“Estamos cambiando nuestra estrategia”: Brownfield

El embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, reconoce que hay problemas entre el Departamento de Justicia de su país y la Fiscalía y la Corte Suprema colombianas en el tema de los extraditados. Defiende el último informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado que fue tan duro con el gobierno de Álvaro Uribe y dice que no va a responder a las críticas que se hicieron desde la Vicepresidencia.

El candidato presidencial Gustavo Petro aseguró en el debate presidencial que al presidente Barack Obama no le gusta el acuerdo para el uso de las bases militares en Colombia. ¿Eso es cierto?

Hasta donde yo sé, el presidente Obama apoyó el acuerdo. En lo que coincido con el señor Petro es que el presidente no apoya el concepto de poner Fuerzas Armadas de EE.UU. en bases militares de Colombia. Por eso este pacto no cambia eso. En este momento tenemos 240 militares estadounidenses en Colombia, más de la mitad en esta Embajada. Los otros en misiones de entrenamiento y ejercicios de colaboración.

¿Por qué estas bases son tan importantes para EE.UU.?

Son importantes en el sentido global. En cada país en donde tenemos colaboración militar —en este momento son 120 naciones— necesitamos algún tipo de acuerdo para poner en términos claros las reglas, normas y obligaciones de los dos gobiernos. Algunas personas sugieren que este acuerdo es raro, pero es igual al que tenemos con otros países. Tanto así que estamos a punto de firmar un acuerdo de colaboración militar con otros dos países en América Latina, cuyos gobiernos han pedido silencio para evitar algunas de las reacciones que este acuerdo produjo.

¿Por qué sigue entonces la molestia en la región?

No tengo duda alguna de que algunos gobiernos tienen su propia agenda política y quieren aprovecharse de otras cosas para expresar su posición política o ideológica.

Hace unos días el Departamento de Estado emitió su informe sobre Derechos Humanos. Si los escándalos por interceptaciones ilegales y falsos positivos llevaban tanto tiempo, ¿por qué pronunciarse hasta ahora?

Esa información se incluyó en el último reporte porque sólo hasta el año pasado tuvimos las evidencias y declaraciones claras sobre el tema. Sin embargo, a pesar de las críticas, creo que el informe, en su totalidad, es bastante positivo para Colombia porque habla de avances, progresos y mejoras en Derechos Humanos.

Pero al gobierno de Uribe no le gustó...

No voy a criticar específicamente al vicepresidente de la República, un hombre que probablemente es más responsable que cualquier otra persona en Colombia por el progreso de los Derechos Humanos en los últimos cuatro o cinco años. Respeto las críticas de todos.

¿EE.UU. había advertido antes al Gobierno colombiano sobre los riesgos en temas como los falsos positivos?

Es un tema que se ha hablado entre los dos gobiernos desde hace varios años. Hubo declaraciones y acusaciones de los defensores de Derechos Humanos y los dos gobiernos investigaron. Hace año y medio ese proceso resultó en que sí había evidencia de los llamados “falsos positivos”. Lo más importante no es si hubo o no falsos positivos sino lo que están haciendo las instituciones para sancionar a los involucrados.

Los jefes paramilitares fueron extraditados en mayo de 2008 con la promesa de buscar mecanismos para que siguieran colaborando con la justicia desde su prisión. Hoy, casi dos años después, eso no ha pasado, ¿por qué?

La cifra que recibí hace tres días del Departamento de Justicia de EE.UU. indica que en los últimos 21 meses se han dado 89 versiones libres o entrevistas formales de magistrados o de fiscales colombianos a esos 15 extraditados. La cifra de la Fiscalía es 55. Decir que no hubo colaboración es exagerado. En promedio, se dio una entrevista cada semana. ¿Cuántas entrevistas o versiones libres dieron los extraditados antes de ir a EE.UU.? Cero. ¿Cuántos han sido condenados en EE.UU? 15 de 15. ¿Cuántos fueron condenados en Colombia antes de la extradición? Cero. Acepto que el sistema no es perfecto, acepto que hay cosas que resolver, acepto que la coordinación y comunicación entre el Departamento de Justicia estadounidense, la Fiscalía y la Corte Suprema de Colombia todavía tiene defectos, pero no acepto que no haya progresos.

Y entonces, ¿cómo ve su gobierno que la Corte esté negando extradiciones de peces gordos como ‘Don Mario’, precisamente por eso?

