Guerra, capital y golpe de Estado en Birmania

Se completa ya la segunda semana desde el inicio del movimiento de desobediencia civil contra el golpe de Estado en Birmania. Las principales ciudades fueron militarizadas, las libertades públicas se suspendieron, las detenciones arbitrarias no cesan y el flujo de internet es cortado regularmente, lo que no impide que la resistencia siga ganando adeptos e inventando nuevas formas de protesta no violenta. El 12 de febrero se celebró el “día de la unidad”. Las Tatmadaw, literalmente “fuerzas armadas”, se reivindican como su símbolo y garantes. Sin embargo, el movimiento ha desmontado aparatosamente este mito insostenible. No solo por su responsabilidad directa en la degradación de los conflictos étnicos o por su sanguinario proceder; también y sobre todo porque los militares son una minoría fenomenalmente rica en una de las sociedades más pobres del mundo. El golpe del 1° de febrero también se explica por el temor que se siente en los cuarteles a perder esta hegemonía económica.

Las Tatmadaw son la utopía realizada del dogma del libre mercado disciplinado. Su dominio se alimenta de la amalgama entre el negocio de la guerra y la guerra de los negocios, convirtiendo a la alta oficialidad birmana en la clase social y la fuerza política dominante. Además de captar el 5 % del PIB, sus operaciones comerciales dominan la economía nacional. Como se sabe, la constitución de 2008 les garantiza una posición política dominante gracias a que controlan de jure un cuarto del parlamento: los ministerios de Interior, Fronteras y Defensa. Siendo independientes frente al poder civil, las Tatmadaw pueden intervenir “legalmente” en cada decisión política. La disposición institucional del Estado birmano hace pues del gobierno civil una potestad sin potencia, y del poder militar, una potencia con potestades de excepción.

En materia económica su dominio es aplastante. Las Tatmadaw son los principales propietarios de los más importantes grupos económicos en Birmania. De régimen formalmente público, dichos conglomerados son, en realidad, detentados por altos oficiales, familiares y aliados, pero también por regimientos o brigadas. Siendo los accionistas y directores de estos grupos económicos, los oficiales de alto rango birmanos tienen sus principales fuentes de ingreso en las autoconcesiones de valiosos activos estatales y lucrativos contratos comerciales. La privatización de un bien común, por lo general, opera en el más completo secreto y apenas si es registrada públicamente, redundando siempre en beneficio de altos oficiales y brigadas. De otra parte, la Tatmadaw suele utilizar la fuerza para desplazar población en función de la instalación de proyectos privados de explotación minera y de otros recursos naturales. Hoy sabemos que en las zonas de conflicto, además de reivindicaciones nacionalistas o étnicas, se juega la posibilidad de controlar importantes inversiones mineras, turísticas y de infraestructura.

Puede leer: Hackers atacaron páginas web de la junta militar de Birmania

Min Aung Hlaing, el general patrón

El líder del golpe de Estado expresa bien el sistema que liga poder militar, economía y dominio de clase en Birmania. Máximo comandante de todas las fuerzas, militares y de policía, Min Aung Hlaing (MAH) es automáticamente la máxima autoridad sobre dos poderosos conglomerados controlados por los militares, el Myanmar Economic Corporation (MEC) y el Myanma Economic Holdings Limited (MEHL). Estos grupos son, en el papel, entidades públicas, luego, con acceso privilegiado al presupuesto y a las riquezas del país, pero en la práctica funcionan como sociedades anónimas en manos militares. Esta posición les da un inmenso poder de supervisión sobre la economía del país, que usan evidentemente según una combinación de actos corruptos, tráfico de influencias, favorecimiento, robo de bienes comunes y violencia. Como lo denuncian varias ONG , este método es constante en el desarrollo y afianzamiento de la posición dominante de los militares en la economía.

