Gobierno británico impulsa polémica ley para impedir retorno de yihadistas
Justifican la iniciativa en que es "esencial" para hacerle frente "a las graves y cambiantes amenazas" que afronta el país.
EFE – Londres
El Gobierno británico presentó en el Parlamento un proyecto de ley que le permitirá impedir temporalmente el retorno al Reino Unido de presuntos yihadistas, entre críticas de expertos legales y organizaciones de defensa de las libertades civiles.
Al detallar por escrito la legislación, que se debatirá este jueves en la Cámara de los Comunes, la ministra de Interior, Theresa May, dijo que es "esencial" para hacer frente "a las graves y cambiantes amenazas" que afronta el país.
"En una sociedad abierta y libre, nunca podremos eliminar completamente la amenaza del terrorismo, pero debemos hacer todo lo posible de acuerdo con nuestros valores compartidos para reducir el riesgo que plantean nuestros enemigos", declaró.
Según la ministra, el texto, que también otorga a la policía poderes para confiscar pasaportes de sospechosos en los puntos de entrada y salida al país, incluye "propuestas mesuradas y dirigidas" que buscan garantizar la seguridad nacional.
Sin embargo, el proyecto legislativo, que ya adelantó en septiembre el primer ministro, David Cameron, ha sido cuestionado por el propio asesor gubernamental en materia de terrorismo, David Anderson, y varios grupos defensores de las libertades civiles.
En una declaración hoy ante una comisión parlamentaria, Anderson expresó sus reservas por la aplicación práctica de las llamadas Órdenes temporales de exclusión, que impiden el regreso de los presuntos yihadistas, y echó en falta "implicación de los tribunales" para ofrecer garantías legales al proceso.
El abogado señaló, no obstante, que, a su entender, el Gobierno prevé usar esas polémicas órdenes no tanto para mantener alejados a los sospechosos, con el riesgo de convertirlos en "apátridas", sino a fin de "gestionar su retorno", condicionándolo a que accedan a entrevistarse con la Policía.
Amnistía Internacional (AI) advirtió por su parte de que una legislación de este tipo requiere "un análisis detallado y detenido".
"Aunque el Gobierno debe asegurarse de que se investiga a cualquier sospechoso de actividad delictiva, medidas como invalidar pasaportes o excluir a nacionales británicos de su país empujan los límites de la legislación internacional", afirmó la asesora legal Rachel Logan.
El presidente de la Comisión islámica de derechos humanos, Massoud Shadjareh, dijo que las medidas "alienarán" a la población musulmana y pueden impulsar agresiones contra el colectivo, así como fomentar la radicalización de jóvenes.
El Proyecto de ley de seguridad y contra el terrorismo, que podrá ser enmendado en su trámite parlamentario, obligará a las aerolíneas y a las empresas de comunicaciones a facilitar datos de sospechosos, y a las escuelas, universidades, ayuntamientos y prisiones a tomar medidas para impedir la radicalización de los ciudadanos.
Se obligará a las personas consideradas de riesgo a someterse a procesos contra la radicalización y las autoridades podrán reubicar dentro del Reino Unido a sospechosos que no pueden ser acusados por falta de pruebas, algo muy criticado también por AI.
La ley prohibirá además a las aseguradoras cubrir el dinero invertido en el rescate de prisioneros.
El Gobierno británico promulga esta legislación, que se debate mañana en los Comunes sin presencia de la ministra, tras elevar de "sustancial" a "severo" en agosto el nivel de alerta de terrorismo en este país, por el creciente número de británicos que viajan a Oriente Medio para combatir de lado de las milicias islamistas.
Se calcula que unos 500 ciudadanos se han desplazado a Irak o Siria en los últimos meses para luchar en las filas del grupo yihadista Estado Islámico (EI), al tiempo que han aumentado las detenciones de presuntos yihadistas en territorio británico.
Hoy mismo se produjo en el Reino Unido la primera condena por delitos de terrorismo relacionados con el conflicto en Siria.
Los hermanos de nacionalidad británica Mohommod Nawaz, de 30 años, y Hamza Nawaz, de 24, fueron condenados a 4,5 y 3 años de cárcel, respectivamente, por haber recibido instrucción en un campo de entrenamiento para terroristas en el país árabe.
