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En lugar de ello, Estados Unidos los está expulsando de vuelta a México, donde aguardan junto con decenas de miles de otras personas con la esperanza de cruzar. La presión, y la desesperación, aumentan rápidamente entre las familias atrapadas en México, mientras los refugios y los funcionarios tienen dificultades para ayudarlos.
En el lado estadounidense, las autoridades federales hacen malabares para gestionar el fuerte aumento de niños que cruzan la frontera por su cuenta y que son retenidos en centros de detención, a menudo durante más tiempo del permitido por la ley. Y las crisis gemelas en ambos lados de la frontera no muestran signos de disminuir.
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El sábado, cerca del cruce con El Paso, Texas, un grupo de madres y padres aferrados a sus hijos sollozaban al regresar a México desde Estados Unidos. Caminaban con dificultad, con los zapatos deportivos demasiado sueltos después de que les confiscaran los cordones y los desecharan junto con el resto de sus objetos personales cuando fueron detenidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
Desde su oficina en Ciudad Juárez, Enrique Valenzuela saltó de su silla, dejando una reunión para correr al puente a recibir a las familias después de que su hija, Elena, de 13 años, las vio llegar.
Valenzuela, coordinador de los esfuerzos migratorios del gobierno mexicano en el estado de Chihuahua, sabía que si no lograba llegar hasta ellos para ofrecerles ayuda, probablemente lo harían las redes del crimen organizado que se aprovechan de la desesperación de los migrantes para extorsionarlos o secuestrarlos y pedir rescate.
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Los migrantes —nueve adultos y diez niños— se secaron las lágrimas cuando Valenzuela se acercaba. El momento fue una de las varias escenas de desesperación y confusión que presenciaron los periodistas de The New York Times en la frontera durante tres días.
“La frontera está cerrada”, dijo Valenzuela. “Vengan conmigo, aquí los podemos ayudar”. Condujo al grupo a su oficina cerca del oxidado muro fronterizo que separa El Paso de Ciudad Juárez, rematado con kilómetros de alambre de concertina nuevo instalado en las últimas semanas del gobierno del presidente Donald J. Trump, según dijeron las autoridades.
Jenny Contreras, guatemalteca de 19 años y madre de una niña de 3 años, se desplomó en un asiento cuando Valenzuela repartía desinfectante para las manos.
“No lo logré”, sollozó al teléfono mientras hablaba con su marido, un carnicero de Chicago.
“¡Biden nos hizo promesas!”, gritaba otra mujer.
Muchos de los migrantes dijeron que habían gastado los ahorros de toda su vida y se habían endeudado para pagar a los coyotes que los habían engañado al prometerles que la frontera estaría abierta tras la elección del presidente Biden.
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Aun así, los migrantes siguen llegando, y muchos funcionarios creen que el número podría ser mayor que el de los últimos años, después de que la pandemia y los recientes desastres naturales en Centroamérica acabaron con los medios de subsistencia en sus países.
Biden ahora envía a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por su sigla en inglés) para que ayude a gestionar miles de casos de menores migrantes no acompañados que llenan los centros de detención, luego de que el presidente dijo, poco después de asumir el cargo, que su gobierno ya no devolvería a los menores no acompañados.
Funcionarios mexicanos y operadores de refugios dicen que el número de niños, con padres o no acompañados, está alcanzando niveles que no se habían visto desde 2018. A finales de ese año, decenas de miles de migrantes se dirigieron a la frontera cada mes, lo que llevó al gobierno de Trump a separar a las familias y encerrarlas. Cientos de niños siguen separados de sus padres al día de hoy.
Biden ha pedido ayuda al gobierno de México para aliviar el embotellamiento en la frontera. Hasta ahora, México ha respondido sobre todo aumentando las redadas contra los grupos de contrabando y ha comenzado a enviar a los migrantes —la mayoría de ellos de Centroamérica— de vuelta a casa, según quienes gestionan los albergues en México. El gobierno también trata de evitar que más migrantes crucen a México desde Centroamérica, como lo hizo durante el gobierno de Trump, dijeron los funcionarios.
