Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Para los Majzul no solo fue difícil despedir al único hombre de la familia cuando emigró de Guatemala a Estados Unidos, sino el hecho de que iba atado a una deuda que crecía cada mes, una bomba de tiempo que sólo podría desactivarse si el plan salía al pie de la letra.
De no ser por este préstamo, la otra opción que le hubiera quedado para viajar era ir solo, subirse a trenes de carga en México y esperar a no ser asesinado o sufrir un accidente en el camino.
Abel Majzul trabajó dos años, envió remesas y pagó parte de la deuda pero lo deportaron y la bomba le explotó a él y a su familia, que por cuenta de intereses impagables, quedaron en una peor situación de la que esperaban salir antes de emprender la aventura del sueño americano.
Muchos más viajan igual que Abel: se endeudan con un prestamista local para pagarle al coyote –traficante de personas- que los lleva. Es una tendencia en este país. Van con deudas sobre sus espaldas que oscilan entre los cuatro mil y nueve mil dólares. Es una apuesta de alto riesgo en la que no sólo colocan sobre la mesa su futuro, sino lo poco o mucho que han construido en su pasado como se evidencia en este reportaje publicado en la Plataforma de Periodismo Latinoamericano Connectas.
Abel Majzul se fue debiendo 40 mil quetzales (5 mil 240 dólares), una cifra que creció cada mes 524 dólares por el 10 por ciento de intereses pactados con la firma en un papel sin ningún valor legal, según narra la mamá de Abel, Florinda Majzul, en Patzún, departamento de Chimaltenango, Guatemala.
“Aquí la gente tiene que dejar su escritura, no hipotecada sino que lo obligan a que le firme la escritura del terreno o casa como compraventa, quedando de garantía la palabra”, dice Vinicio Solís, empresario de Patzún.
Eso fue lo que hizo la familia de Abel Majzul. Su madre Florinda, y sus hermanas cuentan la zozobra que viven desde hace años para no perder la precaria casita de dos cuartos que, según el Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico de Chimaltenango, ahora le pertenece al prestamista, y quien además las denunció por “amenazas y usurpación agravada”. Ahora enfrentan un “juicio sumario de desocupación”.
En esa construcción de block sin cemento ni pintura, con techo de lámina y puertas de madera reciclada se habla el idioma maya Kaqchikel, se visten solo trajes típicos y se consume básicamente maíz y otros granos. La carne y productos lácteos son lujos ocasionales.
El cúmulo de papeles que la señora Majzul atesora en un folder muestra cómo funcionan los tratos entre prestamistas y migrantes.
La madre de Abel guarda ahí un contrato notarial expedido por un abogado de Patzún donde consta que su casa fue “vendida” por 40 mil quetzales al agiotista. Esa deuda es el grillete de la familia, el peso que se hizo inmenso con el correr de los años.
Dice el documento fechado en diciembre de 2006: “por el presente instrumento público han convenido en celebrar contrato de compraventa de derechos posesorios sobre el inmueble”, es decir, el terreno con dos cuartos donde viven Florinda Majzul, sus dos hijas y sus nietos.
El relato contenido en los documentos de la señora Majzul continúa con un montón de comprobantes de depósitos bancarios realizados entre junio de 2007 y enero de 2008 a una cuenta del Banco de Desarrollo Rural a nombre del prestamista que suman 75,400 quetzales (9,800 dólares).
Esos depósitos fueron realizados con remesas enviadas por Abel Majzul mientras estuvo trabajando en Estados Unidos pero el agiotista no reconoce como válidos.
En Guatemala el 42 por ciento de sus ciudadanos vive en zonas rurales, y es ahí donde, según la organización de la sociedad civil Vida Digna, proliferan los prestamistas y las cajas de ahorro que ofrecen los créditos a la gente pobre que no califica para pedirle prestado a un banco.
De acuerdo con Alejandra Gordillo, directora de Conamigua –que se encarga de la defensa legal de las personas afectadas- el caso de la familia Majzul y su conflicto con el prestamista ilustra miles de situaciones similares.
“Son prestamistas con cara de caja rural. Funcionan donde no llegan los bancos. Están por semanas y desaparecen”, dice un organizador comunitario del departamento de Quetzaltenango que pide guardar su identidad por seguridad.
Florinda y sus dos hijas, como la mayoría de la población indígena de Patzún, buscan trabajo en el campo donde los hombres ganan 40 quetzales al día y ellas, por ser mujeres, solo 20. Con ese presupuesto, no hay más pagos al prestamista.
Son seis años de atesorar esos comprobantes de depósitos que para ellas son como el sustituto de las escrituras que la familia Majzul cedió en el contrato de compra venta.
Otros que no tienen esos papeles para defenderse, han acabado en la calle o en la cárcel.
“Nosotros hemos tenido personas que están presas por vivir en su propia casa”, dice la directora de Conamigua.
En otro punto de Patzún, vive el señor Juan Barragán, quien está recién salido de prisión y se negó a hablar de su caso. “Es uno de los que han estado presos por vivir en su casa”, dice la directora de Conamigua, que llevó la defensa de Barragán. Las llamadas a más personas afectadas son respondidas de mala gana, con desaires, con gritos.
Hacer públicos sus casos no ayudará a que les devuelvan sus casas. “Solo más problemas”, dicen. “Me da miedo verlo, le tengo pánico. Me duele el estómago al verlo”, se queja una habitante de Patzún, cuando habla de su prestamista.
No es para menos el temor. Una parte importante en el negocio de los préstamos es la labor que hacen los propios coyotes que captan clientes para los agiotistas. “Los prestamistas se volvieron socios de los coyotes y de los narcos”, asegura el líder comunitario.
“La mayoría de prestamistas que dan ese tipo de servicio están ligados a notarios y a coyotes, y algunos están ligados al crimen organizado”, afirma Alejandra Gordillo. Un coyote identificado como “José” entrevistado en San Pedro Sula, Honduras, lo dice así: "Todos los coyotes tenemos que tener un patrón en específico, tienes que trabajar con un cártel, no te puedes mover tu solo".
Alejandra Gordillo estima que el prestamista de los Majzul es uno entre “cientos” en Guatemala, tiene unas 250 propiedades obtenidas de sus clientes que le pidieron dinero prestado. Sin embargo, no existe un registro exacto porque –dice- esas propiedades no están a su nombre, sino de testaferros.
Para leer este reportaje completo haga click aquí
*Este reportaje fue realizado por Rodrigo Soberanes para Diario19.com (http://diario19.com/ )en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.
