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Han pasado ocho años desde que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió la sentencia del caso que enfrentó a Colombia y Nicaragua desde el 6 de diciembre de 2001 por la delimitación marítima en el mar Caribe. El 19 de noviembre de 2012, la CIJ determinó que no existía una frontera marítima entre los dos países y la definió entregando a Managua una porción importante de mar al oriente del meridiano 82. Incluso, el fallo dejó dos cayos colombianos (Quitasueño y Serrana) enclavados en aguas nicaragüenses.
Un trago amargo que Colombia aún no acaba de asimilar y que, cada cierto tiempo, alimenta apasionados debates entre quienes sienten que el fallo fue una ofensa a Colombia y los que dicen que hay que acatar la sentencia porque es definitiva e inapelable. “Tenemos que meternos en la cabeza que no hay forma de modificar lo que la Corte determinó”, explica Ricardo Abello, profesor de derecho internacional de la Universidad del Rosario.
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La polémica revivió esta semana tras el destructor paso del huracán Iota que destapó, una vez más, que San Andrés y Providencia ha sido históricamente un territorio olvidado. El fallo no cambió eso.
“Colombia nunca se preocupó por el archipiélago, incluso en el siglo XIX, el gobierno de entonces le dio instrucciones al embajador colombiano de la época en Washington, Enrique Cortés, para tratar de venderlo a EE. UU., lo que pasa es que en ese momento los estadounidenses no estaban interesados”, recuerda Julio Londoño Paredes, actual decano de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la U. del Rosario, excanciller y durante muchos años agente especial de Colombia para el litigio con Nicaragua.
“Solo desde 1953, cuando el general Rojas Pinilla construyó un aeropuerto en San Andrés y posteriormente lo declaró puerto libre, entonces fue cuando Colombia se dio cuenta de que tenía el archipiélago, pero eso generó problemas sociales, porque los raizales denunciaron que la isla había sido invadida por comerciantes continentales, como llaman a gente de otras regiones, y que estaban perdiendo todos sus derechos”, agrega Londoño.
Comunidades de raizales le recordaron al Gobierno Nacional que urge mejorar muchas cosas en el territorio, pues el sistema sanitario es precario, no hay albergues, las comunicaciones son inestables, se quedaron sin luz, muchas viviendas son frágiles y están a punto de derrumbarse, y la vía Circunvalar quedó destrozada por las fuertes olas.
Un fallo sin aplicar
El gobierno de Juan Manuel Santos determinó que solo se podía aplicar el fallo de 2012 hasta que se firmara un acuerdo con Managua. Nicaragua tampoco quedó conforme, porque, aunque la Corte le adjudicó aguas del mar Caribe que en el imaginario colombiano nos pertenecían, “a ese país le correspondían derechos marítimos en una proporción de 8 a 1 frente a Colombia, y los jueces solo le reconocieron derechos en una proporción de 3 a 1”, explicaba el excanciller Londoño a este diario. Por eso Nicaragua, antes que Colombia, consideró que la Corte se había equivocado.
Y decidió volver a los estrados judiciales con dos nuevas demandas. La primera fue interpuesta el 16 de septiembre de 2013, cuando les pidió a los jueces delimitar su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas. En la segunda, del 26 de noviembre de 2013, Nicaragua le solicitó a la Corte Internacional de Justicia que obligara a Colombia a acatar la sentencia de 2012.
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“Colombia le está apostando al tema ambiental y los derechos de pesca artesanal, que siempre estuvo en el tintero, pero que no se manejó en la primera demanda; seguramente la Corte aceptará este argumento, así como lo hizo en otros casos, como el de Costa Rica contra Nicaragua por la navegación sobre el río San Juan”, señala Ricardo Abello.
Frente al tema de la aplicación del fallo, explica el profesor de derecho internacional de la U. del Rosario, “la única manera de modificarlo sería tener un acuerdo con Nicaragua, algo difícil por la situación en ese país”. Aconseja que Colombia salga pronto de la camisa de fuerza que suponen esas dos demandas y “se ponga a trabajar por la región, más allá de temas de delimitación, para que de común acuerdo con las autoridades nicaragüenses se respeten las vedas, haya una pesca responsable con el medioambiente, las comunidades se vean beneficiadas del mar, se proteja el Seaflower y que la comunidad raizal se vea representada”.
“A veces se olvida que el objetivo de la demanda central de Nicaragua fue siempre la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia. El fallo dejó claro que ese territorio insular, incluidos los siete cayos que forman parte de él, son colombianos, de ningún otro país, ni de Honduras, Jamaica ni EE. UU., porque esos cayos eran pretendidos por varios países”, asevera Londoño Paredes.
En noviembre fueron reelegidos tres jueces de la Corte que conocen las demandas de Nicaragua contra Colombia, lo que es bueno para el caso, según expertos.
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En este momento, explican expertos, la principal evolución en los dos casos fue la admisión de la contrademanda de Colombia por el trazado de líneas de base recta en la costa de Mosquitia y por las afectaciones de los derechos históricos de pesca de las comunidades raizales. Solo faltan las audiencias orales en los dos casos, que se realizarían el próximo año, si la pandemia lo permite.