'Hay que hablar con Nicaragua'

En el prólogo del libro El ataque de Nicaragua a la soberanía colombiana, publicado en 2002, Jaime Pinzón López dice que Colombia no debió aceptar la demanda interpuesta por Nicaragua el 6 de diciembre de 2001 ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), porque los límites marítimos y terrestres entre los estados ya estaban acordados en el tratado Esguerra-Bárcenas de 1928, que fue declarado nulo por los nicaragüenses en un “acto ilícito”.

Hoy Pinzón López —quien fue congresista, magistrado de la Corte Suprema, ministro, embajador en varios países, académico y rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano— insiste en la vigencia del Esguerra-Bárcenas y en la inaplicabilidad de la sentencia de la CIJ, que hace un año trazó nuevos límites marítimos entre ambos países. No obstante, dice que no es momento de escarbar en errores del pasado, porque ahora Colombia debe desarrollar su teoría de la inaplicabilidad, optar por la vía pacífica y, lo más importante, dialogar con el gobierno de Daniel Ortega para lograr un acuerdo que finalmente aclare cuáles son las fronteras.

¿Cómo ve las reacciones del gobierno colombiano frente a la tercera demanda de Nicaragua?

La decisión de no aplicabilidad, tomada por el presidente, es acertada. Modificar límites, según nuestra Constitución, sólo se puede mediante tratados. El Esguerra-Bárcenas está vigente. En cuanto a llamar a consultas a nuestra embajadora en Nicaragua, es provechoso porque ella debe tener información que nos conviene conocer, pero mejor sería impartirle instrucciones sobre cómo buscar diálogos con Nicaragua. Lo urgente es hablar con Managua.

El gobierno lleva un año estudiando la estrategia para enfrentar el fallo...

Desde que se produjo la sentencia, se demostró que tenemos una Cancillería débil para tomar decisiones. Ha tratado de contemporizar con conceptos que son respetables, de juristas que hablan de solución pacífica de conflictos, de la jurisdicción obligatoria de la Corte, de la cláusula facultativa. Términos que no entienden los colombianos del común. Esos conceptos, costosos, concluyeron en que el presidente no pudo acogerlos. Pero eso es pasado, para superar el problema hay que actuar con rapidez, serenidad y de modo pacífico.

¿Se busca dialogar con Nicaragua?

La verdad, el gobierno colombiano no lo ha hecho. El que ha manifestado que le interesa es el presidente Ortega. Dijo, a propósito de la demanda presentada esta semana, que ha manifestado varias veces su voluntad para discutir cuestiones “relacionadas con la aplicación de la sentencia de la Corte” y que tiene la determinación de manejar la situación pacíficamente. Agrega que el presidente de Colombia ha rechazado el diálogo. No creo que Colombia lo haya rechazado, pero tampoco lo ha pedido.

Hay tensión porque el diferendo jurídico ha devenido en una especie de juego disuasivo de fuerzas.

No creo que estemos ad portas de un enfrentamiento, pero si seguimos utilizando un lenguaje no adecuado, y con una posición hasta cierto punto dubitativa, nos exponemos a mayores conflictos.

¿Por qué insistir en que la sentencia es “inaplicable”?

En febrero de 1980 Nicaragua anuló el Esguerra-Bárcenas unilateralmente, ese fue un acto ilícito internacional. Amenazó a Colombia con una demanda ante la CIJ y la interpuso en 2001. Colombia debió demandar a Nicaragua cuando decidió declarar nulo el tratado, pero se limitó a sacar un libro blanco y elevar una protesta. Equivocadamente decidió notificarse de la demanda.

Luego, la Corte trazó unas líneas sin analizar las realidades del archipiélago de San Andrés. Enclavó los cayos, parceló el mar, tocó derechos adquiridos por terceros estados que tienen suscritos tratados con nuestro país. Desconoció derechos humanos de los compatriotas isleños, en particular de pesca. Fue inequitativa e injusta, dificultó la conservación ambiental en la reserva ecológica Sea Flower. Complicó lo referente al espacio aéreo, la lucha conjunta contra el narcotráfico, el descubrimiento de tesoros, dejó en el limbo espacios submarinos, obstruyó comunicaciones y nos expuso a un enfrentamiento con Nicaragua. Volvió imprecisa el área de exploración y explotación de recursos naturales e hidrocarburos. ¿Un Estado puede aceptar una sentencia así?

Usted dice que el tratado Esguerra-Bárcenas está vigente, ¿es un pacto de límites marítimos?

Con base en la sentencia de La Haya, no podemos sostener que el meridiano 82 es frontera marítima. Pero tampoco lo es la frontera imprecisa y oscura de la sentencia. Es necesario pactarla con Managua.

Antes de emitido el fallo, Nicaragua firmó un contrato para construir su canal interoceánico.

La exministra Noemí Sanín y el doctor Miguel Ceballos han probado que Nicaragua, 19 días antes del fallo, cedió por 50 años mar que nos pertenece, para el contrato de construcción del canal interoceánico con una empresa china. Es otro acto ilícito internacional, porque sin haberse producido la sentencia, Nicaragua entrega los espacios aéreos y marítimos que no tenía establecidos. Ese es un argumento claro para la no aplicabilidad de la sentencia, aun cuando no es sensato —y ahí discrepo con Sanín y Ceballos— pedir una revisión del fallo ante un tribunal que, de repente, como lo hizo en 2001, legitima esa decisión del gobierno de Nicaragua. No debemos acusar recibo de la nota por la cual nos comunican que Nicaragua interpuso esta semana una demanda para pedir el cumplimiento de la sentencia, y menos notificarla.

