Piratas informáticos atacaron el jueves páginas en internet gubernamentales gestionadas por la junta militar en Birmania, en respuesta al bloqueo nocturno de internet establecido por las autoridades y al aumento de las detenciones.
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Un grupo, que se presenta como los “Hackers de Birmania”, atacó varías páginas web gubernamentales, como la del Banco Central, la de propaganda del ejército birmano, la cadena de televisión pública MRTV, la autoridad portuaria y la de la agencia de seguridad alimentaria y de salud. Este pirateo informático se produce al día siguiente de las manifestaciones que congregaron a decenas de miles de personas en el país para protestar contra el golpe de Estado que depuso al gobierno civil de Aung San Suu Kyi el 1 de febrero.
“Luchamos por la justicia en Birmania”, declaró el grupo de piratas informáticos en su cuenta de Facebook. “Es como una gran manifestación ante las páginas web del gobierno”, compararon.
En Rangún, los automovilistas bloquearon el tráfico el jueves, por segundo día consecutivo, en un intento de impedir el despliegue de las fuerzas de seguridad.
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Así, autobuses y automóviles estaban detenidos en torno a un puente del distrito de Dagon Norte, según imágenes retransmitidas en directo, mientras los manifestantes clamaban: “¡No vayan a la oficina, únanse al movimiento de desobediencia civil!”.
Cientos de arrestos
En la segunda ciudad birmana, Mandalay (centro), la policía y el ejército dispersaron a los manifestantes que bloqueaban el tráfico ferroviario, según testigos. Un miembro de los servicios de emergencia explicó que las fuerzas de seguridad abrieron fuego, pero no pudo precisar si se trataba de balas de goma o munición real.
Cuatro conductores de tren fueron detenidos a punta de pistola en la ciudad, según la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP), con sede en Rangún. Esta asociación denunció más de 500 arrestos desde el golpe militar del 1 de febrero.
A primera hora de la mañana del jueves, once empleados del ministerio de Relaciones Exteriores fueron detenidos por participar en el movimiento de protesta, dijo una fuente del ministerio a la AFP. Un agente de policía que no quiso identificarse explicó que al menos 50 funcionarios habían sido detenidos en los últimos cuatro días.
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El canal de televisión estatal MRTV también anunció órdenes de arresto contra varios actores, cineastas y un cantante, acusados de utilizar su popularidad al servicio del movimiento de protesta.
Los militares han intensificado las amenazas desde el 1 de febrero, cuando pusieron fin a 10 años de frágil transición democrática.
Tráfico de internet reducido
El miércoles por la noche, en el país se impuso una especie de toque de queda en internet que redujo el tráfico a un 21% de su nivel habitual, según el observatorio NetBlocks, un grupo que registra las restricciones en la red y tiene sede en el Reino Unido.
El miedo a las represalias está presente en el ánimo de los habitantes de este país que ha vivido cerca de 50 años bajo la férula militar desde su independencia en 1948.
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Las fuerzas de seguridad han disparado en varias ocasiones balas de goma y usado gases lacrimógenos contra los manifestantes. Una mujer de 20 años que recibió la semana un disparo en la cabeza, probablemente con munición real, está en estado de muerte cerebral. Un policía murió el martes debido a las heridas que sufrió durante una manifestación en Mandalay.
Pese a ello, los llamados a la desobediencia civil prosiguen: médicos, profesores, controladores aéreos, trabajadores ferroviarios están en huelga contra el golpe.
En Naipyidó, la capital administrativa, la exjefa de gobierno civil Aung San Suu Kyi, de 75 años, está bajo arresto domiciliario. Suu Kyi, de 75 años, ya procesada por infringir una oscura norma comercial al importar “ilegalmente” walkie-talkies, se enfrenta a una nueva acusación por violar “la ley sobre la gestión de desastres naturales”, según su abogado, que aún no ha podido contactar con ella. La audiencia está prevista para el 1 de marzo.
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Los generales hacen oídos sordos a las condenas internacionales y las sanciones anunciadas por Washington. Cuentan con dos apoyos importantes en la ONU: China y Rusia, para quienes la crisis actual constituye “un asunto interno” birmano.