Gobierno de Maduro reprocha envío de Alex Saab a EE. UU. y lo llama “secuestro”
El régimen venezolano anunció que tomará “acciones en consecuencia” y dijo que la extradición de Saab “atenta” contra las negociaciones que desarrollan con la oposición en México, en las cuales el colombiano era un delegado.
“El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela denuncia el secuestro del diplomático venezolano Alex Saab por parte del gobierno de los Estados Unidos”. Así encabeza un comunicado del portavoz del presidente venezolano Nicolás Maduro, en el que confirma que el empresario colombiano, señalado de lavar millones de dólares para el régimen chavista, fue extraditado al país norteamericano desde el país africano de Cabo Verde, donde fue detenido hace un año.
(En contexto: Alex Saab fue extraditado a EE. UU. tras más de un año detenido en Cabo Verde)
El comunicado asegura que el Gobierno de Maduro tuvo noticia de la extradición por parte de la propia familia de Alex Saab, “a quienes se les impidió recientemente la entrada a ese país”, agregaron, refiriéndose a la negativa de Cabo Verde a concederle una visa a la esposa del colombiano, Camila Fabbri. Y el régimen de Venezuela reiteró la que ha sido su posición desde poco después de la captura de Saab en junio de 2020: que la extradición es arbitraria e ilegal porque, supuestamente, el colombiano era un agente diplomático venezolano.
En el comunicado, el Gobierno de Maduro se despachó nuevamente contra las autoridades de Cabo Verde por el trato que, supuestamente, le dieron a Alex Saab: “lo torturaron y mantuvieron prisionero arbitrariamente durante 491 días, sin orden de captura ni debido proceso, violando con ello las leyes de Cabo Verde y la Convención de Viena. Este delito fue condenado por la ONU y por diversos países del mundo”.
(En contexto: Aprueban extradición a EE.UU. de Alex Saab, supuesto testaferro de Maduro)
Además, el Gobierno de Maduro anticipa que la extradición de Saab será un traspiés a la mesa de diálogo que adelantan en México con la oposición venezolana. “Como es de conocimiento público, Alex Saab es representante permanente de nuestro gobierno en la mesa de diálogo que se desarrolla en México con las oposiciones venezolanas (…) con lo cual este crimen atenta también contra el buen desarrollo de las negociaciones”, escribieron.
El comunicado anuncia que Venezuela tomará acciones “en consecuencia” y dice que responsabilizan al gobierno del presidente Joe Biden y al de Cabo Verde por la integridad física de Alex Saab. Asimismo, finaliza denunciando que la extradición es una violación de los derechos humanos del contratista colombiano, que sienta un mal precedente en el derecho internacional y cierra con un agradecimiento a quienes “han levantado su voz en repudio de este delito”.
(Lea también: “Esto es un asunto de represalias”: periodista que reveló andanzas de Álex Saab)
En junio de este año, el Comité de Derechos Humanos de la ONU le pidió a Cabo Verde suspender el proceso de extradición mientras estudiaba denuncias que presentó el abogado de Alex Saab, Baltasar Garzón sobre supuestas irregularidades. El proceso continuó su curso y en septiembre pasado el Tribunal Constitucional del país africano dio el último visto bueno pendiente para hacer efectivo el envío del colombiano a Estados Unidos. La decisión fue notificada esta semana, el pasado 14 de octubre, según informó EFE.
Con la confirmación del Tribunal Constitucional, el Ministerio de Justicia caboverdiano le dijo al gobierno de Estados Unidos, también esta semana, que todos los trámites estaba listos para la extradición. Y, finalmente, Alex Saab fue abordado a un avión del Departamento de Justicia estadounidense este 16 de octubre en el aeropuerto de la isla de Sal, el mismo en el que fue detenido en 2020 cuando su vuelo proveniente de Irán paró a repostar.