Entre las empresas que supervisa MAH se encuentran activos estratégicos subcontratados a personas cercanas a su familia o a empresas internacionales de renombre a través de acuerdos que él mismo ha presidido. Por ejemplo, en 2013, el MEHL se hizo con el control del puerto de Bo Aung Kyaw, gracias a la transferencia efectuada por el director de la Autoridad Portuaria de Myanmar, quien es al tiempo director del MEHL. En 2016, el puerto fue arrendado al conglomerado KT Group en virtud de un acuerdo de construcción-explotación-transferencia por cincuenta años, con el que el conglomerado gana US$3.000 millones al año, revisables cada cinco años. Asimismo, el MEC controla una franja de terreno ribereño en el municipio de Ahlone, que ha arrendado a Asia World y a Adani Ports & SEZ para la construcción y explotación de puertos privados.

En el rico sector de la minería, bajo el liderazgo de MAH, el MEHL controla el mayor número de licencias de explotación de jade y rubí, algunos de los cuales ha arrendado a las filiales mineras del conglomerado KBZ, detentado por militares y sus familiares. En la región de Khamti, MEHL ha proporcionado múltiples licencias a la filial de minera de KBZ, a través de la cual se extrajeron 24.230 kg, entre 2015 y 2016, casi con cero aportes al presupuesto birmano. El general también tiene su larga mano puesta en el sector de comercio exterior. Por medio de una sociedad con el grupo Ever Flow River, el MEHL acaparó la construcción del puerto seco y el depósito interior de contenedores de Hlaing en terrenos controlados por el MEHL, de propiedad del Estado birmano. Sin aportar a la inversión, el MEHL participa del 51 % de sus beneficios en provecho, por supuesto, del patrimonio personal del general.

Un caso peculiar de desvío de bienes comunes en favor de los militares lo representa el sector minero. Wanbao Mining y Myanmar Yang Tse, filiales del fabricante de armas chino Norinco, explotan las minas de cobre en la región de Sagaing, causando la destrucción del medio ambiente y un inmenso sufrimiento a las comunidades locales. Según datos divulgados por MEHL, la inversión total de la mina Sabae Taung & Kyay Sin Taung es de US$398,56 millones y la de Letpadaung es de US$997 millones. MAH había acordado una cuota de beneficios del 51 % a favor del MEHL a pesar de que su aporte fue nulo. En ambas se decidió un incremento de la participación del Estado luego de presiones provenientes del gobierno civil.

El general MAH también ha gobernado en beneficio de su familia. Aprovechando sus redes clientelistas, ha permitido que sus hijos disfruten de un tratamiento especial en las áreas de construcción, obras públicas, turismo y servicios sin que, de otra parte, los municipios puedan participar ni imponer las tasas legales exigidas.

Peor aún, varias de esas inversiones se desarrollan en lugares de conflicto donde se han producido serias violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Estos acuerdos corruptos reportan importantes beneficios al general y le permiten, de paso, consolidar una amplia red de clientelas, concentrando, así, todo el producto del aprovechamiento de los bienes públicos en favor de una clase dominante bien armada.

Army Co.

Aunque hay certeza de que se trata de los militares, no hay claridad sobre la naturaleza jurídica de los conglomerados MEC y MEHL. Se trata, formalmente, de empresas públicas que deciden sobre bienes comunes. En la práctica, operan como sociedades anónimas privadas y en parte secretas. Se sabe, por ejemplo, que el MEHL tiene más de 380.000 accionistas, aunque solo existe registro de cincuenta de ellos.

Las Tatmadaw lideran las privatizaciones o ventas de minas, puertos y comunicaciones a través de sus operaciones. Sus tentáculos se extienden a la fabricación y el comercio de bienes de consumo, bebidas alcohólicas, la importación de materiales médicos y la construcción de complejos turísticos en sitios con gran atractivo natural.