En el prólogo del libro El ataque de Nicaragua a la soberanía colombiana, publicado en 2002, Jaime Pinzón López dice que Colombia no debió aceptar la demanda interpuesta por Nicaragua el 6 de diciembre de 2001 ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), porque los límites marítimos y terrestres entre los estados ya estaban acordados en el tratado Esguerra-Bárcenas de 1928, que fue declarado nulo por los nicaragüenses en un “acto ilícito”.

Hoy Pinzón López —quien fue congresista, magistrado de la Corte Suprema, ministro, embajador en varios países, académico y rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano— insiste en la vigencia del Esguerra-Bárcenas y en la inaplicabilidad de la sentencia de la CIJ, que hace un año trazó nuevos límites marítimos entre ambos países. No obstante, dice que no es momento de escarbar en errores del pasado, porque ahora Colombia debe desarrollar su teoría de la inaplicabilidad, optar por la vía pacífica y, lo más importante, dialogar con el gobierno de Daniel Ortega para lograr un acuerdo que finalmente aclare cuáles son las fronteras.

¿Cómo ve las reacciones del gobierno colombiano frente a la tercera demanda de Nicaragua?

La decisión de no aplicabilidad, tomada por el presidente, es acertada. Modificar límites, según nuestra Constitución, sólo se puede mediante tratados. El Esguerra-Bárcenas está vigente. En cuanto a llamar a consultas a nuestra embajadora en Nicaragua, es provechoso porque ella debe tener información que nos conviene conocer, pero mejor sería impartirle instrucciones sobre cómo buscar diálogos con Nicaragua. Lo urgente es hablar con Managua.

El gobierno lleva un año estudiando la estrategia para enfrentar el fallo...

Desde que se produjo la sentencia, se demostró que tenemos una Cancillería débil para tomar decisiones. Ha tratado de contemporizar con conceptos que son respetables, de juristas que hablan de solución pacífica de conflictos, de la jurisdicción obligatoria de la Corte, de la cláusula facultativa. Términos que no entienden los colombianos del común. Esos conceptos, costosos, concluyeron en que el presidente no pudo acogerlos. Pero eso es pasado, para superar el problema hay que actuar con rapidez, serenidad y de modo pacífico.

¿Se busca dialogar con Nicaragua?

La verdad, el gobierno colombiano no lo ha hecho. El que ha manifestado que le interesa es el presidente Ortega. Dijo, a propósito de la demanda presentada esta semana, que ha manifestado varias veces su voluntad para discutir cuestiones “relacionadas con la aplicación de la sentencia de la Corte” y que tiene la determinación de manejar la situación pacíficamente. Agrega que el presidente de Colombia ha rechazado el diálogo. No creo que Colombia lo haya rechazado, pero tampoco lo ha pedido.

Hay tensión porque el diferendo jurídico ha devenido en una especie de juego disuasivo de fuerzas.

No creo que estemos ad portas de un enfrentamiento, pero si seguimos utilizando un lenguaje no adecuado, y con una posición hasta cierto punto dubitativa, nos exponemos a mayores conflictos.

¿Por qué insistir en que la sentencia es “inaplicable”?

En febrero de 1980 Nicaragua anuló el Esguerra-Bárcenas unilateralmente, ese fue un acto ilícito internacional. Amenazó a Colombia con una demanda ante la CIJ y la interpuso en 2001. Colombia debió demandar a Nicaragua cuando decidió declarar nulo el tratado, pero se limitó a sacar un libro blanco y elevar una protesta. Equivocadamente decidió notificarse de la demanda.

Luego, la Corte trazó unas líneas sin analizar las realidades del archipiélago de San Andrés. Enclavó los cayos, parceló el mar, tocó derechos adquiridos por terceros estados que tienen suscritos tratados con nuestro país. Desconoció derechos humanos de los compatriotas isleños, en particular de pesca. Fue inequitativa e injusta, dificultó la conservación ambiental en la reserva ecológica Sea Flower. Complicó lo referente al espacio aéreo, la lucha conjunta contra el narcotráfico, el descubrimiento de tesoros, dejó en el limbo espacios submarinos, obstruyó comunicaciones y nos expuso a un enfrentamiento con Nicaragua. Volvió imprecisa el área de exploración y explotación de recursos naturales e hidrocarburos. ¿Un Estado puede aceptar una sentencia así?

Usted dice que el tratado Esguerra-Bárcenas está vigente, ¿es un pacto de límites marítimos?

Con base en la sentencia de La Haya, no podemos sostener que el meridiano 82 es frontera marítima. Pero tampoco lo es la frontera imprecisa y oscura de la sentencia. Es necesario pactarla con Managua.

Antes de emitido el fallo, Nicaragua firmó un contrato para construir su canal interoceánico.

La exministra Noemí Sanín y el doctor Miguel Ceballos han probado que Nicaragua, 19 días antes del fallo, cedió por 50 años mar que nos pertenece, para el contrato de construcción del canal interoceánico con una empresa china. Es otro acto ilícito internacional, porque sin haberse producido la sentencia, Nicaragua entrega los espacios aéreos y marítimos que no tenía establecidos. Ese es un argumento claro para la no aplicabilidad de la sentencia, aun cuando no es sensato —y ahí discrepo con Sanín y Ceballos— pedir una revisión del fallo ante un tribunal que, de repente, como lo hizo en 2001, legitima esa decisión del gobierno de Nicaragua. No debemos acusar recibo de la nota por la cual nos comunican que Nicaragua interpuso esta semana una demanda para pedir el cumplimiento de la sentencia, y menos notificarla.