El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, pidió a los jueces independientes de la Corte Penal Internacional que emitan órdenes de captura contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa del mismo país, Yoav Gallant; así como contra los máximos líderes de Hamás, que gobierna en la Franja de Gaza desde 2007.
“Ningún soldado de infantería, ningún comandante, ningún líder civil –nadie– puede actuar con impunidad. Nada puede justificar privar intencionalmente a seres humanos, incluidos tantas mujeres y niños, de las necesidades básicas necesarias para la vida. Nada puede justificar la toma de rehenes o los ataques contra civiles”, señala el fiscal al abordar las responsabilidades de ambas partes involucradas en la guerra en la Franja de Gaza desde el pasado 7 de octubre.
Los crímenes de Hamás
“Sobre la base de las pruebas reunidas y examinadas por mi Oficina, tengo motivos razonables para creer que Yahya Sinwar (jefe del Movimiento de Resistencia Islámica (“Hamás”) en la Franja de Gaza), Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, más conocido como DEIF (comandante en jefe del ala militar de Hamás, conocida como Brigadas Al -Qassam) e Ismail Haniyeh (jefe del buró político de Hamás) tienen responsabilidad penal por los siguientes crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en el territorio de Israel y el Estado de Palestina (en la franja de Gaza) desde al menos el 7 de octubre de 2023″, presenta el fiscal.
Entre los crímenes que les endilga están el exterminio como crimen de lesa humanidad, el asesinato como crimen de lesa humanidad, la toma de rehenes como crimen de guerra, violencia sexual como crimen de lesa humanidad y como crimen de guerra, tortura como crimen de lesa humanidad y como crimen de guerra, tratos crueles como crimen de guerra y ultrajes a la dignidad personal como crimen de guerra,
“Mi Oficina sostiene que los crímenes de guerra alegados en estas solicitudes se cometieron en el contexto de un conflicto armado internacional entre Israel y Palestina, y un conflicto armado no internacional entre Israel y Hamás que se desarrolla en paralelo. Sostenemos que los crímenes contra la humanidad acusados fueron parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil de Israel por parte de Hamás y otros grupos armados de conformidad con políticas organizativas. Algunos de estos crímenes, en nuestra opinión, continúan hasta el día de hoy”, detalla el fiscal.
Khan los señala como responsables de la muerte de cientos de civiles israelíes en ataques perpetrados por Hamás (en particular su ala militar, las Brigadas al-Qassam) y otros grupos armados el 7 de octubre. Ese día milicianos perpetraron en el sur de Israel un ataque sin precedentes, que cobró la vida de casi 1.200 personas e incluyó la toma de 250 rehenes, de los cuales casi 130 siguen en poder de Hamás.
La investigación, explica el fiscal, quien visitó varias de las escenas de los crímenes, ha tenido en cuenta entrevistas con testigos, sobrevivientes y rehenes liberados, así como pruebas, por ejemplo, imágenes de cámaras de circuito cerrado de televisión, material de audio, fotografías y videos autenticados, declaraciones de miembros de Hamás, incluidos los presuntos autores mencionados anteriormente, y pruebas periciales.
Sobre los secuestrados, afirma que “hay motivos razonables para creer que los rehenes tomados en Israel han sido mantenidos en condiciones inhumanas y que algunos han sido objeto de violencia sexual, incluida violación, mientras estaban en cautiverio. Hemos llegado a esa conclusión basándonos en registros médicos, videos y pruebas documentales contemporáneas, y entrevistas con víctimas y sobrevivientes. Mi Oficina también continúa investigando denuncias de violencia sexual cometida el 7 de octubre”.
Los crímenes de Israel
“Sobre la base de las pruebas recopiladas y examinadas por mi Oficina, tengo motivos razonables para creer que Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, y Yoav Gallant, el Ministro de Defensa de Israel, tienen responsabilidad penal por los siguientes crímenes de guerra y crímenes contra actos de humanidad cometidos en el territorio del Estado de Palestina (en la franja de Gaza) desde al menos el 8 de octubre de 2023″, presenta el fiscal.
Entre los crímenes que les endilga están hacer morir de hambre a civiles como método de guerra como crimen de guerra; causar intencionalmente grandes sufrimientos o daños graves a la integridad física o la salud o trato cruel como crimen de guerra; homicidio intencional o asesinato como crimen de guerra; dirigir intencionalmente ataques contra una población civil como crimen de guerra; el exterminio o asesinato incluso en el contexto de muertes causadas por inanición, como crimen de lesa humanidad; la persecución como crimen de lesa humanidad; y otros actos inhumanos como crímenes de lesa humanidad.
“Mi Oficina sostiene que los crímenes de guerra alegados en estas solicitudes se cometieron en el contexto de un conflicto armado internacional entre Israel y Palestina, y un conflicto armado no internacional entre Israel y Hamás (junto con otros grupos armados palestinos) que se desarrolla en paralelo. Sostenemos que los crímenes de lesa humanidad acusados se cometieron como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil palestina de conformidad con la política del Estado. Estos crímenes, en nuestra opinión, continúan hasta el día de hoy”, detalla el fiscal.
Entre las pruebas que han tenido en cuenta están entrevistas con supervivientes y testigos presenciales, material de vídeo, fotografías y audio autenticados, imágenes de satélite y declaraciones del grupo presunto perpetrador, que “muestran que Israel ha privado intencional y sistemáticamente a la población civil en todas partes de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia humana”.
El fiscal señala el asedio total sobre Gaza que implicó cerrar los tres puntos fronterizos, Rafah, Kerem Shalom y Erez, a partir del 8 de octubre de 2023 “durante períodos prolongados y luego restringir arbitrariamente la transferencia de suministros esenciales, incluidos alimentos y medicinas, a través de los cruces fronterizos después de su reapertura”. El mismo asedio, prosigue, “también incluyó el corte de tuberías de agua transfronterizas desde Israel a Gaza –la principal fuente de agua potable de los habitantes de Gaza– durante un período prolongado que comenzó el 9 de octubre de 2023, y el corte y obstaculización del suministro de electricidad desde al menos el 8 de octubre de 2023 hasta hoy”.
No deja de mencionar “otros ataques contra civiles, incluidos aquellos que hacían cola para recibir comida; obstrucción de la entrega de ayuda por parte de agencias humanitarias; y ataques y asesinatos de trabajadores humanitarios, que obligaron a muchas agencias a cesar o limitar sus operaciones en Gaza”
La oficina del fiscal sostiene “que estos actos se cometieron como parte de un plan común para utilizar el hambre como método de guerra y otros actos de violencia contra la población civil de Gaza como medio para, primero, eliminar a Hamás; segundo, asegurar el regreso de los rehenes que Hamás ha secuestrado, y tercero, castigar colectivamente a la población civil de Gaza, a quien percibían como una amenaza para Israel”.
Agrega que “Israel, como todos los Estados, tiene derecho a tomar medidas para defender a su población. Sin embargo, ese derecho no exime a Israel ni a ningún Estado de su obligación de cumplir el derecho internacional humanitario. Independientemente de los objetivos militares que puedan tener, los medios que Israel eligió para lograrlos en Gaza –es decir, causar intencionalmente muerte, hambre, grandes sufrimientos y daños graves al cuerpo o la salud de la población civil– son criminales”.
El fiscal concluye aclarando que la investigación continúa y que no descarta presentar nuevas solicitudes de órdenes de arresto según el desarrollo de la situación.
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