En 2011, con la “democratización” decidida por los militares, las sanciones impuestas desde 1990 fueron levantadas, dando lugar a una gran inyección de dinero a la economía. No obstante, sin mayor impacto en la base social, las nuevas inversiones favorecieron principalmente a los militares. Un ejemplo de ello fue la privatización secreta de la empresa pública Star High Co. Ltd., y posterior convenio con la empresa de telecomunicaciones vietnamita Viettel Global JSC. Sin oferta pública de ningún tipo, a través de la conformación de la empresa de telecomunicaciones Mytel, los militares terminaron siendo propietarios del mayor oferente de telefonía móvil del país. Se pueden dar otros ejemplos en el mismo sentido, como la privatización de las minas de jade y la extraña participación como “accionista” del MEHL de un grupo armado convertido en guardia fronteriza.

Golpe de Estado: ¿una operación comercial?

Existe una relación simbiótica entre el ejército y sus grupos económicos. Trabajan en tándem y sus códigos de lealtad son estrictos. Habla en contra de los militares y perderás tus acciones. Muestra lealtad, crueldad y destreza en los negocios, y los beneficios serán enormes. Los bienes y servicios de MEHL se compran a través del presupuesto militar; sin embargo, el beneficio se privatiza y se concentra en manos de los oficiales y sus amigos.

De allí que, en un sistema dual de gobierno civil-militar, la corrupción, el tráfico de influencias, el favorecimiento, el robo de bienes comunes y la violencia sean herramientas necesarias para el afianzamiento de la posición dominante de los militares en la economía.

Ahora bien, la nueva mayoría lograda por el partido National League for Democracy en las pasadas elecciones de noviembre, el creciente interés de la población civil a favor de una reforma constitucional y, finalmente, el advenimiento de la fecha del retiro forzoso del general, previsto para julio de este año, parecen ser causas poderosas de un gran nerviosismo en la cúpula militar. Un control directo sobre el gobierno le permite a MAH no solo suspender su jubilación en función de mantener su tutela económica sobre el país, sino también preparar nuevas elecciones, con la oposición arrestada y bajo estricta vigilancia militar, para reforzar su tutela política. Empero, hoy las calles se lo han hecho saber, el general no es visto como una figura de unidad, sino más bien como el “ladrón de la nación”.

Se completa ya la segunda semana desde el inicio del movimiento de desobediencia civil contra el golpe de Estado en Birmania. Las principales ciudades fueron militarizadas, las libertades públicas se suspendieron, las detenciones arbitrarias no cesan y el flujo de internet es cortado regularmente, lo que no impide que la resistencia siga ganando adeptos e inventando nuevas formas de protesta no violenta. El 12 de febrero se celebró el “día de la unidad”. Las Tatmadaw, literalmente “fuerzas armadas”, se reivindican como su símbolo y garantes. Sin embargo, el movimiento ha desmontado aparatosamente este mito insostenible. No solo por su responsabilidad directa en la degradación de los conflictos étnicos o por su sanguinario proceder; también y sobre todo porque los militares son una minoría fenomenalmente rica en una de las sociedades más pobres del mundo. El golpe del 1° de febrero también se explica por el temor que se siente en los cuarteles a perder esta hegemonía económica.

Las Tatmadaw son la utopía realizada del dogma del libre mercado disciplinado. Su dominio se alimenta de la amalgama entre el negocio de la guerra y la guerra de los negocios, convirtiendo a la alta oficialidad birmana en la clase social y la fuerza política dominante. Además de captar el 5 % del PIB, sus operaciones comerciales dominan la economía nacional. Como se sabe, la constitución de 2008 les garantiza una posición política dominante gracias a que controlan de jure un cuarto del parlamento: los ministerios de Interior, Fronteras y Defensa. Siendo independientes frente al poder civil, las Tatmadaw pueden intervenir “legalmente” en cada decisión política. La disposición institucional del Estado birmano hace pues del gobierno civil una potestad sin potencia, y del poder militar, una potencia con potestades de excepción.

