El largo camino hacia la verdad
Son muchas las lecciones que el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc pueden encontrar a nivel de comisiones de esclarecimiento de conflictos en el mundo. Aquí, los ejemplos más importantes.
Víctor de Currea-Lugo*, Especial para El Espectador
Mucho se ha dicho sobre dos casos emblemáticos, Ruanda y Sudáfrica, no exentos de críticas por su reducido alcance, las fallas en sus procedimientos y la falta de poder vinculante de sus recomendaciones. Pero hay otras experiencias menos conocidas de comisiones nacidas de acuerdos de paz, ricas también en enseñanzas, como son los casos de Sierra Leona (África), Guatemala (América Latina), Nepal y Sri Lanka (Asia).
Guatemala
Guatemala vivió un conflicto de 36 años que terminó en 1996. Al año siguiente empezó trabajos una comisión por espacio de 20 meses. El informe final habla de más de 200.000 personas muertas o desaparecidas (93% por responsabilidad del Estado) y actos de genocidio contra el pueblo maya. Allí se estableció la Comisión para el Esclarecimiento Histórico que, pese a las dudas iniciales y al poco apoyo del gobierno, fue capaz de cumplir su cometido y entregar un informe bastante exhaustivo.
La Comisión estudió los crímenes contra civiles, relacionados con el conflicto armado; pero no estableció la responsabilidad individual de los perpetradores y no hubo ninguna consecuencia jurídica, lo que desestimuló la declaración voluntaria de los responsables por crímenes. También se excluyó del estudio las causas del conflicto.
En Guatemala fueron visitados más de 2.000 pueblos y escuchadas más de 42.000 víctimas. Un programa de reparación fue establecido a partir de 2003. Y aunque la Comisión no tenía poder judicial, su trabajo contribuyó al juicio contra el exdictador José Efraín Ríos Montt por genocidio y crímenes de lesa humanidad.
Sierra Leona
El conflicto armado en Sierra Leona duró entre 1991 y 2002 y dentro de sus crímenes están la amputación, la violencia sexual y hasta el canibalismo. La Comisión fue creada en 2000 y siguió su trabajo a pesar del recrudecimiento del conflicto.
Allí redefinieron el concepto de víctima, pues ésta algunas veces era al mismo tiempo victimario. Parte de su trabajo fue la búsqueda activa de víctimas, muchas de ellas ubicadas en zonas remotas. Al comienzo las víctimas desconfiaron de la Comisión, pero esto se superó poco a poco.
La Comisión funcionó a la par con el Tribunal Especial para Sierra Leona, generando tensiones entre acceso a la verdad y acceso a la justicia. La Comisión se preguntaba por la suerte de las víctimas (ya que los programas de DDR -desarme, desmovilización y reintegración- lo harían por los victimarios) y también de las causas de tales delitos. Una de las tensiones era que el tratado de paz de Sierra Leona otorgaba impunidad a todos los combatientes, lo que chocaba con el deseo de encontrar la verdad. Sierra Leona enseñó que “nadie puede ser obligado a perdonar”. Aunque muchas víctimas no testificaron, y aun así se logró un registro de 16.300 casos
Nepal
Nepal vivió un alzamiento de guerrillas maoístas durante una década dejando 13.000 muertos y 1.300 desaparecidos, pero en el proceso de paz la búsqueda de la verdad no pesó tanto como en otras experiencias. Allí se acordó en 2007 crear una Comisión de la Verdad y una Comisión para la Investigación de Desapariciones.
Se propuso establecer el mandato de la Comisión de la Verdad por vía legal, pero el arduo y estéril debate entre las distintas fuerzas políticas no sólo dejó a la Comisión sin mandato sino que afectó incluso la formulación de una nueva Constitución, tal y como estaba acordado.
Los esfuerzos por construir una Comisión terminaron embolatados en discusiones parlamentarias al punto que diferentes intentos por darle un marco legal fracasaron. En los cuatro primeros borradores del Acuerdo de Paz no hubo mención a la Comisión, a lo que se suma una formulación sin sustancia y su falta de desarrollo legal.
Nepal sigue enredado en la reglamentación de la Comisión, 8 años después de su creación. La impunidad sigue presente y la verdad sigue oculta. Incluso, se critica que las propuestas de Comisión no son compatibles con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Sri Lanka
Sri Lanka vivió una cruenta guerra civil por décadas. Los cadáveres expuestos en espacios públicos eran una cotidianidad. Aún en medio de la guerra, fue posible investigar los casos de desaparición entre 1988 y 1993, mediante una Comisión creada en 1994. Pero la guerra siguió y en 2009, en pocos meses, más de 40.000 civiles murieron en la ofensiva del ejército que puso fin a los rebeldes tamil.
El problema allí no pasa solo por crear una Comisión (que no ha existido luego del fin del conflicto armado en 2009) sino por la legitimidad que tuvo, ante la comunidad cingalesa, el uso brutal de la fuerza contra los rebeldes tamil. El reto de la reconciliación no es solo en términos de víctimas y victimarios sino de sociedades enfrentadas.