Un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo que el gobierno estaba en su derecho de deportar a los migrantes indocumentados, pero no comentó si las redadas habían aumentado en las últimas semanas o si el gobierno mexicano estaba atendiendo a una solicitud de Estados Unidos.
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En el puente internacional el sábado, Dagoberto Pineda, un migrante hondureño, parecía conmocionado mientras se limpiaba discretamente las lágrimas y sostenía la mano de su hijo de seis años. Había pensado que estaba entrando en Estados Unidos, pero se encontraba en Ciudad Juárez, llorando bajo una bandera mexicana. Pidió ayuda a Valenzuela y a los periodistas de The New York Times: ¿Se le permitía entrar o no?
A finales del año pasado, un enorme huracán atravesó la ciudad de Pineda y destruyó la plantación de plátanos en la que trabajaba, propiedad de Chiquita Brands International. Después de años de pagar a Pineda unos 12 dólares al día por ayudar a llenar las tiendas de comestibles estadounidenses con fruta fresca, la empresa lo despidió. Cuando los coyotes le ofrecieron la oportunidad de cruzar a Estados Unidos por 6000 dólares —más de su salario anual—, la aceptó.
Pineda había cruzado desde el estado de Tamaulipas hasta el sur de Texas, donde fue detenido por funcionarios estadounidenses durante varios días. Cuando fue trasladado en avión más de 960 kilómetros a un segundo centro de detención en El Paso, Texas, pensó que finalmente le habían concedido entrar a Estados Unidos.
En cambio, el sábado, los agentes de la patrulla fronteriza lo soltaron en el puente Paso del Norte, que une El Paso con Ciudad Juárez, y le dijeron que caminase en dirección a las banderas mexicanas.
Durante la semana pasada, funcionarios mexicanos y operadores de albergues como la Organización Internacional para las Migraciones dijeron estar sorprendidos por la nueva táctica del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) de detener a los migrantes en un punto de la extensa frontera para luego llevarlos en avión a cientos de kilómetros de distancia y expulsarlos en otra ciudad fronteriza.
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Estados Unidos hace esto bajo una orden federal conocida como Título 42. La orden, introducida por Trump pero adoptada por Biden, justifica las expulsiones rápidas como una medida sanitaria en medio de la pandemia. Pero amontonar a los migrantes en aviones y centros de detención superpoblados sin ninguna prueba de coronavirus frustra el propósito del Título 42, dicen los observadores.
Stephanie Malin, portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, dijo que las autoridades estadounidenses habían observado “un aumento de los encuentros”, pero que para cumplir las directrices federales sobre la COVID-19, los funcionarios de la frontera estaban transfiriendo “rápidamente” a los migrantes fuera de su custodia.
“Trump consiguió su muro, se llama Título 42”, dijo Ruben Garcia, fundador de Annunciation House, una de las mayores redes de refugios de Estados Unidos, con sede en El Paso.
Aun así, la nueva oleada de migrantes está poniendo a prueba los recursos de todo el sistema. El domingo pasado, dijo Garcia, se quedó con apenas 30 minutos para prepararse después de que las autoridades le dijeron que 200 migrantes estaban a punto de ser depositados en su refugio, ninguno de ellos sometido a la prueba de la COVID-19.
“Estoy en llamadas con el personal de la Casa Blanca y del DHS y cuando estoy en esas llamadas digo: ‘Ustedes no están preparados. No están preparados para lo que va a ocurrir’”, dijo Garcia en una entrevista.
Al otro lado de la frontera, las autoridades mexicanas tampoco están preparadas para gestionar el creciente número de migrantes, y los refugios están al límite.
Si la hija de Valenzuela no hubiera levantado la vista de su libro para ver a las familias que cruzaban la frontera, los 19 migrantes habrían sido abandonados en el centro de Ciudad Juárez, una de las ciudades más peligrosas de México, a merced de los cárteles o de los traficantes de personas.
La noche anterior, Valenzuela recibió a 45 familias con poco tiempo para prepararse.
