El equipo que defiende los intereses de Colombia ante Nicaragua llegó a La Haya

Como reacción a la demanda de Nicaragua, Colombia presentó cuatro contrademandas, dos de las cuales fueron aceptadas por la Corte.

Foto: EFE - Frank van Beek

Liderado por el agente Carlos Gustavo Arrieta, ex magistrado del Consejo de Estado y ex procurador General de la Nación, el equipo de defensa de Colombia llegó a La Haya para participar de la lectura del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso de la demanda de Nicaragua contra Colombia, por las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe, informó la Cancillería en un comunicado.

Este jueves 21 de abril, la CIJ, el principal órgano judicial de Naciones Unidas, dará a conocer el fallo del tercer caso de Nicaragua contra Colombia. Esta vez, no está en riesgo ningún territorio o delimitación, sino la defensa de los derechos de pesca de los raizales.

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“Es decir, no se pide una nueva delimitación, es un caso sobre responsabilidad internacional y derechos de los Estados. De igual forma, la corte también decidirá si es Nicaragua la que ha infringido el derecho internacional, en virtud de las dos contrademandas que interpuso Colombia”, se lee en el documento publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La decisión de los jueces de La Haya se conocerá a las 10:00 a.m., hora de Países Bajos (3:00 a. m., hora de Colombia).

La defensa de Colombia en este caso

El equipo de defensa también está conformado por seis abogados especialistas en Derecho Internacional Público, quienes, además, han contado con la colaboración de la Armada Nacional de Colombia y otras entidades del orden local y regional, así como de varios miembros de la comunidad Raizal del Archipiélago.

De hecho, Kent Francis James, abogado de la Universidad Externado de Colombia, y miembro del “Raizal Team”, presentó sus argumentos en la CIJ contra Nicaragua en septiembre del año pasado. Su intervención se dio en un momento clave e histórico: fue la primera vez que un miembro de la comunidad raizal intervino en este diferendo.

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Y es que Nicaragua, en sus argumentos ante la Corte, dijo que los derechos de pesca no existen. Y estableció, por ejemplo, que la pesca que ejercen los raizales, con apoyo del Gobierno colombiano, es cada vez más tecnificada —con el uso de sistemas de refrigeración y GPS—, lo que le quitaría su carácter artesanal.

Parte importante de la defensa de Colombia giró en torno a temas como:

• El derecho de las islas a tener una zona contigua.
• El derecho de Colombia de hacer presencia en el mar Caribe en la lucha contra los delitos transnacionales, para salvaguardar la vida en el mar y para proteger el hábitat natural de la Reserva de Biosfera y Área Marina Protegida Seaflower.

Como reacción a la demanda de Nicaragua, Colombia presentó cuatro contrademandas, dos de las cuales fueron aceptadas por la Corte. En la primera, Colombia señaló que el país centroamericano “ha desconocido la existencia de derechos tradicionales de pesca de los habitantes del Archipiélago”, en particular de la comunidad Raizal, para acceder a las aguas donde se encuentran los bancos en los que han pescado por siglos.

El país también sostuvo que Nicaragua expidió un decreto contrario al derecho internacional relacionado con los puntos y líneas de base a partir de los cuales mide sus espacios marítimos en el mar Caribe, “buscando adjudicarse de forma unilateral áreas marinas en detrimento de Colombia y de los demás Estados del Caribe”, dice un comunicado de la Cancillería.

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