El conflicto armado continuó después del informe de la Comisión sobre desaparición. Posterior a la guerra, finalizada en 2009, no hubo una Comisión como tal sino el informe de un panel de expertos de las Naciones Unidas. Ese panel nació desde la comunidad internacional y no de un proceso de paz, pues allí se impuso la salida militar al conflicto.
La Comisión creada en 1994, contribuyó a que se reconociera a los desaparecidos legalmente como fallecidos y se destrabara procesos jurídicos importantes para sus familiares. Mientras tanto al panel de expertos de 2011 el gobierno respondió afirmando que: “no hubo víctimas civiles”, a pesar de las denuncias sobre delitos como el uso de escudos humanos en la ofensiva militar de 2009.
Enseñanzas
Un error está en suponer que la verdad niega de plano el camino a la justicia. Como dice Eduardo González: “Nadie puede forzar a las víctimas a escoger entre el derecho a la verdad y el derecho a buscar investigaciones judiciales o reparación”.
En general, los recursos fueron una limitante, tanto en la operación como para la contratación de personal idóneo. En Sierra Leona los recursos para financiar la Comisión de la Verdad fueron pocos porque los donantes internacionales prefirieron apoyar al Tribunal Especial.
Hay otros casos a mencionar que dejan otras enseñanzas: en Uganda, el informe final fue publicado nueve años después, cuando el interés había decaído; mientras la comisión que funcionó en Chad no realizó audiencias públicas, lo cual afectó su legitimidad. Casos como el de Chile sugieren que la limitación a ciertos delitos aumenta la eficacia; los tres crímenes investigados fueron: ejecuciones arbitrarias, desapariciones y homicidios cometidos por la oposición armada. En Kenia, el error fue incluir incluso derechos económicos y sociales, opresión étnica y corrupción, dentro de las tareas de la Comisión. Por otro lado, el tiempo dado debe ser razonable: en Costa de Marfil el plazo previsto para el funcionamiento de la Comisión fue tan corto que no alcanzó a entrevistar ninguna víctima.
En un encuentro de experiencias de Comisiones de la Verdad realizado en Nueva York en 2013, se recomendó: evitar expectativas irreales sobre lo que podría producir las comisiones; limitar el mandato y no expandir demasiado las tareas porque eso favorece el fracaso; evitar copiar los otros modelos de manera mecánica, pues cada contexto demanda una comisión especial; y, defender la autonomía y la independencia.
El camino a la verdad está lleno de trampas y falsos avisos, sin que exista una única vía para transitarlo. Y si la hubiera, esta se cruzaría con el de la justicia y, en el caso de las guerras, con los de la paz. Ahí está el reto de saber caminar.
*PhD. Experto en conflictos internacionales.
Mucho se ha dicho sobre dos casos emblemáticos, Ruanda y Sudáfrica, no exentos de críticas por su reducido alcance, las fallas en sus procedimientos y la falta de poder vinculante de sus recomendaciones. Pero hay otras experiencias menos conocidas de comisiones nacidas de acuerdos de paz, ricas también en enseñanzas, como son los casos de Sierra Leona (África), Guatemala (América Latina), Nepal y Sri Lanka (Asia).
Guatemala
Guatemala vivió un conflicto de 36 años que terminó en 1996. Al año siguiente empezó trabajos una comisión por espacio de 20 meses. El informe final habla de más de 200.000 personas muertas o desaparecidas (93% por responsabilidad del Estado) y actos de genocidio contra el pueblo maya. Allí se estableció la Comisión para el Esclarecimiento Histórico que, pese a las dudas iniciales y al poco apoyo del gobierno, fue capaz de cumplir su cometido y entregar un informe bastante exhaustivo.
La Comisión estudió los crímenes contra civiles, relacionados con el conflicto armado; pero no estableció la responsabilidad individual de los perpetradores y no hubo ninguna consecuencia jurídica, lo que desestimuló la declaración voluntaria de los responsables por crímenes. También se excluyó del estudio las causas del conflicto.
En Guatemala fueron visitados más de 2.000 pueblos y escuchadas más de 42.000 víctimas. Un programa de reparación fue establecido a partir de 2003. Y aunque la Comisión no tenía poder judicial, su trabajo contribuyó al juicio contra el exdictador José Efraín Ríos Montt por genocidio y crímenes de lesa humanidad.
Sierra Leona
El conflicto armado en Sierra Leona duró entre 1991 y 2002 y dentro de sus crímenes están la amputación, la violencia sexual y hasta el canibalismo. La Comisión fue creada en 2000 y siguió su trabajo a pesar del recrudecimiento del conflicto.
Allí redefinieron el concepto de víctima, pues ésta algunas veces era al mismo tiempo victimario. Parte de su trabajo fue la búsqueda activa de víctimas, muchas de ellas ubicadas en zonas remotas. Al comienzo las víctimas desconfiaron de la Comisión, pero esto se superó poco a poco.
