¿El comienzo de una desbandada en la Corte Penal Internacional?

Este miércoles, Gambia anunció que se retirará de la Corte Penal Internacional (CPI), el tribunal dedicado a investigar crímenes de guerra y contra la humanidad, al acusar al órgano de “perseguir a los africanos”. Gambia se une así a Burundi y Sudáfrica, que también han comenzado el proceso para salir de la jurisdicción del tribunal y que señalaron, a su vez, que se ha convertido en un “instrumento colonialista” cuya fijación obsesiva son los gobiernos africanos.

Sudáfrica, el primer país en anunciar su retiro, dijo que la legislación de la CPI entra en conflicto con la inmunidad diplomática tal y como está planteada en su país.  Su retiro comenzó a gestarse en junio de 2015, cuando el gobierno de Jacob Zuma permitió la entrada al país del mandatario sudanés Omar al Bashir, sobre quien pesa una orden de captura por crímenes contra la humanidad. Dado que Sudáfrica es miembro del tribunal, estaba en la obligación —al menos en teoría— de detener a Al Bashir y entregarlo a La Haya —la base de la CPI—. Sin embargo, Zuma argumentó por entonces que el mandatario sudanés tenía inmunidad diplomática.

Para algunos analistas, el acto de Zuma fue una forma de congraciarse con el resto de estados de la Unión Africana, que desde la entrada en vigor de la CPI en 2002 la han criticado por su presunta “parcialidad”. Tras la salida de Sudáfrica, que ya ha sido notificada al tribunal, Burundi utilizó argumentos similares. Aunque dichas actuaciones permiten pensar en una posible desbandada de los países africanos de la CPI, el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, negó que sea el principio de una “desintegración” y que antes de retirarse los países debían llevar sus críticas a la asamblea de Estados signatarios del Tratado de Roma (por el que se creó la corte).

Para Luis Moreno Ocampo, el primer fiscal que tuvo la corte entre 2003 y 2012, el retiro de Gambia, Burundi y Sudáfrica deja desprotegidas a las minorías y deja el campo abierto para que se cometan crímenes en su contra. La jurista sudafricana Ángela Mudukuti dijo a la agencia EFE: “Estas retiradas son un duro golpe para un tribunal que necesita precisamente más fuerza y apoyos”.

Sin embargo, para el ministro de la Información de Gambia, Sheriff Bojang, la corte tiene un sesgo claro: “Hay muchos países occidentales, al menos 30, que han cometido crímenes de guerra contra estado soberanos y sus ciudadanos desde la creación de la CPI y ningún criminal de guerra occidental ha sido imputado (…)”. Bojang aseguró que la corte hace silencio frente a, por ejemplo, la responsabilidad del exprimer ministro Tony Blair durante la guerra en Irak.

Marcos Peckel, columnista de El Espectador, resaltó esta semana las razones de Sudáfrica para retirarse: “Las razones aducidas por Pretoria resuenan en nuestro país: la Corte es un impedimento para lograr acuerdos negociados de paz, sus estándares de justicia no se compadecen con las realidades locales y desconoce los beneficios últimos de firmar la paz sacrificando justicia (…). Con violaciones de los derechos humanos y toda clase de crímenes rampantes en el mundo, la CPI no tiene resultados que mostrar más allá de la condena a tres líderes de grupúsculos rebeldes africanos”.

De acuerdo con los reportes del tribunal, en este momento hay diez investigaciones en curso, nueve de ellas en países africanos. Las examinaciones preliminares abren algo más el foco: Colombia, Afganistán, Burundi (el presidente Pierre Nkurunziza, investigado por la corte por los crímenes que se han cometido en los desmanes en su país desde 2013, fue el que impulsó la salida de ese país), Gabón, Guinea, Irak, Palestina, Nigeria, Grecia, Camboya y Ucrania. Ninguna potencia europea es investigada.

La argentina Silvia Fernández de Gurmendi, presidenta de la Corte, explicó al diario El País de España que el tribunal tiene aún “límites normativos” y que no puede actuar sobre países que no son miembros. Las investigaciones que realiza la corte, señaló Fernández de Gurmendi, son complementarias. El tribunal actúa, como explicó ese diario, cuando lo solicita un estado miembro y también cuando lo solicite el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

La CPI no es un órgano universal. Siria, por ejemplo, donde una guerra de cinco años ha cobrado ya la vida de más de 300.000 personas, no hace parte de su jurisdicción. Estados Unidos, China, Rusia, Israel y todos los países del Golfo Pérsico no son miembros de la CPI. En ese sentido, por ejemplo, la CPI no puede entrar a juzgar la guerra en Yemen, en la que Arabia Saudita ha cometido atrocidades y bombardeos indiscriminados, de acuerdo con organizaciones independientes. Tampoco podría juzgar a Rusia por la guerra en Ucrania. Ni a Estados Unidos por sus bombardeos en Siria.

La CPI carece, además, de dientes jurídicos y militares. No tiene la potestad para castigar a un país por no seguir el reglamento (como, por ejemplo, no pudo hacer nada contra Zuma cuando no quiso capturar a Al Bashir) y carece de un equipo policial para hacer ella misma las capturas.

