Quizá usted no sepa dónde queda Eritrea. Sería sencillo contarle que está ubicado al norte de Etiopía, que se independizó de ese país en 1993, que tiene una extensa costa de cara al mar Rojo y un presidente eterno que suma 23 años en el poder. Pero la descripción más breve y certera la dio el informe que la Comisión de Investigación de la ONU entregó esta semana: “Eritrea es un país autoritario”.
Las razones son múltiples y caben en una bitácora continúa sin alcanzar a prever sus consecuencias: autoridades militares y políticas del Frente Popular por la Democracia y la Justicia han sido cómplices o responsables directos de torturas, violaciones, asesinatos, desapariciones, vejaciones físicas y psicológicas y esclavitud desde que Eritrea es Eritrea. Con un sistema democrático en apariencia, Eritrea es una cueva del desastre en el cuerno de África: el presidente y sus ministros han conservado su poder a la fuerza y persisten en la idea de que sólo un estado constante de terror es capaz de apaciguar las ansias políticas de sus ciudadanos y, al mismo tiempo, conservar su poder.
El informe de la ONU apunta, de manera permanente, que las autoridades eritreas han creado un estado basado en el desastre mayúsculo de sus habitantes. Con el objeto de mantener el poder, desde 1991 las autoridades han convertido en esclavos a más de 400.000 personas a través del servicio militar. El sistema funciona de este modo: los ciudadanos son forzados a prestar un servicio militar que en la ley dura 18 meses. Sin embargo, los militares y las autoridades en general los utilizan como si se tratar de una propiedad y los obligan a realizar trabajos sin remuneración, en condiciones adversas, que nada tienen que ver con sus responsabilidades militares.
Testigos y víctimas consultados por la ONU recordaron que fueron utilizadas como trabajadores sexuales y empleados domésticos sin su voluntad, y que eran amenazados con terribles torturas en caso de que quisieran escapar. El Gobierno ha argumentado que la extensión de su período militar se justifica dado que existen amenazas exteriores, como una posible invasión por parte de Etiopía o la aplicación de sanciones por parte de la ONU.
Ser ciudadano eritreo es también someterse a la deriva: por casi cualquier razón es posible terminar en la cárcel. Cientos de nacionales han sido encarcelados por meses e incluso años a razón de sus prácticas religiosas (musulmanes, judíos y testigos de Jehová), de su familia, de sus cercanos, de sus opiniones políticas. A los eritreos los arrestan por preguntar en las oficinas públicas sobre la suerte de sus familiares y también por negarse a prestar el servicio militar porque saben que podrían ser esclavizados. Las autoridades aseguran que los meten en prisión por espías y traidores; sin embargo, el significado de los cargos es tan amplio que incluso una eritreo que intenta irse del país es considerado, de entrada, un traidor. Y en un estado totalitario, dejar el país es dejar a las instituciones, y dejar a las instituciones es dejar al presidente, la más sagrada de ellas, y convertirse de plano en un enemigo.
En las oficinas públicas, rara vez se da cuenta del paradero de los cientos de desaparecidos. Los familiares, en última instancia, sobornan a las autoridades, cuya primera responsabilidad es informar a los familiares sobre qué sucede con aquellos que mete en prisión. Según la ONU, desaparecer personas le ha servido al gobierno eritreo, en cabeza de Isaias Afwerki, para intimidar a toda la población y mantenerla bajo control. Otras modalidades de ese control son la represión y persecución de opositores políticos y el afianzamiento del partido único en el país, al modo chino.
Y en las cárceles torturan, violan y asesinan a los eritreos. Algunos de ellos no tienen derecho a un proceso formal y en muchas ocasiones, según la ONU, desconocen el delito por el que son acusados. El miedo que se ha extendido en el país ha obligado a muchos a escapar a los países vecinos o a tomar la ruta más larga hacia Europa a través del centro de África. Cerca de 5.000 personas escapan cada mes. Según cifras de Frontex, la guardia fronteriza de Europa, cada vez más eritreos llegan al continente: de 659 en 2011 pasaron a casi 39.000 el año pasado. Y la tendencia para 2016 no parece ralentizarse.