En materia económica su dominio es aplastante. Las Tatmadaw son los principales propietarios de los más importantes grupos económicos en Birmania. De régimen formalmente público, dichos conglomerados son, en realidad, detentados por altos oficiales, familiares y aliados, pero también por regimientos o brigadas. Siendo los accionistas y directores de estos grupos económicos, los oficiales de alto rango birmanos tienen sus principales fuentes de ingreso en las autoconcesiones de valiosos activos estatales y lucrativos contratos comerciales. La privatización de un bien común, por lo general, opera en el más completo secreto y apenas si es registrada públicamente, redundando siempre en beneficio de altos oficiales y brigadas. De otra parte, la Tatmadaw suele utilizar la fuerza para desplazar población en función de la instalación de proyectos privados de explotación minera y de otros recursos naturales. Hoy sabemos que en las zonas de conflicto, además de reivindicaciones nacionalistas o étnicas, se juega la posibilidad de controlar importantes inversiones mineras, turísticas y de infraestructura.

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Min Aung Hlaing, el general patrón

El líder del golpe de Estado expresa bien el sistema que liga poder militar, economía y dominio de clase en Birmania. Máximo comandante de todas las fuerzas, militares y de policía, Min Aung Hlaing (MAH) es automáticamente la máxima autoridad sobre dos poderosos conglomerados controlados por los militares, el Myanmar Economic Corporation (MEC) y el Myanma Economic Holdings Limited (MEHL). Estos grupos son, en el papel, entidades públicas, luego, con acceso privilegiado al presupuesto y a las riquezas del país, pero en la práctica funcionan como sociedades anónimas en manos militares. Esta posición les da un inmenso poder de supervisión sobre la economía del país, que usan evidentemente según una combinación de actos corruptos, tráfico de influencias, favorecimiento, robo de bienes comunes y violencia. Como lo denuncian varias ONG , este método es constante en el desarrollo y afianzamiento de la posición dominante de los militares en la economía.

Entre las empresas que supervisa MAH se encuentran activos estratégicos subcontratados a personas cercanas a su familia o a empresas internacionales de renombre a través de acuerdos que él mismo ha presidido. Por ejemplo, en 2013, el MEHL se hizo con el control del puerto de Bo Aung Kyaw, gracias a la transferencia efectuada por el director de la Autoridad Portuaria de Myanmar, quien es al tiempo director del MEHL. En 2016, el puerto fue arrendado al conglomerado KT Group en virtud de un acuerdo de construcción-explotación-transferencia por cincuenta años, con el que el conglomerado gana US$3.000 millones al año, revisables cada cinco años. Asimismo, el MEC controla una franja de terreno ribereño en el municipio de Ahlone, que ha arrendado a Asia World y a Adani Ports & SEZ para la construcción y explotación de puertos privados.

En el rico sector de la minería, bajo el liderazgo de MAH, el MEHL controla el mayor número de licencias de explotación de jade y rubí, algunos de los cuales ha arrendado a las filiales mineras del conglomerado KBZ, detentado por militares y sus familiares. En la región de Khamti, MEHL ha proporcionado múltiples licencias a la filial de minera de KBZ, a través de la cual se extrajeron 24.230 kg, entre 2015 y 2016, casi con cero aportes al presupuesto birmano. El general también tiene su larga mano puesta en el sector de comercio exterior. Por medio de una sociedad con el grupo Ever Flow River, el MEHL acaparó la construcción del puerto seco y el depósito interior de contenedores de Hlaing en terrenos controlados por el MEHL, de propiedad del Estado birmano. Sin aportar a la inversión, el MEHL participa del 51 % de sus beneficios en provecho, por supuesto, del patrimonio personal del general.

Un caso peculiar de desvío de bienes comunes en favor de los militares lo representa el sector minero. Wanbao Mining y Myanmar Yang Tse, filiales del fabricante de armas chino Norinco, explotan las minas de cobre en la región de Sagaing, causando la destrucción del medio ambiente y un inmenso sufrimiento a las comunidades locales. Según datos divulgados por MEHL, la inversión total de la mina Sabae Taung & Kyay Sin Taung es de US$398,56 millones y la de Letpadaung es de US$997 millones. MAH había acordado una cuota de beneficios del 51 % a favor del MEHL a pesar de que su aporte fue nulo. En ambas se decidió un incremento de la participación del Estado luego de presiones provenientes del gobierno civil.

