse mediante la creación de cortes regionales. Eso, unido a mayores esfuerzos en la formación y selección de sacerdotes, hace parte de las medidas con las que la comisión busca erradicar el abuso a menores, un crimen que, para monseñor Alí Herrera,  no tiene ninguna relación con el celibato obligatorio y cuya reducción es fundamental para que la Iglesia católica recobre el terreno perdido: “Les hemos fallado. Ahora tenemos una política en la que si existe un solo caso a nivel mundial, para nosotros es muy grave, porque demuestra que nuestras políticas de protección no han funcionado”.