Este miércoles, Gambia anunció que se retirará de la Corte Penal Internacional (CPI), el tribunal dedicado a investigar crímenes de guerra y contra la humanidad, al acusar al órgano de “perseguir a los africanos”. Gambia se une así a Burundi y Sudáfrica, que también han comenzado el proceso para salir de la jurisdicción del tribunal y que señalaron, a su vez, que se ha convertido en un “instrumento colonialista” cuya fijación obsesiva son los gobiernos africanos.

Sudáfrica, el primer país en anunciar su retiro, dijo que la legislación de la CPI entra en conflicto con la inmunidad diplomática tal y como está planteada en su país.  Su retiro comenzó a gestarse en junio de 2015, cuando el gobierno de Jacob Zuma permitió la entrada al país del mandatario sudanés Omar al Bashir, sobre quien pesa una orden de captura por crímenes contra la humanidad. Dado que Sudáfrica es miembro del tribunal, estaba en la obligación —al menos en teoría— de detener a Al Bashir y entregarlo a La Haya —la base de la CPI—. Sin embargo, Zuma argumentó por entonces que el mandatario sudanés tenía inmunidad diplomática.

Para algunos analistas, el acto de Zuma fue una forma de congraciarse con el resto de estados de la Unión Africana, que desde la entrada en vigor de la CPI en 2002 la han criticado por su presunta “parcialidad”. Tras la salida de Sudáfrica, que ya ha sido notificada al tribunal, Burundi utilizó argumentos similares. Aunque dichas actuaciones permiten pensar en una posible desbandada de los países africanos de la CPI, el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, negó que sea el principio de una “desintegración” y que antes de retirarse los países debían llevar sus críticas a la asamblea de Estados signatarios del Tratado de Roma (por el que se creó la corte).

Para Luis Moreno Ocampo, el primer fiscal que tuvo la corte entre 2003 y 2012, el retiro de Gambia, Burundi y Sudáfrica deja desprotegidas a las minorías y deja el campo abierto para que se cometan crímenes en su contra. La jurista sudafricana Ángela Mudukuti dijo a la agencia EFE: “Estas retiradas son un duro golpe para un tribunal que necesita precisamente más fuerza y apoyos”.

Sin embargo, para el ministro de la Información de Gambia, Sheriff Bojang, la corte tiene un sesgo claro: “Hay muchos países occidentales, al menos 30, que han cometido crímenes de guerra contra estado soberanos y sus ciudadanos desde la creación de la CPI y ningún criminal de guerra occidental ha sido imputado (…)”. Bojang aseguró que la corte hace silencio frente a, por ejemplo, la responsabilidad del exprimer ministro Tony Blair durante la guerra en Irak.

Marcos Peckel, columnista de El Espectador, resaltó esta semana las razones de Sudáfrica para retirarse: “Las razones aducidas por Pretoria resuenan en nuestro país: la Corte es un impedimento para lograr acuerdos negociados de paz, sus estándares de justicia no se compadecen con las realidades locales y desconoce los beneficios últimos de firmar la paz sacrificando justicia (…). Con violaciones de los derechos humanos y toda clase de crímenes rampantes en el mundo, la CPI no tiene resultados que mostrar más allá de la condena a tres líderes de grupúsculos rebeldes africanos”.

De acuerdo con los reportes del tribunal, en este momento hay diez investigaciones en curso, nueve de ellas en países africanos. Las examinaciones preliminares abren algo más el foco: Colombia, Afganistán, Burundi (el presidente Pierre Nkurunziza, investigado por la corte por los crímenes que se han cometido en los desmanes en su país desde 2013, fue el que impulsó la salida de ese país), Gabón, Guinea, Irak, Palestina, Nigeria, Grecia, Camboya y Ucrania. Ninguna potencia europea es investigada.

La argentina Silvia Fernández de Gurmendi, presidenta de la Corte, explicó al diario El País de España que el tribunal tiene aún “límites normativos” y que no puede actuar sobre países que no son miembros. Las investigaciones que realiza la corte, señaló Fernández de Gurmendi, son complementarias. El tribunal actúa, como explicó ese diario, cuando lo solicita un estado miembro y también cuando lo solicite el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

La CPI no es un órgano universal. Siria, por ejemplo, donde una guerra de cinco años ha cobrado ya la vida de más de 300.000 personas, no hace parte de su jurisdicción. Estados Unidos, China, Rusia, Israel y todos los países del Golfo Pérsico no son miembros de la CPI. En ese sentido, por ejemplo, la CPI no puede entrar a juzgar la guerra en Yemen, en la que Arabia Saudita ha cometido atrocidades y bombardeos indiscriminados, de acuerdo con organizaciones independientes. Tampoco podría juzgar a Rusia por la guerra en Ucrania. Ni a Estados Unidos por sus bombardeos en Siria.

La CPI carece, además, de dientes jurídicos y militares. No tiene la potestad para castigar a un país por no seguir el reglamento (como, por ejemplo, no pudo hacer nada contra Zuma cuando no quiso capturar a Al Bashir) y carece de un equipo policial para hacer ella misma las capturas.