El general MAH también ha gobernado en beneficio de su familia. Aprovechando sus redes clientelistas, ha permitido que sus hijos disfruten de un tratamiento especial en las áreas de construcción, obras públicas, turismo y servicios sin que, de otra parte, los municipios puedan participar ni imponer las tasas legales exigidas.

Peor aún, varias de esas inversiones se desarrollan en lugares de conflicto donde se han producido serias violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Estos acuerdos corruptos reportan importantes beneficios al general y le permiten, de paso, consolidar una amplia red de clientelas, concentrando, así, todo el producto del aprovechamiento de los bienes públicos en favor de una clase dominante bien armada.

Army Co.

Aunque hay certeza de que se trata de los militares, no hay claridad sobre la naturaleza jurídica de los conglomerados MEC y MEHL. Se trata, formalmente, de empresas públicas que deciden sobre bienes comunes. En la práctica, operan como sociedades anónimas privadas y en parte secretas. Se sabe, por ejemplo, que el MEHL tiene más de 380.000 accionistas, aunque solo existe registro de cincuenta de ellos.

Las Tatmadaw lideran las privatizaciones o ventas de minas, puertos y comunicaciones a través de sus operaciones. Sus tentáculos se extienden a la fabricación y el comercio de bienes de consumo, bebidas alcohólicas, la importación de materiales médicos y la construcción de complejos turísticos en sitios con gran atractivo natural.

En 2011, con la “democratización” decidida por los militares, las sanciones impuestas desde 1990 fueron levantadas, dando lugar a una gran inyección de dinero a la economía. No obstante, sin mayor impacto en la base social, las nuevas inversiones favorecieron principalmente a los militares. Un ejemplo de ello fue la privatización secreta de la empresa pública Star High Co. Ltd., y posterior convenio con la empresa de telecomunicaciones vietnamita Viettel Global JSC. Sin oferta pública de ningún tipo, a través de la conformación de la empresa de telecomunicaciones Mytel, los militares terminaron siendo propietarios del mayor oferente de telefonía móvil del país. Se pueden dar otros ejemplos en el mismo sentido, como la privatización de las minas de jade y la extraña participación como “accionista” del MEHL de un grupo armado convertido en guardia fronteriza.

Golpe de Estado: ¿una operación comercial?

Existe una relación simbiótica entre el ejército y sus grupos económicos. Trabajan en tándem y sus códigos de lealtad son estrictos. Habla en contra de los militares y perderás tus acciones. Muestra lealtad, crueldad y destreza en los negocios, y los beneficios serán enormes. Los bienes y servicios de MEHL se compran a través del presupuesto militar; sin embargo, el beneficio se privatiza y se concentra en manos de los oficiales y sus amigos.

De allí que, en un sistema dual de gobierno civil-militar, la corrupción, el tráfico de influencias, el favorecimiento, el robo de bienes comunes y la violencia sean herramientas necesarias para el afianzamiento de la posición dominante de los militares en la economía.

Ahora bien, la nueva mayoría lograda por el partido National League for Democracy en las pasadas elecciones de noviembre, el creciente interés de la población civil a favor de una reforma constitucional y, finalmente, el advenimiento de la fecha del retiro forzoso del general, previsto para julio de este año, parecen ser causas poderosas de un gran nerviosismo en la cúpula militar. Un control directo sobre el gobierno le permite a MAH no solo suspender su jubilación en función de mantener su tutela económica sobre el país, sino también preparar nuevas elecciones, con la oposición arrestada y bajo estricta vigilancia militar, para reforzar su tutela política. Empero, hoy las calles se lo han hecho saber, el general no es visto como una figura de unidad, sino más bien como el “ladrón de la nación”.