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El presidente de Corea del Sur anunció en la madrugada del miércoles que levantará la ley marcial, después de que el Parlamento rechazó la medida tomada horas antes por el mandatario para, según él, proteger al país de las “fuerzas comunistas” norcoreanas.
“Hace un momento, la Asamblea Nacional pidió que se levante el estado de emergencia, y hemos retirado a los militares desplegados para las operaciones de la ley marcial. Aceptaremos la petición de la Asamblea Nacional y levantaremos la ley marcial en una reunión del gabinete”, afirmó el mandatario, Yoon Suk Yeol, en un discurso televisado.
La ley marcial se decretó después de que el PD (Partido Democrático), principal bloque de la oposición y que tiene mayoría en la Asamblea Nacional (Parlamento), aprobara sin contar con el apoyo del gobernante Partido del Poder Popular (PPP) de Yoon unos presupuestos generales para 2025 con múltiples recortes.
Luego de que el jefe de la oposición tachó la ley marcial de “ilegal”, llamó a la población a concentrarse ante el edificio. Cientos de personas comenzaron a congregarse ante el Parlamento en la madrugada del miércoles, según imágenes difundidas por televisión.
En general, la presidencia de Yoon, que no goza de popularidad, ha estado debilitada desde que el opositor Partido Democrático ganó las elecciones legislativas el pasado abril, y desde entonces su Gobierno no ha podido sacar adelante las leyes que se había propuesto. Esto, para el mandatario, ha socavado la capacidad de gestión del Ejecutivo.
El mismo Yoon justificó este martes en su discurso televisado que desde que juró el cargo en mayo de 2022 se han registrado 22 procesos de destitución contra miembros de su Gobierno, con la oposición impulsando su décimo intento desde que se reanudó la Asamblea Nacional tras los comicios legislativos.
La ley marcial, un estado de excepción nacional, supone la prohibición de todas las actividades políticas (incluyendo las sesiones del Parlamento) y las protestas, así como el control de los medios de comunicación por parte del gobierno.
Asimismo, permite que los ciudadanos que violen la ley marcial puedan ser arrestados sin orden judicial.
Sin embargo, se prohíbe el arresto de los legisladores, que, en este caso, impugnaron la expedición de la ley marcial.
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