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En Centroamérica, ocho de cada diez personas están sufriendo de la severa crisis de inseguridad alimentaria y están al límite de la pobreza extrema, así lo señala la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Además, por su ubicación geográfica, el istmo es una de las zonas más proclives a desastres naturales como terremotos, actividad volcánica, desbordamiento de ríos y huracanes como el de Eta e Iota que en noviembre, hace apenas cinco meses, devastaron amplias zonas de la región dejando más de 200 muertos y más de medio millón de desplazados. Si a esto sumamos unos altísimos indices de corrupción, el narcotráfico y la violencia indiscriminada del crimen organizado tenemos un caldo de cultivo idóneo para una diáspora humana sostenida y recurrente.
Estos movimientos masivos de personas, que han sido el motor de la economía estadounidense en las últimas décadas, en la actualidad están afectando los intereses políticos de la potencia del norte. Pero las trabas que se han impuesto para intentar frenar la marea humana no han hecho más que profundizar el sufrimiento de los migrantes
A pesar de ello, los centroamericanos siguen huyendo de sus países de origen, específicamente de Honduras, Guatemala y El Salvador. Según las autoridades estadounidenses, más de 100 mil personas fueron detenidas en la frontera sur en el último mes, con un aumento de familias y niños no acompañados con respecto al mes anterior.
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La migración nicaragüense a Costa Rica presenta sus propias particularidades pero es de tal magnitud que ha sobrepasado la capacidad de respuesta institucional costarricense. El pequeño país, además debe enfrentar la transmigración de personas provenientes de Sudamérica, África, el Caribe y Asia, que en cantidades relativamente menores a la de los centroamericanos, también intentan llegar a EE.UU.
Como contrapartida, el envío de las remesas de los emigrantes viene a fortalecer las economías de la región, incluso muchas veces superando a sectores como la industria. Como ejemplo, en Guatemala las remesas representan el 14.6% del PIB, en Honduras el 23%, en El Salvador el 20% y en Nicaragua el 13.4% (datos del 2020).
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¿A qué gobierno le interesaría solucionar genuinamente el problema de la migración si esta sostiene a las paupérrimas economías? Además, los sistemas bancarios se ven fortalecidos, lo que aporta cierta sostenibilidad a las economías nacionales.
La cooperación internacional no ha funcionado
La región no ha sido ajena a los planes de ayuda y la cooperación internacional. El Plan Alianza para la Prosperidad, —lanzado en 2014 por el gobierno de Obama— que buscaba frenar la migración de personas del norte de Centroamérica fracasó rotundamente. Una de las principales razones fue no tener en cuenta lo que todo programa básico de políticas públicas enseña: “se debe involucrar a los afectados en el diseño de soluciones y estos deben definir su problema público”.
Aunque la versión oficial de los países centroamericanos hable de un interés por incorporar a las comunidades en los planes, el interés genuino provenía de los propios EE.UU. Sin embargo, el diseño se hizo desde los escritorios, sin conocer el terreno e incluso, en ciertos casos, por gobiernos autoritarios, corruptos y vulneradores de derechos humanos, inclusive respaldados por EE. UU.
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Los resultados están a la vista, los proyectos que se implementaron no transformaron en lo más mínimo la calidad de vida de las personas. Más bien, se inflaron los bolsillos de muchos políticos y directores de ONGs a los cuales no se les pidió más que informes técnicos o financieros en lugar de evaluaciones de impacto.
El camino hacia el “sueño americano”
Sin embargo, para las nuevas autoridades estadounidenses se vuelve imprescindible dar una solución urgente y contundente al problema, con la particularidad del discurso demócrata del respeto a los derechos humanos. Este es un aspecto prioritario debido a la montañas de denuncias de migrantes acosados o asesinados en su camino hacia el norte a mano de bandas crimilaes.
En los últimos tiempos, inclusive las propias autoridades migratorias mexicanas han sido señaladas por estar vinculadas a estos crímenes. En enero de este año 19 personas, la mayoría de origen guatemalteco, fueron brutalmente asesinadas e incineradas en Camargo, Tamaulipas. Las investigaciones vinculan a personal de la policía estatal y a agentes del Instituto Nacional de Migración en los hechos. Estas atrocidades se enmarcan en las presiones que las autoridades mexicanas reciben para limitar el paso de centroamericanos que buscan llegar a territorio estadounidense.
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Cómo alternativa a esta riesgoza travesía, muchos migrantes que huyen de Centroamérica están eligiendo México como destino, así lo señalado la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes en sus informes.
En su estrategia por abordar el problema de forma estructural, Joe Biden ha designado recientemente a su vicepresidente, Kamala Harris, para llevar adelante los planes para mitigar la migración. La vicepresidente, ex Fiscal General en California, conoce bien el terreno y los temas de seguridad, justicia, inteligencia, defensa y relaciones diplomáticas.
Pero para que el nuevo esfuerzo valga la pena, la vicepresidente Harris debe poner especial atención a la pobreza que azota la región. No perdamos el tiempo y los recursos en descubrir el hilo negro y el agua azucarada. Las personas migran irregularmente, poniendo en juego sus vidas, si no tienen qué comer y para revertir esto, es necesario generar cambios que fortalezcan a las instituciones estatales. La región debe mejorar sus indicadores educativos, de acceso a la salud y de seguridad en todo el sentido de la palabra, lo cual incluye la seguridad pública, social y alimentaria.
Es fundamental, además, fortalecer los sistemas judiciales —entre otras cosas para mitigar la impunidad— y los sistemas de partidos, actualmente debilitados y extremadamente vulnerables a la corrupción en un contexto donde los flujos de dinero que circulan producto del narcotráfico y las pandillas juveniles lo contamina todo.
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La denominada “fuerza de tarea regional anticorrupción”, que el gobierno estadounidense quiere llevar adelante deberá considerar los aspectos básicos que han llevado a Centroamérica a ser una maquina de emigrantes que expulsa miles de personas cada día. Es momento de llamar a las cosas por su nombre e intentar lograr recuperar el presente y futuro de unos 37 millones de habitantes, que ven desde lejos al águila calva como tabla de salvación.
Jahir Dabroy Profesor e investigador de la Escuela de Gobierno de Guatemala. Doctor en Administración Pública y Políticas Públicas por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Especializado en temas sociopolíticos de Guatemala y América Latina.
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