La Comisión funcionó a la par con el Tribunal Especial para Sierra Leona, generando tensiones entre acceso a la verdad y acceso a la justicia. La Comisión se preguntaba por la suerte de las víctimas (ya que los programas de DDR -desarme, desmovilización y reintegración- lo harían por los victimarios) y también de las causas de tales delitos. Una de las tensiones era que el tratado de paz de Sierra Leona otorgaba impunidad a todos los combatientes, lo que chocaba con el deseo de encontrar la verdad. Sierra Leona enseñó que “nadie puede ser obligado a perdonar”. Aunque muchas víctimas no testificaron, y aun así se logró un registro de 16.300 casos
Nepal
Nepal vivió un alzamiento de guerrillas maoístas durante una década dejando 13.000 muertos y 1.300 desaparecidos, pero en el proceso de paz la búsqueda de la verdad no pesó tanto como en otras experiencias. Allí se acordó en 2007 crear una Comisión de la Verdad y una Comisión para la Investigación de Desapariciones.
Se propuso establecer el mandato de la Comisión de la Verdad por vía legal, pero el arduo y estéril debate entre las distintas fuerzas políticas no sólo dejó a la Comisión sin mandato sino que afectó incluso la formulación de una nueva Constitución, tal y como estaba acordado.
Los esfuerzos por construir una Comisión terminaron embolatados en discusiones parlamentarias al punto que diferentes intentos por darle un marco legal fracasaron. En los cuatro primeros borradores del Acuerdo de Paz no hubo mención a la Comisión, a lo que se suma una formulación sin sustancia y su falta de desarrollo legal.
Nepal sigue enredado en la reglamentación de la Comisión, 8 años después de su creación. La impunidad sigue presente y la verdad sigue oculta. Incluso, se critica que las propuestas de Comisión no son compatibles con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Sri Lanka
Sri Lanka vivió una cruenta guerra civil por décadas. Los cadáveres expuestos en espacios públicos eran una cotidianidad. Aún en medio de la guerra, fue posible investigar los casos de desaparición entre 1988 y 1993, mediante una Comisión creada en 1994. Pero la guerra siguió y en 2009, en pocos meses, más de 40.000 civiles murieron en la ofensiva del ejército que puso fin a los rebeldes tamil.
El problema allí no pasa solo por crear una Comisión (que no ha existido luego del fin del conflicto armado en 2009) sino por la legitimidad que tuvo, ante la comunidad cingalesa, el uso brutal de la fuerza contra los rebeldes tamil. El reto de la reconciliación no es solo en términos de víctimas y victimarios sino de sociedades enfrentadas.
El conflicto armado continuó después del informe de la Comisión sobre desaparición. Posterior a la guerra, finalizada en 2009, no hubo una Comisión como tal sino el informe de un panel de expertos de las Naciones Unidas. Ese panel nació desde la comunidad internacional y no de un proceso de paz, pues allí se impuso la salida militar al conflicto.
La Comisión creada en 1994, contribuyó a que se reconociera a los desaparecidos legalmente como fallecidos y se destrabara procesos jurídicos importantes para sus familiares. Mientras tanto al panel de expertos de 2011 el gobierno respondió afirmando que: “no hubo víctimas civiles”, a pesar de las denuncias sobre delitos como el uso de escudos humanos en la ofensiva militar de 2009.
Enseñanzas
Un error está en suponer que la verdad niega de plano el camino a la justicia. Como dice Eduardo González: “Nadie puede forzar a las víctimas a escoger entre el derecho a la verdad y el derecho a buscar investigaciones judiciales o reparación”.
En general, los recursos fueron una limitante, tanto en la operación como para la contratación de personal idóneo. En Sierra Leona los recursos para financiar la Comisión de la Verdad fueron pocos porque los donantes internacionales prefirieron apoyar al Tribunal Especial.
Hay otros casos a mencionar que dejan otras enseñanzas: en Uganda, el informe final fue publicado nueve años después, cuando el interés había decaído; mientras la comisión que funcionó en Chad no realizó audiencias públicas, lo cual afectó su legitimidad. Casos como el de Chile sugieren que la limitación a ciertos delitos aumenta la eficacia; los tres crímenes investigados fueron: ejecuciones arbitrarias, desapariciones y homicidios cometidos por la oposición armada. En Kenia, el error fue incluir incluso derechos económicos y sociales, opresión étnica y corrupción, dentro de las tareas de la Comisión. Por otro lado, el tiempo dado debe ser razonable: en Costa de Marfil el plazo previsto para el funcionamiento de la Comisión fue tan corto que no alcanzó a entrevistar ninguna víctima.
En un encuentro de experiencias de Comisiones de la Verdad realizado en Nueva York en 2013, se recomendó: evitar expectativas irreales sobre lo que podría producir las comisiones; limitar el mandato y no expandir demasiado las tareas porque eso favorece el fracaso; evitar copiar los otros modelos de manera mecánica, pues cada contexto demanda una comisión especial; y, defender la autonomía y la independencia.
El camino a la verdad está lleno de trampas y falsos avisos, sin que exista una única vía para transitarlo. Y si la hubiera, esta se cruzaría con el de la justicia y, en el caso de las guerras, con los de la paz. Ahí está el reto de saber caminar.
*PhD. Experto en conflictos internacionales.