Respeto la decisión de la Corte Suprema, que según nuestro análisis no está satisfecha y convencida de que una persona se puede procesar simultáneamente por Justicia Paz y por narcotráfico en EE.UU. Es un problema que tenemos que resolver, tenemos que hacer los cambios en el sistema en los Estados Unidos para asegurar a la Corte que eso sí se puede hacer, se pueden llevar ambos procesos legales simultáneamente. Va a ser complicado porque son dos sistemas independientes muy celosos. Pero tenemos los mismos objetivos: queremos justicia para las víctimas, queremos que sean sancionados por narcotráfico, y no queremos que se aprovechen de un proceso roto para evitar asumir su responsabilidad.

En las elecciones de Congreso de 2006 hubo reparos de su país a candidatos que finalmente fueron excluidos de algunas listas uribistas. ¿Qué tanta preocupación por temas semejantes se presentaron en las elecciones de este año?

Esa es una decisión soberana de las instituciones colombianas. No tenemos derecho de opinar de ningún senador o representante. Apoyamos el concepto de que la legislatura nacional debería ser conformada por personas que no tienen antecedentes criminales.

¿Qué piensa de la posibilidad de que el Partido de Integración Nacional (PIN), que se sabe fue armado desde la cárcel La Picota, forme parte de la bancada del próximo gobierno, sin importar quién sea el ganador de las elecciones presidenciales?

Un partido político en Colombia es un tema para las instituciones colombianas. He escuchado muchas opiniones muy fuertes, incluso durante el debate de los candidatos presidenciales hablaron de ese tema.

A propósito del debate, todos los precandidatos se jactan de tener excelentes relaciones con EE:UU. ¿Qué tan cierto es?

Coincido con ellos y esto es el reflejo de las instituciones democráticas de Colombia. Gane quien gane las elecciones podemos mantener una relación bilateral muy positiva.

Si Colombia es el aliado principal de EE.UU. en la región, ¿por qué no pasa el TLC, o se ve a Washington apoyando más temas sociales en Colombia?

Durante los dos últimos, el apoyo de EE.UU. a Colombia bajo el Plan Colombia se ha reducido muy poco. En 2008 hubo una reducción del presupuesto para la lucha contra las drogas y un aumento de más del 50% en el apoyo para el desarrollo económico, social e institucional. Han sucedido dos cosas importantes recientemente en Washington: la aprobación de la Reforma de Salud, tema que el presidente Obama identificó desde su primer día de gobierno como su prioridad, y la inauguración de la iniciativa para aumentar las exportaciones de EE.UU., en donde se priorizará a seis países, entre ellos Colombia. Después de esto veo grandes oportunidades para el TLC en los meses que vienen.

Si el modelo de lucha contra las drogas ha demostrado ser  insuficiente, ¿por qué insistir en la estrategia de la prohibición?

Es una buena pregunta para hacerse en cinco o seis años. Nuestra estrategia ha estado en ajustes continuos en los últimos tres años. Desde mi llegada a Colombia, hace más de dos años y medio, estamos reduciendo en términos de presupuesto y número de personal las misiones de erradicación y estamos aumentando nuestro apoyo a programas de desarrollo alternativo. Debo decirles a los críticos: “Tenían razón” y por eso estamos cambiando nuestra estrategia.

¿Esa nueva estrategia tiene que ver con la reducción del presupuesto para el Plan Colombia?

Sí, refleja esa realidad. En 2007 nuestro apoyo para el llamado Plan Colombia fue algo como US$547 millones. Este año es US$541 millones.

Existe la sensación en Colombia de que EE.UU. se preocupaba por el tema de los secuestrados cuando tenía a los tres contratistas en la selva. ¿Qué ha hecho ahora?

Desde la liberación de los tres ciudadanos estadounidenses el apoyo para este tema ha sido menos público y más en áreas en donde debería estar. Washington quiere ser prudente en este tema, sobre todo ahora que no tenemos secuestrados gracias a Jaque, la operación más sensacional en la historia de la raza humana.

¿Qué significa para EE.UU. el fin de la era Uribe?

La Colombia del 7 de agosto de 2010 va a ser muy distinta a la del 7 de agosto de 2002: es un país más seguro, más próspero, con menos droga ilícita, más desarrollo y progreso en todas las áreas. Eso es producto de ocho años de buena colaboración con muchos gobiernos. Espero que Colombia pueda seguir con este progreso, aunque no puedo negar que la relación en los últimos años fue excelente.

El embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, reconoce que hay problemas entre el Departamento de Justicia de su país y la Fiscalía y la Corte Suprema colombianas en el tema de los extraditados. Defiende el último informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado que fue tan duro con el gobierno de Álvaro Uribe y dice que no va a responder a las críticas que se hicieron desde la Vicepresidencia.

El candidato presidencial Gustavo Petro aseguró en el debate presidencial que al presidente Barack Obama no le gusta el acuerdo para el uso de las bases militares en Colombia. ¿Eso es cierto?

Hasta donde yo sé, el presidente Obama apoyó el acuerdo. En lo que coincido con el señor Petro es que el presidente no apoya el concepto de poner Fuerzas Armadas de EE.UU. en bases militares de Colombia. Por eso este pacto no cambia eso. En este momento tenemos 240 militares estadounidenses en Colombia, más de la mitad en esta Embajada. Los otros en misiones de entrenamiento y ejercicios de colaboración.

¿Por qué estas bases son tan importantes para EE.UU.?

Son importantes en el sentido global. En cada país en donde tenemos colaboración militar —en este momento son 120 naciones— necesitamos algún tipo de acuerdo para poner en términos claros las reglas, normas y obligaciones de los dos gobiernos. Algunas personas sugieren que este acuerdo es raro, pero es igual al que tenemos con otros países. Tanto así que estamos a punto de firmar un acuerdo de colaboración militar con otros dos países en América Latina, cuyos gobiernos han pedido silencio para evitar algunas de las reacciones que este acuerdo produjo.

¿Por qué sigue entonces la molestia en la región?

No tengo duda alguna de que algunos gobiernos tienen su propia agenda política y quieren aprovecharse de otras cosas para expresar su posición política o ideológica.

Hace unos días el Departamento de Estado emitió su informe sobre Derechos Humanos. Si los escándalos por interceptaciones ilegales y falsos positivos llevaban tanto tiempo, ¿por qué pronunciarse hasta ahora?

Esa información se incluyó en el último reporte porque sólo hasta el año pasado tuvimos las evidencias y declaraciones claras sobre el tema. Sin embargo, a pesar de las críticas, creo que el informe, en su totalidad, es bastante positivo para Colombia porque habla de avances, progresos y mejoras en Derechos Humanos.

Pero al gobierno de Uribe no le gustó...

No voy a criticar específicamente al vicepresidente de la República, un hombre que probablemente es más responsable que cualquier otra persona en Colombia por el progreso de los Derechos Humanos en los últimos cuatro o cinco años. Respeto las críticas de todos.

¿EE.UU. había advertido antes al Gobierno colombiano sobre los riesgos en temas como los falsos positivos?

Es un tema que se ha hablado entre los dos gobiernos desde hace varios años. Hubo declaraciones y acusaciones de los defensores de Derechos Humanos y los dos gobiernos investigaron. Hace año y medio ese proceso resultó en que sí había evidencia de los llamados “falsos positivos”. Lo más importante no es si hubo o no falsos positivos sino lo que están haciendo las instituciones para sancionar a los involucrados.

Los jefes paramilitares fueron extraditados en mayo de 2008 con la promesa de buscar mecanismos para que siguieran colaborando con la justicia desde su prisión. Hoy, casi dos años después, eso no ha pasado, ¿por qué?

La cifra que recibí hace tres días del Departamento de Justicia de EE.UU. indica que en los últimos 21 meses se han dado 89 versiones libres o entrevistas formales de magistrados o de fiscales colombianos a esos 15 extraditados. La cifra de la Fiscalía es 55. Decir que no hubo colaboración es exagerado. En promedio, se dio una entrevista cada semana. ¿Cuántas entrevistas o versiones libres dieron los extraditados antes de ir a EE.UU.? Cero. ¿Cuántos han sido condenados en EE.UU? 15 de 15. ¿Cuántos fueron condenados en Colombia antes de la extradición? Cero. Acepto que el sistema no es perfecto, acepto que hay cosas que resolver, acepto que la coordinación y comunicación entre el Departamento de Justicia estadounidense, la Fiscalía y la Corte Suprema de Colombia todavía tiene defectos, pero no acepto que no haya progresos.

Y entonces, ¿cómo ve su gobierno que la Corte esté negando extradiciones de peces gordos como ‘Don Mario’, precisamente por eso?