Bajo el programa de Quédate en México de Trump, que deportaba a los migrantes a México para que esperasen sus casos judiciales de asilo en Estados Unidos, la comunicación y la coordinación eran mejores entre las diversas organizaciones que operan a lo largo de la frontera, dijeron los operadores de los refugios y los funcionarios mexicanos. Biden puso fin a esa política en enero y prometió empezar a procesar a algunos de los casos de los 25.000 migrantes inscritos en ese programa. En las últimas semanas, cientos de ellos han podido entrar.
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Jettner, de 29 años, un migrante de Honduras, es uno de los que fueron autorizados a entrar en Estados Unidos. Después de esperar casi dos años en la frontera con su mujer y sus dos hijas, el viernes apenas tardaron una hora en ser procesados e ingresar. Rápidamente se dirigió a la casa de su hermana en Dallas.
Al subir por el puente, dejando atrás Ciudad Juárez mientras caminaba hacia El Paso, se mostraba confiado. “Mi vida va a cambiar 180 grados”, dijo Jettner, que pidió que solo se utilizara su nombre de pila, por temor a las represalias contra su familia en su país. “Voy a un lugar donde voy a estar bien, para tener un techo digno para mis hijas”.
Aunque las autoridades estadounidenses insisten en que la frontera está cerrada a nuevos migrantes, eso no ha impedido que miles de ellos emprendan el peligroso viaje hacia el norte, la mayoría procedentes de Centroamérica.
Hace apenas cuatro meses, el refugio Hotel Filtro de Ciudad Juárez estaba tan vacío que utilizaban varias habitaciones como almacén. El albergue, gestionado por la Organización Internacional para las Migraciones, tiene ahora carteles en su puerta que declaran “no hay cupo”.
De las 1165 personas que el Hotel Filtro ha procesado desde principios de mayo, casi el 39 por ciento eran menores de edad, la mayoría menores de 12 años, dijeron los empleados. Su personal a menudo tiene que ahuyentar a los contrabandistas de personas cuando merodean por las entradas del refugio.
Gladys Oneida Pérez Cruz, de 48 años, y su hijo de 23 años, Henry Arturo Menjívar Pérez, con parálisis cerebral, llegaron al refugio tras ser expulsados de Estados Unidos a finales del mes pasado. Poco después de la toma de posesión de Biden, los coyotes empezaron a recorrer su barrio en Honduras en busca de negocios, anunciando que la frontera de Estados Unidos estaba abierta, lo que no era cierto.
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Pérez esperaba reunirse con su hermana en Maryland y encontrar un trabajo que la ayudase a pagar las medicinas para su hijo.
Un coyote le cobró 9000 dólares por el viaje, un precio más elevado de lo que esperaba, pero vino con la promesa de que viajaría en auto y que sus colegas le ayudarían a llevar a su hijo a través de la frontera, ya que tenía que dejar su silla de ruedas. Su hermana le envió el dinero. Ella y su hijo se embarcaron en la peligrosa travesía el 7 de febrero, dijo. Casi dos semanas después, los contrabandistas los dejaron en la frontera y les dijeron que tendrían que cruzar por su cuenta.
Consiguieron cruzar tras horas de esfuerzo, pero fueron detenidos rápidamente por los agentes de la patrulla fronteriza estadounidense y expulsados de vuelta a México. Ella decidió regresar a Honduras, prefiriendo enfrentarse a la pobreza antes que arriesgarse a ser asesinada o secuestrada en México.
“Yo pido mil disculpas por haber intentado ingresar a Estados Unidos así, pero fue por mi necesidad y la enfermedad de mi hijo”, dijo entre lágrimas.
“Biden nos prometió que todo iba a cambiar”, dijo. “Todavía no lo ha hecho, pero va a ser un buen presidente para los migrantes”.
Maria Abi-Habib es la jefa de la corresponsalía para México, Centroamérica y el Caribe. Ha reportado para el Times desde el sur de Asia y el Medio Oriente. Síguela en Twitter: @abihabib
Albinson Linares colaboró con reportería desde Ciudad Juárez.