Saab es señalado, junto a su socio Álvaro Pulido, de ser testaferros del oficialismo en Venezuela. En julio de 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo público el indictment (escrito de acusación) contra Saab y Pulido por ocho cargos relacionados con el lavado de activos por $350 millones producto de la corrupción en contratos de construcción y otros relacionados con la importación de alimentos, venta de petróleo y oro. Además, fueron incluidos en la Lista Clinton.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
“El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela denuncia el secuestro del diplomático venezolano Alex Saab por parte del gobierno de los Estados Unidos”. Así encabeza un comunicado del portavoz del presidente venezolano Nicolás Maduro, en el que confirma que el empresario colombiano, señalado de lavar millones de dólares para el régimen chavista, fue extraditado al país norteamericano desde el país africano de Cabo Verde, donde fue detenido hace un año.
(En contexto: Alex Saab fue extraditado a EE. UU. tras más de un año detenido en Cabo Verde)
El comunicado asegura que el Gobierno de Maduro tuvo noticia de la extradición por parte de la propia familia de Alex Saab, “a quienes se les impidió recientemente la entrada a ese país”, agregaron, refiriéndose a la negativa de Cabo Verde a concederle una visa a la esposa del colombiano, Camila Fabbri. Y el régimen de Venezuela reiteró la que ha sido su posición desde poco después de la captura de Saab en junio de 2020: que la extradición es arbitraria e ilegal porque, supuestamente, el colombiano era un agente diplomático venezolano.
En el comunicado, el Gobierno de Maduro se despachó nuevamente contra las autoridades de Cabo Verde por el trato que, supuestamente, le dieron a Alex Saab: “lo torturaron y mantuvieron prisionero arbitrariamente durante 491 días, sin orden de captura ni debido proceso, violando con ello las leyes de Cabo Verde y la Convención de Viena. Este delito fue condenado por la ONU y por diversos países del mundo”.
(En contexto: Aprueban extradición a EE.UU. de Alex Saab, supuesto testaferro de Maduro)
Además, el Gobierno de Maduro anticipa que la extradición de Saab será un traspiés a la mesa de diálogo que adelantan en México con la oposición venezolana. “Como es de conocimiento público, Alex Saab es representante permanente de nuestro gobierno en la mesa de diálogo que se desarrolla en México con las oposiciones venezolanas (…) con lo cual este crimen atenta también contra el buen desarrollo de las negociaciones”, escribieron.
El comunicado anuncia que Venezuela tomará acciones “en consecuencia” y dice que responsabilizan al gobierno del presidente Joe Biden y al de Cabo Verde por la integridad física de Alex Saab. Asimismo, finaliza denunciando que la extradición es una violación de los derechos humanos del contratista colombiano, que sienta un mal precedente en el derecho internacional y cierra con un agradecimiento a quienes “han levantado su voz en repudio de este delito”.
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En junio de este año, el Comité de Derechos Humanos de la ONU le pidió a Cabo Verde suspender el proceso de extradición mientras estudiaba denuncias que presentó el abogado de Alex Saab, Baltasar Garzón sobre supuestas irregularidades. El proceso continuó su curso y en septiembre pasado el Tribunal Constitucional del país africano dio el último visto bueno pendiente para hacer efectivo el envío del colombiano a Estados Unidos. La decisión fue notificada esta semana, el pasado 14 de octubre, según informó EFE.
Con la confirmación del Tribunal Constitucional, el Ministerio de Justicia caboverdiano le dijo al gobierno de Estados Unidos, también esta semana, que todos los trámites estaba listos para la extradición. Y, finalmente, Alex Saab fue abordado a un avión del Departamento de Justicia estadounidense este 16 de octubre en el aeropuerto de la isla de Sal, el mismo en el que fue detenido en 2020 cuando su vuelo proveniente de Irán paró a repostar.
Saab es señalado, junto a su socio Álvaro Pulido, de ser testaferros del oficialismo en Venezuela. En julio de 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo público el indictment (escrito de acusación) contra Saab y Pulido por ocho cargos relacionados con el lavado de activos por $350 millones producto de la corrupción en contratos de construcción y otros relacionados con la importación de alimentos, venta de petróleo y oro. Además, fueron incluidos en la Lista Clinton.
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