Respeto la decisión de la Corte Suprema, que según nuestro análisis no está satisfecha y convencida de que una persona se puede procesar simultáneamente por Justicia Paz y por narcotráfico en EE.UU. Es un problema que tenemos que resolver, tenemos que hacer los cambios en el sistema en los Estados Unidos para asegurar a la Corte que eso sí se puede hacer, se pueden llevar ambos procesos legales simultáneamente. Va a ser complicado porque son dos sistemas independientes muy celosos. Pero tenemos los mismos objetivos: queremos justicia para las víctimas, queremos que sean sancionados por narcotráfico, y no queremos que se aprovechen de un proceso roto para evitar asumir su responsabilidad.

En las elecciones de Congreso de 2006 hubo reparos de su país a candidatos que finalmente fueron excluidos de algunas listas uribistas. ¿Qué tanta preocupación por temas semejantes se presentaron en las elecciones de este año?

Esa es una decisión soberana de las instituciones colombianas. No tenemos derecho de opinar de ningún senador o representante. Apoyamos el concepto de que la legislatura nacional debería ser conformada por personas que no tienen antecedentes criminales.

¿Qué piensa de la posibilidad de que el Partido de Integración Nacional (PIN), que se sabe fue armado desde la cárcel La Picota, forme parte de la bancada del próximo gobierno, sin importar quién sea el ganador de las elecciones presidenciales?

Un partido político en Colombia es un tema para las instituciones colombianas. He escuchado muchas opiniones muy fuertes, incluso durante el debate de los candidatos presidenciales hablaron de ese tema.

A propósito del debate, todos los precandidatos se jactan de tener excelentes relaciones con EE:UU. ¿Qué tan cierto es?

Coincido con ellos y esto es el reflejo de las instituciones democráticas de Colombia. Gane quien gane las elecciones podemos mantener una relación bilateral muy positiva.

Si Colombia es el aliado principal de EE.UU. en la región, ¿por qué no pasa el TLC, o se ve a Washington apoyando más temas sociales en Colombia?

Durante los dos últimos, el apoyo de EE.UU. a Colombia bajo el Plan Colombia se ha reducido muy poco. En 2008 hubo una reducción del presupuesto para la lucha contra las drogas y un aumento de más del 50% en el apoyo para el desarrollo económico, social e institucional. Han sucedido dos cosas importantes recientemente en Washington: la aprobación de la Reforma de Salud, tema que el presidente Obama identificó desde su primer día de gobierno como su prioridad, y la inauguración de la iniciativa para aumentar las exportaciones de EE.UU., en donde se priorizará a seis países, entre ellos Colombia. Después de esto veo grandes oportunidades para el TLC en los meses que vienen.

Si el modelo de lucha contra las drogas ha demostrado ser  insuficiente, ¿por qué insistir en la estrategia de la prohibición?

Es una buena pregunta para hacerse en cinco o seis años. Nuestra estrategia ha estado en ajustes continuos en los últimos tres años. Desde mi llegada a Colombia, hace más de dos años y medio, estamos reduciendo en términos de presupuesto y número de personal las misiones de erradicación y estamos aumentando nuestro apoyo a programas de desarrollo alternativo. Debo decirles a los críticos: “Tenían razón” y por eso estamos cambiando nuestra estrategia.

¿Esa nueva estrategia tiene que ver con la reducción del presupuesto para el Plan Colombia?

Sí, refleja esa realidad. En 2007 nuestro apoyo para el llamado Plan Colombia fue algo como US$547 millones. Este año es US$541 millones.

Existe la sensación en Colombia de que EE.UU. se preocupaba por el tema de los secuestrados cuando tenía a los tres contratistas en la selva. ¿Qué ha hecho ahora?

Desde la liberación de los tres ciudadanos estadounidenses el apoyo para este tema ha sido menos público y más en áreas en donde debería estar. Washington quiere ser prudente en este tema, sobre todo ahora que no tenemos secuestrados gracias a Jaque, la operación más sensacional en la historia de la raza humana.

¿Qué significa para EE.UU. el fin de la era Uribe?

La Colombia del 7 de agosto de 2010 va a ser muy distinta a la del 7 de agosto de 2002: es un país más seguro, más próspero, con menos droga ilícita, más desarrollo y progreso en todas las áreas. Eso es producto de ocho años de buena colaboración con muchos gobiernos. Espero que Colombia pueda seguir con este progreso, aunque no puedo negar que la relación en los últimos años fue excelente.