El Gobierno británico presentó en el Parlamento un proyecto de ley que le permitirá impedir temporalmente el retorno al Reino Unido de presuntos yihadistas, entre críticas de expertos legales y organizaciones de defensa de las libertades civiles.
Al detallar por escrito la legislación, que se debatirá este jueves en la Cámara de los Comunes, la ministra de Interior, Theresa May, dijo que es "esencial" para hacer frente "a las graves y cambiantes amenazas" que afronta el país.
"En una sociedad abierta y libre, nunca podremos eliminar completamente la amenaza del terrorismo, pero debemos hacer todo lo posible de acuerdo con nuestros valores compartidos para reducir el riesgo que plantean nuestros enemigos", declaró.
Según la ministra, el texto, que también otorga a la policía poderes para confiscar pasaportes de sospechosos en los puntos de entrada y salida al país, incluye "propuestas mesuradas y dirigidas" que buscan garantizar la seguridad nacional.
Sin embargo, el proyecto legislativo, que ya adelantó en septiembre el primer ministro, David Cameron, ha sido cuestionado por el propio asesor gubernamental en materia de terrorismo, David Anderson, y varios grupos defensores de las libertades civiles.
En una declaración hoy ante una comisión parlamentaria, Anderson expresó sus reservas por la aplicación práctica de las llamadas Órdenes temporales de exclusión, que impiden el regreso de los presuntos yihadistas, y echó en falta "implicación de los tribunales" para ofrecer garantías legales al proceso.
El abogado señaló, no obstante, que, a su entender, el Gobierno prevé usar esas polémicas órdenes no tanto para mantener alejados a los sospechosos, con el riesgo de convertirlos en "apátridas", sino a fin de "gestionar su retorno", condicionándolo a que accedan a entrevistarse con la Policía.
Amnistía Internacional (AI) advirtió por su parte de que una legislación de este tipo requiere "un análisis detallado y detenido".
"Aunque el Gobierno debe asegurarse de que se investiga a cualquier sospechoso de actividad delictiva, medidas como invalidar pasaportes o excluir a nacionales británicos de su país empujan los límites de la legislación internacional", afirmó la asesora legal Rachel Logan.
El presidente de la Comisión islámica de derechos humanos, Massoud Shadjareh, dijo que las medidas "alienarán" a la población musulmana y pueden impulsar agresiones contra el colectivo, así como fomentar la radicalización de jóvenes.
El Proyecto de ley de seguridad y contra el terrorismo, que podrá ser enmendado en su trámite parlamentario, obligará a las aerolíneas y a las empresas de comunicaciones a facilitar datos de sospechosos, y a las escuelas, universidades, ayuntamientos y prisiones a tomar medidas para impedir la radicalización de los ciudadanos.
Se obligará a las personas consideradas de riesgo a someterse a procesos contra la radicalización y las autoridades podrán reubicar dentro del Reino Unido a sospechosos que no pueden ser acusados por falta de pruebas, algo muy criticado también por AI.
La ley prohibirá además a las aseguradoras cubrir el dinero invertido en el rescate de prisioneros.
El Gobierno británico promulga esta legislación, que se debate mañana en los Comunes sin presencia de la ministra, tras elevar de "sustancial" a "severo" en agosto el nivel de alerta de terrorismo en este país, por el creciente número de británicos que viajan a Oriente Medio para combatir de lado de las milicias islamistas.
Se calcula que unos 500 ciudadanos se han desplazado a Irak o Siria en los últimos meses para luchar en las filas del grupo yihadista Estado Islámico (EI), al tiempo que han aumentado las detenciones de presuntos yihadistas en territorio británico.
Hoy mismo se produjo en el Reino Unido la primera condena por delitos de terrorismo relacionados con el conflicto en Siria.
Los hermanos de nacionalidad británica Mohommod Nawaz, de 30 años, y Hamza Nawaz, de 24, fueron condenados a 4,5 y 3 años de cárcel, respectivamente, por haber recibido instrucción en un campo de entrenamiento para terroristas en el país árabe.