Guatemala: con la salida de la Cicig, ¿la lucha contra la corrupción queda al a deriva?

Durante doce años, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) investigó y persiguió penalmente a cuerpos ilegales, redes corruptas y aparatos clandestinos de seguridad en el país centroamericano.

Su misión, que comenzó el 4 de septiembre de 2007, luego de que el Congreso de la República ratificara el acuerdo entre la ONU y el gobierno de Guatemala, era renovada cada año por el presidente de turno. Sin embargo, Jimmy Morales, en el poder desde 2016, decidió que no lo haría y señaló a la Cicig de haber “violado” las leyes nacionales e internacionales y de haberse extralimitado en sus funciones.

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La realidad parece ser otra. De acuerdo con la prensa local, Morales estuvo en la cuerda floja por cuenta de la Cicig, que pidió la suspensión de su fuero presidencial para investigarlo por la presunta financiación ilegal de su campaña.

Morales no quería correr la suerte de su antecesor, Otto Pérez, el expresidente que hoy está tras las rejas por haber participado en una red que aprovechaba ilegalmente los controles aduaneros del país.

Otras investigaciones

De acuerdo con el balance presentado por la Comisión el pasado 23 de agosto al Ministerio Público, “se entregaron más de 60 investigaciones realizadas en conjunto MP-Cicig, cada una acompañada con el respectivo escrito (denuncia, memorial o ficha) y los informes criminales, financieros o policiales que las respaldan, estando la demás información y evidencias”.

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En 2009, la Cicig apoyó a la Fiscalía en la investigación de una malversación de US$15 millones por parte del expresidente Alfonso Portillo (2000-2004), quien fue declarado culpable en las cortes guatemaltecas y estadounidenses, luego de su debida extradición.

Ese mismo año, otra investigación demostró que 32 militares guatemaltecos, entre ellos el general retirado Enrique Ríos Sosa, hijo del general golpista Efraín Ríos Montt, fueron acusados de participar en el desvío de 905 millones de quetzales (unos US$113 millones) del presupuesto del Ministerio de la Defensa.

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En 2010, tras un año de grave crisis institucional que debilitó al gobierno del entonces presidente Álvaro Colom (2008-2012), el llamado caso Rosenberg llegó a la instancia final, en la que fueron sentenciados nueve implicados en el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, quien, en un video difundido tras su fallecimiento, culpaba de su muerte al entonces mandatario guatemalteco.

El resultado de la investigación de la Cicig fue categórico en señalar que Rosenberg había preparado su propia muerte y había sido utilizado para desestabilizar al Gobierno por personas que hoy están prófugas.

En abril de 2011, la Comisión destapó el caso del homicidio de 16 personas en un autobús que iba de Guatemala a Nicaragua. También apoyó la persecución de los funcionarios del Ministerio del Interior del gobierno de Óscar Berger (2004-2008), acusados de participar en la masacre de reos en la Granja Penal Pavón.

Un adiós con denuncia

Y Alejandro Giammattei, elegido el 12 de agosto como nuevo presidente de Guatemala, no tiene intenciones de permitir más investigaciones. “No necesitamos ayuda de los organismos internacionales para que nos vengan a decir qué hacer. Mejor que no haya gobierno de Guatemala y que sea uno internacional”, respondió en entrevista a la BBC.

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¿Qué sigue? De acuerdo con Edie Cux, presidente de Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, el reto “queda en manos de la ciudadanía”.

Misión compleja, pues justo antes de dejar el país, la Comisión reveló otro caso que complica a Asisclo Valladoes, actual ministro de Economía, antes alto ejecutivo de la empresa de telecomunicaciones Tigo, hoy señalada de espionaje telefónico.

“Se concluye que al parecer el señor Acisclo Valladares Urruela se aprovechó de su alto cargo dentro de la empresa de telefonía celular Tigo para tener acceso a información sensible”, señaló la Cicig. El ministro habría espiado a miembros del partido político de centro izquierda Semilla, a empresarios y hasta su exesposa.

Valladares ya había sido señalado por la Cicig de actos ilegales, entre ellos participar en un esquema de sobornos a diputados para favorecer las operaciones de Tigo. Con la salida de la Comisión, ¿la lucha contra la corrupción en Guatemala queda a la deriva?